Su rechazo profundo al proyecto de ley impulsado por un grupo transversal de diputados para exigir calificación ambiental previa a los proyectos inmobiliarios cercanos a santuarios que ingresan a tramitación en la DOM de cada municipios, manifestó la Asociación de Directores de Obras Municipales, cuyo presidente y dom de Casablanca, Yuri Rodríguez, calificó la propuesta como "una idea fallida de legislar obtenida de una IA".

La iniciativa legal, nacida luego de los sucesivos conflictos ambientales ocurridos en torno al santuario dunar de Concón, reúne las voluntades de los diputados Hotuiti Teao (Ind./Evópoli), Tomás de Rementería (Ind./PS) y Andrés Longton (RN), entre otros. En su idea central, propone modificar el artículo 25 bis de la Ley de Medioambiente, estableciendo que las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables sean un requisito al momento de la solicitud del permiso de obras ante la DOM, y no al momento de la recepción de obras. La normativa actual establece que "las Direcciones de Obras Municipales no podrán otorgar la recepción definitiva si los proyectos o actividades (...) no acreditan haber obtenido una Resolución de Calificación Ambiental favorable", lo que busca ser modificado en el Congreso. Para el gremio de los directores de obras, esta legislación sólo aumentará la carga laboral y las exigencias de perfeccionamiento, cuyos recursos no estarán asociados en el mismo texto legal. Mucho mejor sería, dice, que se perfeccionaran los instrumentos de planificación urbana, para que queden definidos los bienes que la sociedad quiere, de común acuerdo, resguardar. Una experta en el tema, la abogada urbanista Jeanette Bruna opina que el camino es fortalecer la labor del Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, para asegurar que las obras no comiencen sin contar con RCA. Aquí, Bruna apunta a un elemento clave de toda la discusión: el certificado de pertinencia ambiental que otorga el SEA debe ser vinculante para dar certezas jurídicas cada vez que define que un proyecto no requiere pasar por este requerimiento. Antes que cerrar la puerta a la llamada "Ley Yarur", tanto los parlamentarios como la autoridad deben reconocer que la fórmula para mejorar las certezas jurídicas en torno a la construcción en zonas sensibles admite varias interpretaciones y recetas alternativas. Es equivocado pensar que una ley será la solución definitiva.

Estamos iniciando el año y esperando las cifras de cierre del 2024 para hacer una proyección del 2025. Sin embargo, los análisis de la economía chilena tienen una particularidad que sesga sus interpretaciones, pues se acotan al corto plazo y, casi siempre, son agregados o con mirada desde la economía nacional.

Para el caso de los datos regionales, un ejemplo positivo a destacar. El Banco Central de Chile entrega cada cierto tiempo el Producto Interno Regionalizado por trimestre en las variables Crecimiento y Consumo. Para el 2024 entregó las cifras de crecimiento para el PIB que estimó en 2,3%, 1,6% y 2,3% para el primer, segundo y tercer trimestre respectivamente. Para el consumo las estimaciones fueron de 0,6%, 0,6% Y 1,0% en los mismos trimestres. No obstante, lo anterior, para ir aterrizando las tendencias de la economía nacional en las regiones; es relevante analizar los comportamientos de ellas en sus PIB y los registros nos indican que, en el primer y tercer trimestre del año, el crecimiento subió en 15 de las 16 regiones y sólo en 11 de ellas en el segundo trimestre. En el caso del consumo, en el primer trimestre 13 de las 16 regiones creció y en los siguientes trimestres sólo en 10 aumentó y en 6 de ellas decreció.

Para el caso de nuestra región de Valparaíso, el PIB trimestral creció en 1,4%, 1,3% y 2,0% respectivamente. Es un indicador positivo, pero inferior en cada trimestre al crecimiento del PIB trimestral nacional. En el ámbito del consumo, creció un 0,7% el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre tuvo caídas del -0,5% y -1,3% respectivamente. En consecuencia, siempre hay que tener una mirada regional sobre los comportamientos de la economía nacional que, incluso, en el corto plazo tienen impactos diferenciados.

Otro desafío conceptual y de investigación económica son las trayectorias más largas de la economía chilena y, particularmente, de las regiones de Chile. En este caso, me permito enunciar dos artículos publicados recientemente en la Revista Ingeniare 2024 y cuyos autores son los colegas Ricardo Pruneda, Marcelo León y el suscrito. El primero de ellos se titula "Validación de la ley de Okun en Chile y regiones: 2013-2023" y el segundo se denomina "Análisis sectorial de la actividad económica en las regiones de Chile: 1960-2020".

El desarrollo conceptual y empírico de ambos artículos los realizaremos más adelante, pero a continuación enunciamos sinópticamente algunas de sus principales conclusiones. En el caso de la Ley de Okun, propuesta por el economista Arthur Okun en la década de 1960 establece una relación inversa entre la tasa de desempleo y el crecimiento económico de una economía. En la investigación 0realizada para las regiones de Chile durante los años 2013-2023 esta ley se cumple, pero las diferencias entre sus Coeficientes nos reafirman la heterogeneidad estructural de nuestras regiones y la necesidad de formular políticas públicas que asuman dicha diversidad. En el caso del segundo artículo, la investigación analiza la evolución de la distribución y dinámica del PIB sectorial en las regiones chilenas entre los años 1960 y 2020, es decir, 60 años de investigación. Mediante técnicas de análisis regional, se caracterizaron los cambios en la estructura y se identificaron los sectores que impulsaron el crecimiento en cada región, con especial atención a los períodos 1960-1990 y 1990-2020.