Menos de diez meses duró el servicio de transporte eléctrico que entregaba la empresa Expedio Scooters, en Viña del Mar. Los reiterados robos y actos vandálicos contra el equipamiento, sumados a la impavidez de las autoridades cuando los ejecutivos de la firma trataban de encontrar solución a sus problemas, se combinaron como factores clave de la decisión que puso fin a un sistema que ofrecía una alternativa no convencional a la necesidad de un transporte ágil y rápido por la ciudad, sin un impacto relevante en el medio ambiente ni en las calles ya atochadas.

El caso es un ejemplo de cómo los problemas de seguridad tiene un impacto real y concreto en el desarrollo económico de un lugar -la partida de Expedio deja a personas desempleadas y a proveedores locales sin su cliente-, pero también de resistencia y poca adaptación social a las nuevas ideas que proponen apuestas innovadoras y disruptivas. El novedoso sistema de scooters eléctricos opera sin grandes dificultades en otras partes de nuestro país, donde es posible encontrarlos estacionados sobre cualquier vereda, a la espera de un pasajero. ¿Por qué no pudo resultar en Viña?

La acusación que hizo la dueña del emprendimiento contra las autoridades policiales y de Gobierno por no hacer caso a sus reclamos cuando el servicio era depredado por delincuentes y vándalos describe bien a otras tantas víctimas de la inseguridad pública que no encuentran respuesta en un sistema sobrecargado de demandas y con pocos recursos. De allí que sea difícil para la opinión pública entender que el Ministerio de Hacienda haga partícipe de los recortes presupuestarios al Ministerio Público -que tras varios reclamos pudo recuperar los recursos que daba por perdidos- y las policías. En un escenario que exige un reforzamiento de la seguridad en todas sus líneas, el último mensaje que quiere recibir la ciudadanía es que alguno de los pilares antidelincuencia tiene un riesgo de déficit.

El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) ha sido, por décadas, una pieza clave en el desarrollo del país, permitiendo priorizar proyectos con beneficios claros para la sociedad. Su enfoque basado en la rentabilidad social ha garantizado que los recursos públicos sean destinados a iniciativas de alto impacto. Sin embargo, las transformaciones que enfrenta Chile, tanto a nivel territorial como social, exigen una mirada renovada y más integral.

Hoy, no basta con que una inversión sea económicamente rentable. Es imprescindible que esta sea también coherente con las particularidades de cada territorio. Las desigualdades estructurales que enfrentan las zonas extremas, rurales y ambientalmente vulnerables evidencian que las soluciones genéricas no logran abordar las necesidades específicas de cada comunidad. Aquí radica el desafío: adaptar el sistema a una realidad diversa y profundamente desigual.

El Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) ha tomado la iniciativa de analizar estas tensiones, aportando un diagnóstico claro y propuestas concretas. Entre sus conclusiones, destaca la importancia de coordinar las normativas urbanísticas con los criterios de evaluación de proyectos, la creación de indicadores para medir los impactos en la equidad territorial y la necesidad de avanzar hacia una descentralización fiscal efectiva.

Sin embargo, llevar estas propuestas a la práctica exige enfrentar desafíos significativos en tres dimensiones. Primero, lo esencial: lograr que todos los actores involucrados comprendan y asuman el enfoque territorial, especialmente quienes diseñan, evalúan y aprueban proyectos. Segundo, lo procedimental: modernizar las normas y metodologías para alinearlas con las necesidades locales y los nuevos retos sociales. Y tercero, lo formativo: implementar programas de capacitación permanente para funcionarios públicos, consultores y tomadores de decisiones, asegurando que el sistema sea gestionado con conocimiento y sensibilidad territorial.

El desafío es monumental, pero también es una oportunidad histórica. Abordar las desigualdades desde una perspectiva territorial no solo mejorará la calidad de vida de quienes viven en las zonas más rezagadas, sino que también fortalecerá el tejido social y económico del país.

La inversión pública debe ser más que un ejercicio técnico; debe convertirse en un instrumento para articular territorios diversos y construir un país más justo. El momento de actuar no es mañana, es hoy. Porque cada decisión que postergamos significa perpetuar las brechas y negar oportunidades a quienes más las necesitan. Es hora de apostar por un sistema que refleje el verdadero potencial de Chile y su gente.