Con más de 200 alojamientos turísticos, 80 servicios gastronómicos y numerosos atractivos culturales, Valparaíso parece estar listo para dar el siguiente paso en el turismo de cruceros de lujo. Esta industria, que experimenta un nuevo auge luego de la pandemia, vivirá febrero inmersa en una intensa actividad, que incluye una recalada doble, ocho naves distintas y miles de pasajeros que aprovechan la oportunidad de desembarcar en la ciudad. Sólo este fin de semana recién pasado, más de 3.600 visitantes llegaron en las dos naves de lujo que atracaron en Valparaíso: el Viking Jupiter, parte de la línea Viking Ocean Cruises, que completó su tercer arribo de un total de cuatro que tendrá esta temporada, y el Crystal Serenity, que zarpa hoy luego de permanecer varias horas en Valparaíso. De acuerdo a las proyecciones que hacen las autoridades portuarias, este crecimiento en la industria se mantendrá por varios años, lo que abre una oportunidad de oro para consolidar el rubro como un pilar económico del turismo en la ciudad. Para ello se requiere que avancen con mayor rapidez los estudios que permitirán instalar un muelle con dedicación preferente a los cruceros, un compromiso asumido por el Gobierno, las autoridades locales y regionales con la firma del Acuerdo por Valparaíso, que establece una hoja de ruta para la ampliación portuaria. Un proyecto de estas características requiere de varios años de estudios y una inversión considerable en los análisis técnicos que luego permiten desarrollar las obras. Por ello, el desafío de Valparaíso y sus autoridades es partir cuanto antes con el diseño de una oferta de servicios que sea práctica y atractiva para el tipo de turista que llega en estas naves de lujo, una que pueda rivalizar con la de otras ciudades que se ubican en las tradicionales rutas de navegación de Sudamérica, como Buenos Aires y Montevideo.

Estamos estancados económicamente debido a la reforma tributaria de 2014, que prometió una serie de beneficios que incumplió. La movilidad social que generaba la educación pública también se detuvo a posteriori de la reforma de educación. Estas reformas, sumadas a los cambios al sistema político y el quorum constitucional, tienen en común los discursos altisonantes, el agravio a sus opositores y una lista de beneficios que no se dieron. La reforma de pensiones es una copia a las anteriores, tanto en sus participantes, catálogo de supuestos beneficios, proyecciones, etc. Sin duda que es una estrategia que en el pasado funcionó para sus promotores, más no para el bienestar del país.

El desempleo afecta a 831 mil familias y se sitúa en 8,2% del total de ocupados y con una calidad de trabajo donde el 55% de los ocupados se considera subempleo, es decir, que trabajan en jornadas parciales o realizan un trabajo por debajo de su calificación, y el trabajo informal está llegando al 30% del total de empleados. Es decir, el escenario para las familias es complejo y a ello debemos sumar que el crecimiento económico actual no generará nuevas oportunidades, y que los costos laborales en aumento están frenando el emprendimiento y complicando a las PYMES. A todo ello hay que agregar, además, la indolencia de quienes empujan esta cuestionada reforma. Si el aumento del 6% en la cotización generaba un escenario complejo, un 8,5% presionará aún más el desempleo y la informalidad. ¿De qué sirven derechos laborales para cada vez menos trabajadores? Y no olvidemos que los desempleados serán castigados con menores pensiones por no haber cotizado, es decir, habrá castigo por estar desempleado.

La reforma de pensiones promete una lista de beneficios que incumplirá, de eso no dudo, pero peor que eso, tiene problemas de origen, de su concepción. El préstamo obligatorio de los trabajadores al Estado tiene su génesis en el mal uso de los recursos fiscales, por ende, los recursos que se logren son para mantener la gestión actual de las finanzas públicas.

El escenario catastrófico, como que no habrá recursos para pagar la PGU, también está presente, pero sin mencionar el porqué una Ley promulgada hace pocos años no cuenta con financiamiento. La respuesta está en el excesivo gasto fiscal y el endeudamiento del país, que superará el 50% del PIB al incorporar las deudas de las empresas y este forzado préstamo.

Tenemos un problema de recursos y la reforma de pensiones propone impuestos a los trabajadores formales, lo que aumentará el desempleo y la informalidad, y también un menor crecimiento económico, por ende, menor recaudación agravando el problema. Esta reforma, al igual que las anteriores, que nos han hecho mucho daño, tienen a los mismos promotores, por ende, el resultado será el mismo. El apuro por aprobarla sin discutirla hace concluir que las motivaciones electorales e ideológicas superan el interés por el bienestar de cada chileno.