Entre las malas noticias propinadas por el desorden político que vive el oficialismo en la zona, los atrasos graves en el proceso de reconstrucción a pocos días que se cumpla un año del megaincendio y el desenfreno que vive el comercio ambulante en el borde costero viñamarino, destaca como buena nueva la puesta en marcha de la primera etapa de la ley que agiliza los permisos de construcción. Su objetivo es dinamizar uno de los sectores económicos más relevantes para la creación de empleos, pero además sirve de antesala para las disposiciones que aún tramita el Congreso para acelerar la economía, entre ellas las modificaciones al sistema de evaluación ambiental. Los antecedentes indican que la construcción vive hace años un periodo de estancamiento preocupante. Entre enero y noviembre de 2024, los permisos de edificación acumulados en la región sumaron 834.113 metros cuadrados, representando un incremento del 8% respecto al mismo período del año anterior. No obstante, un análisis a cinco años revela una disminución del 43% respecto a 2019, mientras que al comparar con los últimos diez años (2014), la caída es aún más pronunciada, alcanzando un 55%. Esta primera etapa de la nueva ley está pensada fundamentalmente para los permisos de obra pequeños y medianos, aquellos proyectos que duermen hace años en las DOM y que, aunque no pueden recibir la consideración de gran inversión, su masiva materialización es capaz de mover la aguja económica a nivel regional y nacional. Las expectativas, sin embargo, deben ser moderadas, porque la implementación de la nueva ley requiere pasos previos que aún están en desarrollo. Estos incluyen un reforzamiento de los equipos municipales y en las seremis de Vivienda, así como la capacitación adecuada para que la agilización prometida se cumpla sin significar mayores pasos burocráticos. Por sobre todo ello, la ley trae un optimismo saludable a un escenario general que de veraniego tiene poco todavía.

Sin señales, no se puede avanzar. Hace cinco meses, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara despachó el Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, una iniciativa que se tramita desde el año 2020 y que, con este hito, daba un paso fundamental para su aprobación.

La propuesta es relevante, sobre todo para anticiparnos al fenómeno que ya está entre nosotros: en 2050, el 30% de la población tendrá más de 60 años. Establece las obligaciones del Estado para dar cumplimiento a los derechos de las personas mayores que han sido acordados en tratados internacionales, fija procedimientos y obligaciones para el acceso a la justicia, y entrega facultades al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) para fortalecer la institucionalidad en ese nivel, entre otras importantes medidas.

Pese a lo crucial de la normativa para asegurar una base jurídica que resguarde los derechos de los mayores, el proyecto parece haber entrado a un congelador que pone en riesgo su promulgación.

Desde agosto a la fecha, la propuesta se encuentra en la Comisión de Hacienda, teniendo como único movimiento el rechazo de la Sala para que fuera enviado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, han pasado meses donde apenas se ha discutido un tema procedimental de la tramitación.

Mediáticamente, el único proyecto en el ámbito de las personas mayores que tiene protagonismo es la reforma a las pensiones, un tema que a todas luces requiere de una solución. Pero nuestras autoridades y representantes deben ser capaces "de caminar y mascar chicle al mismo tiempo".

Además, en un contexto de debates álgidos, con escaso espacio para el acuerdo entre los distintos sectores políticos, este es un proyecto que reúne apoyos transversales, donde se esperaría que la mayoría de sus artículos fueran aprobados de forma unánime, en una discusión constructiva y respetuosa.

Por eso resulta inentendible que este proyecto no haya sido aprobado y despachado como ley de la República. Sabemos que todavía hay puntos de desencuentro, como el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la institucionalidad propuesta y aspectos vinculados a la normativa laboral. Pero estas diferencias no pueden tirar por la borda una tramitación de cuatro años que ha logrado incorporar una serie de aspectos relevantes para la vida de las personas mayores.

Es tiempo de retomar y concluir esta discusión. Simplemente, no hay excusas.