Equipo Crónica

Falta de diagnóstico para determinar los compromisos previstos y deficiencias en el seguimiento de su cumplimiento fueron algunas de las dificultades que enfrentó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para implementar la "Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023-2024". Éste fue uno de los hallazgos que hizo la Contraloría General de la República (CGR) en la fiscalización realizada en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2024, justamente dos días antes que se desatara el megaincendio.

En julio de 2023 se convocó una mesa de trabajo y coordinación para el análisis de las condiciones de peligro o vulnerabilidad de la temporada de incendios forestales 2023-2024, en la que participaron Senapred, Conaf, Bomberos y los ministerios de Obras Públicas, Salud y Agricultura, entre otros.

A pesar de ello, la Contraloría detectó que "la formulación de la Estrategia no contó con un levantamiento previo de información que permitiese definir los recursos, funciones y competencias de las instituciones participantes en la misma, tanto a nivel nacional, como regional, para dar cumplimiento a las labores asignadas. Ello, con el objeto de identificar con antelación aquellos factores que pudiesen afectar su implementación y ejecución, así como el logro de los impactos deseados", dice el informe final N° 446 de 2024 .

Protocolos propios

Según el documento, "se evidenciaron nudos críticos en las 13 regiones que participan en la Estrategia, y que dicen relación, entre otros, con la falta de recursos humanos, financieros y capacidades de las organizaciones involucradas para realizar los productos encomendados".

El propio Senapred es "una de las entidades que por dificultades técnicas y de recursos no pudo cumplir con la ejecución de ciertos compromisos". En detalle, dicho Servicio no pudo cumplir con la ejecución, por ejemplo, de un "Protocolo que aborde actuación conjunta antes y durante, que establezca priorización territorial, criterios de actuación y definición de responsabilidades institucionales" y los "Planes institucionales de continuidad de operaciones".

Mientras que Bomberos de Chile no ejecutó el "Plan Operativo Brigadas de Bomberos", y Conaf, no implementó ni operó los "Patrullajes aéreos, especialmente en áreas donde se advierte la posibilidad de realizar rescates de personas que resulten aisladas por la acción del fuego y cuya permanencia implique un riesgo para su integridad física", ni el "Plan Operativo Brigadas Combate Nocturno". Ambas instituciones argumentaron que dichas tareas no correspondían a su labor.

La Contraloría indicó que la falta de este diagnóstico de recursos y competencias por parte de Senapred, como organismo coordinador de su implementación, "no se aviene con los principios de control, eficiencia, eficacia y coordinación señalados en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado".

Al respecto, se recomienda que para "futuras iniciativas similares en que el Senapred coordine su elaboración, deberá implementar mejoras que le permitan advertir con antelación aquellas situaciones de las distintas entidades participantes que puedan afectar la ejecución de las acciones y productos que se definan como de su competencia".

El seguimiento

Otro tema que aborda el informe dice relación con el seguimiento de las acciones, labor que también quedó en manos de Senapred. Al respecto, Contraloría sostuvo que "no se determinaron actividades, parámetros, modalidades de entrega y/o etapas de retroalimentación para llevarla a cabo, entre otros aspectos, a través de los cuales ese servicio advirtiera alcances acerca de la calidad e integridad de los entregables".

Otro problema que detectó la CGR fue que la Estrategia desarrollada, por una parte, no consideró "la disponibilidad de recursos del Senapred para desarrollar dicho monitoreo", y por otro, si contaba con "atribuciones para exigir a las entidades participantes de la misma el acatamiento de su ejecución".

Tampoco se evidenció que el Servicio "hiciera presente tales carencias a sus autoridades superiores o en las sesiones de la 'Mesa técnica nacional de incendios forestales' en las que participó. Lo cual conlleva el riesgo de que los productos no se realicen o sus resultados no se ajusten a su finalidad, afectando su objetivo final, esto es, fortalecer la gestión para enfrentar incendios forestales".

"Tales falencias en la labor de seguimiento de la Estrategia y de la inacción por parte del Senapred para hacer presente sus limitaciones, no se aviene con los principios de control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y coordinación dispuestos en el artículo 3°, inciso segundo, de la citada ley N° 18.575", asegura el documento.

Siguiendo esta misma línea, "se comprobaron deficiencias en la acreditación de productos que, si bien debían ser ejecutados por otras reparticiones, su cumplimiento es de responsabilidad del Senapred". Entre otros, se advirtió el incumplimiento de patrullajes preventivos terrestres y aéreos estratégicos en las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso; el levantamiento incompleto de los recursos profesionales, técnicos, materiales, maquinarias, aéreos y aeroportuarios de organismos de primera respuesta y de los consolidados regionales; y la falta de elaboración del protocolo o guía operativa para fortalecer la coordinación interinstitucional en la búsqueda de personas desaparecidas, hallazgo de cadáveres, rescate y recuperación de víctimas.

Reacciones

Parlamentarios de la zona coinciden en que el informe de Contraloría no es novedad, puesto que aparecen muchos aspectos analizados en la Comisión Especial Investigadora del Megaincendio. En este sentido su presidente, el diputado Tomás Lagomarsino (Radical), expresó que lo que sale en el documento "es algo que anticipamos", y es que "hubo graves falencias en distintas áreas".

Desde su perspectiva, "Senapred actuó más como una central telefónica que como realmente un organismo de coordinación y respuesta ante una emergencia. Una central telefónica que incluso tampoco funcionó del todo, producto de que había graves dificultades en materia de telecomunicaciones por las condiciones particulares de aquel día".

Similar visión tiene el diputado Hotuiti Teao (Indp. Evópoli), quien dijo que "esto no es sorpresa", pues él mismo denunció en la citada comisión "una serie de fallas en los procesos de emergencia. Entre otras, solicité que se expusiera sobre la tardía emisión de la Alerta SAE, la cual fue emitida cuando las viviendas en el sector El Olivar ya habían sido consumidas por el fuego, debido a una deficiente comunicación de Conaf con Senapred. Algo verdaderamente impresentable".

"Senapred actuó más como una central telefónica que como realmente un organismo de coordinación y respuesta ante una emergencia".

Tomás Lagomarsino, Diputado Radical

"(Las falencias detectadas han) derivado en una gestión ineficaz frente a los incendios forestales que han marcado nuestra región".

Hotuiti Teao, Diputado Indp. Evópoli

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