Doce de los 16 gobernadores regionales del país se reunieron ayer con el Presidente Gabriel Boric, en el Palacio Presidencial del Cerro Castillo, para analizar alguna fórmula que permita acelerar el proceso de descentralización anunciado al inicio del Gobierno por el mismo Mandatario, quien hizo la promesa de que se iría de La Moneda con menos poder del que asumía al llegar. Entre los temas prioritarios -Ley de Rentas y traspaso de competencias-, varios jefes regionales colaron la necesidad de que cada Gore sea propietario del inmueble en el cual funciona, un problema que también tiene Valparaíso. El acuerdo fue crear una comisión ad hoc que analizará la forma de materializar dicho anhelo, que es mucho más simbólico de lo que parece. El punto a favor de los gobernadores es que finalmente serán los presidentes de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), que se encarga de analizar, evaluar y finalmente votar sobre aquellos proyectos de inversión que tienen impacto ambiental en cada territorio. La presidencia de esta instancia, hasta ahora en manos del delegado presidencial regional, le permitirá a los jefes regionales imprimir mayor influencia en los procesos, con el riesgo de que las decisiones en torno a las iniciativas relevantes se politicen excesivamente, ensombreciendo el indispensable componente técnico que debe definir estas situaciones.

Con ese riesgo latente, hay otro desafío que acordaron el Presidente y los doce gobernadores reunidos en el Cerro Castillo: una alianza capaz de ejercer la presión política necesaria para que los parlamentarios aceleren la aprobación de los proyectos detenidos, entre ellos el "Regiones más fuerte", una iniciativa emblemática y ampliamente esperada por los jefes regionales porque abre la puerta a mecanismos de recaudación regional actualmente prohibidos por ley. Para muchos senadores y diputados, estas nuevas herramientas pueden convertirse en nuevas cargas tributarias que impacten negativamente la actividad económica o, peor, en oportunidades para el desvío de recursos. Lo ocurrido con el caso Fundaciones redobló esos temores. Por ello, así como piensan en una alianza estratégica para agilizar la agenda legislativa, los gobernadores harían bien en darle mayor transparencia y buen uso a los recursos con los cuales cuentan actualmente.

Las instituciones desempeñan un papel esencial en el tejido social, siempre que cuenten con la legitimidad de la sociedad civil. Esta legitimación depende no solo de su existencia o funcionamiento, sino también de su capacidad para proyectar un futuro coherente mediante una planificación estratégica. En el caso de las instituciones educativas, esta responsabilidad adquiere especial relevancia, ya que están encargadas de formar a las futuras generaciones, un desafío que exige propósitos claros y gestión sólida. En este contexto, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se consolida como una herramienta clave para las escuelas. Más allá de su carácter administrativo, constituye el núcleo de la gestión escolar, tal como lo respaldan diversos marcos normativos. Entre estos destacan la Ley General de Educación (LGE), el Decreto 315 y la Ley 20.501, que regula la Alta Dirección Pública para directores. En el marco de la Ley 21.040, el PEI es un insumo esencial para la elaboración del Plan Estratégico Local de los Servicios Locales de Educación Pública.

La LGE refuerza este enfoque al establecer que los sostenedores deben elaborar el PEI con la participación activa de la comunidad. Esto asegura que sea un acuerdo colectivo que responda a las aspiraciones y particularidades de la comunidad escolar. Además, debe integrarse con los planes y programas educativos, respetando la autonomía e innovando según las necesidades de los estudiantes. Por su parte, el Decreto 315 destaca que el PEI articula valores y principios que dan sentido al quehacer pedagógico y define los sellos del establecimiento, plasmados en su visión, misión y perfil de estudiante. El sostenedor, público o privado, tiene la responsabilidad de acompañar, monitorear y asegurar el cumplimiento del PEI, garantizando que las acciones escolares estén alineadas con sus lineamientos, fortaleciendo así la coherencia entre planificación y resultados.

¿Están nuestras instituciones educativas aprovechando plenamente el potencial del PEI para responder a una sociedad en constante transformación? Reflexionar sobre esto implica revisar cómo las escuelas abordan la gestión de su PEI. Si bien el marco normativo establece directrices claras, el desafío es transformar este instrumento en una herramienta dinámica que evolucione con las necesidades sociales, culturales y educativas. En muchos casos, el PEI se percibe como un trámite administrativo, desconectado de la realidad escolar, lo que limita su impacto transformador. Sin embargo, cuando se concibe como un proceso colectivo, involucrando a toda la comunidad escolar, puede convertirse en un catalizador de cambios significativos. Experiencias exitosas muestran que este enfoque permite avanzar hacia una educación más pertinente y equitativa.

La invitación es clara: Transformar el PEI en un catalizador de cambios significativos. Porque, al final del día, las escuelas que planifican estratégicamente su trayectoria no solo proyectan su futuro, sino que también ayudan a formar el de la sociedad en su conjunto.