Claudio Ramírez

Durante enero las empresas con más de 100 trabajadores deben informar su cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral -promulgada el 2017- las cuales exigen la contratación de al menos un 1% de personas con discapacidad.

De no cumplir con esta cuota, las privadas cuentan con otras opciones. Entre ellas, efectuar donaciones a proyectos o fundaciones que tengan como objeto el fomento de la inclusión laboral de personas con discapacidad o celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que emplean a personas con esta condición.

Para complementar esta medida, a fines de 2022, se promulgó la ley que promueve políticas de inclusión al interior de las empresas. Por último, en agosto pasado surgió una nueva legislación que fortalece las anteriores. Una de sus principales disposiciones es el aumento de la cuota de contratación de personas con discapacidad a un 2%. Sin embargo, para que esto se cumpla se requiere que un 80% de las empresas y entidades públicas cumplan con la exigencia original del 1%.

Y eso es algo que, por ahora, está lejos de la realidad actual en el país y también en la Región. De acuerdo a un análisis de la Fundación Avanza Inclusión, de las 1.035 empresas que deben implementar esta legislación en la zona, sólo 251 informaron sus medidas de acatamiento, es decir cerca de un 24%.

Evelyn Contreras, directora de Incidencia de la entidad, señala que las empresas "han tenido comportamientos bien diversos, por ejemplo hay algunas que están cumpliendo incluso antes de que saliera la ley. Sin embargo, cerca del 75% de ellas recién lo está entendiendo para ponerse al día pero no han cumplido a la fecha".

Según las cifras, la cantidad de personas bajo esta condición inscritas en 30 oficinas OMIL de las distintas comunas de la zona, alcanza a 267.035. En tanto, los contratos registrados suman 10.432 y los trabajadores 8.622.

"Eso significa que en el fondo hay personas que se cambian de trabajo o tienen más de un contrato, pero lo cierto es que la brecha que existe es muy grande. La ley exige el 1% y no se está cumpliendo", agregó la ejecutiva.

Desconocimiento

Entre las razones que explican esta realidad, una de las principales apunta al desconocimiento: "La mayoría de las empresas que no hace inclusión es porque no entiende cómo y muchas veces la confunden con caridad, lo cual está muy alejado de la realidad".

La directora de Inclusión Laboral de la Fundación Miradas Compartidas, Belén Salinas, dijo que la explicación para la brecha existente puede estar en la falta de difusión de la normativa y en que "también muchas empresas no cuentan con gente preparada que se preocupe de estos temas". En esa línea, consideró que "si bien el nivel de cumplimiento va mejorando, aún nos quedan al menos un par de años para llegar al 80% que se requiere para aumentar la cuota al 2%".

El cuanto a la realidad del sector público, indicó que la situación es mucho más compleja porque así como en el área privada quien regula es la Dirección del Trabajo, en el ámbito público no existe esa figura. "Debería ser la Contraloría, pero aún no hay una claridad".

Lo que sí valoró es que, a partir de este año, las multas serán proporcionales al tiempo y magnitud del incumplimiento. "Esperamos que eso ayude al cumplimiento de la ley porque antes las multas eran muy bajas, en cambio ahora varían entre 20 y 30 UTM dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa", detalló.

Por último, subrayó que uno de los desafíos que aparecen es llegar a las empresas para que presten atención a este temática y también una mayor regulación en el caso del sector público.

"La mayoría de las empresas que no hace inclusión es porque no entiende cómo y muchas veces la confunde con caridad".

Evelyn Contreras, Fundación Avanza Inclusión

"Esperamos que el cambio que hubo en las multas, ayude al cumplimiento de la ley porque antes eran muy bajas".

Belén Salinas, Fund. Miradas Compartidas

"Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social consideramos que la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad es fundamental", comentó la seremi del ramo, Arife Mansur. Asimismo, hizo un llamado a las empresas a cumplir esta obligación legal, recordando que debe ser reportada en enero de cada año a través de la Plataforma de Comunicación Electrónica de la Dirección del Trabajo. En esa línea , subrayó que "nos encontramos en pleno periodo de reporte, por lo que esperamos que, responsablemente, toda empresa obligada emita debidamente su estado de cumplimiento de la normativa".

En su primera sesión del año, el Consejo Regional realizó observaciones a dos proyectos que se encuentran en plena tramitación ambiental: el Parque Solar Pullalli y el Condominio Paseo Costanera de Los Molles.

En el caso de la iniciativa fotovoltaica, la aprobó por 24 votos a favor y dos abstenciones, pero con tres observaciones relacionadas con la compensación por la intervención de 303 hectáreas de bosque nativo, temas hídricos y un compromiso ambiental voluntario que beneficie a tres centros educacionales de la zona.

En cuanto al proyecto habitacional, la observación visada apunta a la disponibilidad de agua para el consumo humano. Al respecto, la consejera María Elena Rubilar (FA) remarcó que "hay un tema con la sanitaria del sector que estaría en un proceso de caducidad, por ende, no se aseguraría el suministro de agua potable para el consumo humano ni la disposición de las aguas servidas".

El empresario Manuel Cruzat Infante (85 años) decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el remate de los terrenos donde se levantaría el proyecto inmobiliario, y cuando ya ha pasado una década desde que se declarara la quiebra de Curauma.

Según indicó ayer el diario La Segunda, tras agotar todos los recursos en Chile presentó la denuncia ante el organismo internacional, porque se vulneraría el derecho a la protección judicial y las garantías judiciales; el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, a la protección de la familia, derechos del niño/a, a la propiedad privada y al "justo precio".

Precisamente este último tema es donde afina su reclamo, pues la propiedad se remató al 8 % del valor comercial de la misma. "Un precio vil", según indica el empresario.

La denuncia también incluye una referencia a irregularidades en el sistema de asignación de las causas, plateando así una crítica al sistema judicial chileno, acusándolo de impedir una justicia transparente e imparcial, informó el diario vespertino.