Resistido y polémico, por decir lo menos, ha sido el anunciado recorte global del gasto público por un total de $544 mil millones en los 10 primeros días de enero, acordado entre el Ejecutivo y el Congreso en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, dados los menores ingresos que se recaudarían.

De los ajustes del gasto se excluirían los servicios de Salud, Carabineros y PDI, Gendarmería, el sistema escolar, concesiones y los subsidios de vivienda, pero no se incluyó al Ministerio Público, encargado de dirigir la investigación de los delitos y llevar a los imputados a los tribunales, al que se le asignó un recorte de $7.064 millones.

Las reacciones no se dejaron esperar y las críticas a la medida fueron transversales, partiendo por el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien declaró que la rebaja "impacta directamente las capacidades que tenemos para investigar el crimen organizado y delitos graves". No obstante, el martes 21, en una reunión con el ministro de Hacienda, ambas partes acercaron posiciones y Mario Marcel anunció que se usarán "facultades de flexibilidades presupuestarias para asegurar que el Ministerio Público tenga la continuidad operacional que requiere para el cumplimiento de sus importantes labores".

Efecto rebaja

Otros afectados fueron el Poder Judicial, con una rebaja presupuestaria de más de $17 mil millones, por lo que el Pleno de la Corte Suprema se sumó a la queja de la Fiscalía; y el Congreso Nacional, con un recorte cercano a los $3.100 millones.

Pero en el ámbito de la Salud el tema preocupa sobremanera, porque que entidades como el Instituto de Salud Pública (ISP), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), entre otras, tendrán $16 mil millones menos, lo que fue rechazado por el senador Juan Luis Castro y por diversos actores de ese sector -ver columna del presidente regional del Colegio Médico en página 5-, entre ellos los integrantes de la Comisión de Salud del Senado.

También Carabineros y la PDI estuvieron en primera instancia entre los damnificados, pero lo suyo fue por el denominado y profusamente comentado "efecto rebote", ya que al ser rebajado el presupuesto del Ministerio del Interior se habían visto ajustados los de las instituciones de orden y seguridad. En este caso, el Gobierno informó que los recortes los va a absorber esa cartera.

Más recursos, no menos

La rebaja al Ministerio Público en plena crisis de seguridad fue el punto que más acaparó la atención, y tras las conversaciones entre el jefe de la Fiscalía Nacional y el ministro de Hacienda, en el organismo esperan que la medida se revierta, ya que lo que se requiere hoy es más personal -en especial fiscales- y más recursos, no menos.

La aplicación de una medida de ese tipo implicaría "una disminución importante de recursos que se necesitan para poder efectuar nuestras labores investigativas y combatir el delito", señala la consejera de la Asociación Nacional de Fiscales para la Región de Valparaíso, Carolina Monsalve, quien recuerda que la entidad viene solicitando desde hace tiempo "un aumento de dotación, porque la nuestra es claramente insuficiente", materia inserta en el plan de fortalecimiento institucional.

"La falta de fiscales congestiona el sistema completo, sobrecarga a la policía, a todo el mundo. El hecho de tener menos recursos obviamente afectaría" aún más la labor de la Fiscalía. De modo que "más allá de las buenas intenciones y los acercamientos, lo que nosotros necesitamos en definitiva es que se nos aumente el presupuesto y que esto se revierta".

Tras el equilibrio

Qué fue lo que motivó el ajuste del gasto en $544 mil millones para 2025, qué podría pasar en el futuro inmediato y cómo atenuar impactos como estos en las áreas más críticas para la ciudadanía, son algunos de los aspectos que abordan tres académicos del área económica.

"Hay distintos factores que inciden. Lo primero es que el Producto Interno Bruto para el año está bajo el rango que se propuso Hacienda, lo que eventualmente puede afectar a las finanzas públicas", expone Rodrigo Valdés, académico de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director de Postgrados de esa unidad, quien menciona luego la inflación persistente, gatillada por el alza de la energía eléctrica y del dólar, que ha impactado fuertemente en el valor de los bienes importados en el país.

Para el economista Carlos Smith, docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, "uno de los factores principales que motivan los recortes presupuestarios tiene que ver con que el Estado durante 2024 terminó gastando más allá de lo presupuestado, porque también los ingresos fueron menores y, por lo tanto, hay que hacer esos ajustes con el objeto de volver a los equilibrios más adelante, lo que implica finalmente disminuir el gasto dentro de distintas partidas, de acuerdo a los ingresos estimados".

Finanzas sostenibles

En concordancia con Valdés y Smith, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, Diego del Barrio, plantea que el recorte presupuestario "responde a la necesidad de ajustar las finanzas públicas en un contexto de déficit estructural proyectado en 2,3% del PIB, que se explica por menores ingresos fiscales y un gasto público que ha crecido más rápido de lo esperado", ante lo cual el gobierno busca mantener la disciplina fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante medidas como esta, que afecta a diversas áreas críticas".

El académico agrega que el escenario económico proyectado para 2025, "con un crecimiento moderado estimado entre 2% y 2,5%, refuerza la necesidad de estos ajustes para mantener la estabilidad fiscal", aunque los recortes han generado críticas desde diversos sectores afectados.

"En respuesta a las críticas, el gobierno ha señalado que está buscando mecanismos para mitigar los impactos negativos del ajuste presupuestario. No obstante, la controversia persiste debido a las implicancias para sectores directamente vinculados con las demandas ciudadanas prioritarias".

Impacto y opciones

Respecto de la posibilidad de dirigir los recortes hacia otras opciones con menos impacto ciudadano, Carlos Smith opina que "se debería pensar en reducir el gasto en partidas que sean menos importantes para las necesidades actuales de la sociedad", cuyo principal problema está representado hoy día por la violencia delictual, por lo que "es bastante poco entendible" que se hayan visto afectadas la Fiscalía y la Justicia, en circunstancias que "quizás hay otros gastos que hubiese sido mucho más factible disminuir".

Diego del Barrio considera que "desde una perspectiva económica, siempre es posible explorar alternativas que reduzcan el impacto en servicios clave como Salud, Seguridad y Justicia, ya que son áreas que se

Rosa Zamora Cabrera

rosa.zamora@mercuriovalpo.cl