Redacción

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó ayer que "es una situación que nos preocupa" la denuncia del fiscal del condado de Orange en California, Estados Unidos, Todd Spitzer, sobre el "turismo delictual" que ejercerían ciudadanos chilenos gracias al programa Visa Waiver, que permite estar durante 90 días como turista. Este es un beneficio que EE.UU. otorga de manera voluntaria y Spitzer, junto al Partido Republicano estadounidense, acusan que Chile "ha fracasado sistemáticamente" en proporcionar antecedentes penales de los viajeros, por lo que ayer insistieron en que se ponga fin al programa.

El canciller respondió que "el deber que tiene el Gobierno de Chile es justamente proporcionar toda la información respecto a los ciudadanos que acceden a este beneficio" y "nos interesa, obviamente, mucho mantener este beneficio".

Sin embargo, "también nos preocupa enormemente la actividad de unos pocos delincuentes de origen chileno que realizan en Estados Unidos", subrayó Van Klaveren.

En 2023 fue la primera vez que Spitzer cuestionó la Visa Waiver -exención de Visa ESTA (sigla en inglés del sistema electrónico de autorización para viajar), otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional -"que ha permitido a las redes del crimen organizado chileno un conducto directo a EE.UU. para cometer robos residenciales y comerciales", publicó ayer en X, como han reportado numerosos medios de comunicación locales.

Los republicanos estadounidenses solicitaron ayer a los secretarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de Estado, Kristi Noem y Marco Rubio, "medidas inmediatas para abordar la explotación del programa" por parte de "organizaciones criminales chilenas".

Chile, "que se unió al VWP en 2013, ha fracasado sistemáticamente en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre los antecedentes penales de sus ciudadanos", destacaron.

El Presidente Gabriel Boric encabezó ayer la ceremonia de promulgación de la ley que repara parte de la llamada deuda histórica con los profesores. En la instancia el mandatario arremetió contra "la ultraderecha", que "se opuso" a esta iniciativa.

En el Palacio de La Moneda, y acompañado por ministros y parlamentarios, el mandatario promulgó esta ley que fue aprobada por el Congreso en diciembre y que fue una de sus promesas de campaña.

En específico, la ley busca dar solución a 57.560 docentes de colegios públicos que sufrieron un perjuicio salarial cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a los municipios, lo que afectó sus reajustes salariales, que en ese entonces fueron desconocidos por sus empleadores.

Para reparar lo ocurrido, el Estado entregará un aporte único de $4,5 millones a cada docente afectado que siga vivo. Este se repartirá en dos cuotas que serán pagadas entre octubre de 2025 y enero de 2031.

Los primeros que recibirán el pago son aquellos docentes de mayor edad y así se irá solucionando gradualmente hasta llegar a los de menor edad en un plazo de seis años.

Sobre la promulgación de esta ley, el Presidente Boric dijo que "la ultraderecha se opuso a pagarle la deuda histórica a los profesores. Y es bueno identificar a aquellos, porque en política muchas veces se dice con mucha facilidad que son todos iguales. No, no somos todos iguales, y aquí lo estamos demostrando".