La ministra de Defensa y una de las dueñas de la casa del Presidente Salvador Allende, Maya Fernández Allende, hizo uso de su derecho a guardar silencio en la Fiscalía durante la comparecencia por la fallida compra del inmueble, debido a que la Constitución prohíbe a los ministros suscribir contratos con el Estado: la titular de Defensa firmó la transacción, al igual que el Presidente Gabriel Boric y una decena de funcionarios, entre ellos siete abogados. Paralelamente, ayer el Partido Republicano anunció una acusación constitucional contra la jefa de cartera.

El silencio en la diligencia realizada de manera telemática fue iniciativa del equipo de defensores de la ministra, liderado por Paula Vial. Hoy está citada al Ministerio Público otra de las propietarias del inmueble ubicado en Providencia, la senadora e hija del Mandatario, Isabel Allende (PS), quien también firmó el contrato de compraventa por $933 millones.

En la investigación por posible fraude al fisco han declarado el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara; la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya; directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo; subcontralor nacional, Víctor Merino; exjefa de gabinete de la exministra de BBNN, Marcela Sandoval (a quien se le pidió la renuncia a partir del caso), Denisse Hernández; y el jefe de División de BBNN, Pablo Maino.

A ellos se podría sumar durante los próximos días el Presidente Gabriel Boric, quien es egresado de Derecho y suma dos querellas por la firma del citado contrato.

La ministra vocera, Aisén Etcheverry, afirmó ayer que "no hay un cambio respecto de ni la estrategia ni la disposición a colaborar que tenemos como Gobierno" y, "como en todas las causas penales que existen, se contratan abogados".

"La citación a declarar en calidad de imputados es algo que ocurre por el hecho de ser nombrado en una querella y, por lo tanto, no es indicio de culpabilidad, sino que es parte del marco a través del cual se esclarecen estos procesos y desde donde el Gobierno colabora con la justicia. Eso es lo que está ocurriendo en este caso", destacó la biministra.

"Ahora, sobre esto (la compra de la casa de Allende), creo que todas las autoridades de Gobierno lo hemos dicho, es algo que fue ejecutado de una manera que no era la que correspondía, se han hecho valer las responsabilidades políticas, se están llevando adelante los sumarios administrativos con el objetivo de colaborar en esclarecer todos los elementos de la investigación, pero también recordando siempre que aquí estamos hablando de la importancia del resguardo patrimonial de los expresidentes", sostuvo Etcheverry, producto de que el inmueble sería para un museo.

Diputada y una ac

Ayer también, el Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el requerimiento para destituir a la senadora Isabel Allende, presentado por el Partido Republicano. La defensa tiene diez días para responder.

Tras esto,el diputado Luis Sánchez, jefe de bancada republicana, dijo que "esta violación a la Constitución ha ocurrido no sólo en el caso de la senadora, sino que en el caso de la ministra Fernández, porque evidentemente están afectados los dos poderes, la misma causal". Añadió que la AC será presentada para ser vista en la Cámara y en el Senado se resolvería "la eventual destitución de la ministra".