Fortalecimiento del Ministerio Público
Durante su cuenta pública, la fiscal regional, Claudia Perivancich, pidió avanzar en el proyecto de ley que tramita el Congreso. Es importante que esta iniciativa reciba el apoyo de los parlamentarios y se acelere su aprobación, que luego de 15 meses se encuentra aún en su primer trámite.
Acontrapelo de lo que anunciaba hace algunos semanas la ministra del Interior, Carolina Tohá -"Valparaíso tuvo una baja en los homicidios el año 2024, lo que pasa es que los datos son todavía provisorios", dijo el 9 de enero-, la estadística presentada el jueves por la fiscal regional, Claudia Perivancich, refleja un alarmante aumento de 9,3% en la ocurrencia de asesinatos, además de alzas en casos de femicidio (8,1%), violencia intrafamiliar (11%) y delitos sexuales (4,2%). Estas no son cifras sobre percepciones, sino hechos concretos atendidos por los funcionarios del Ministerio Público a nivel regional. De manera particular, cada número muestra una preocupante tendencia al incremento de los delitos violentos -pese a los esfuerzos realizados por la autoridad en los últimos años-, pero en conjunto configuran un escenario difícil de contradecir: la Región vive una crisis de seguridad pública que no puede ser minimizada, ni en su gravedad, ni en sus alcances. A la luz de esta situación, el Gobierno, y particularmente los legisladores, deberían poner atención a las palabras finales de la cuenta pública de la fiscal Perivancich: "Queremos aspirar a contar con una ley de fortalecimiento que nos permita mejorar nuestra labor para hacerlo en las mejores condiciones posibles y prestar un servicio de mayor calidad, porque es necesario", dijo la persecutora jefe regional. Tal proyecto de ley existe. Fue ingresado en octubre de 2023 y se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado. Propone el mayor incremento de dotación desde la creación del Ministerio Público a nivel nacional, con un total de 819 nuevos cargos, desglosados en 4 jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares. Como parte de la agenda de seguridad del Gobierno, es indispensable que esta iniciativa sea perfeccionada y se acelere su tramitación. Un Ministerio Público fortalecido con profesionales con las competencias técnicas y éticas adecuadas, podrá entregar mejor servicio a las victimas de una crisis que parece no menguar.