En Chile usamos un conjunto de palabras que no están definidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Quizás la más común sea "cachai", la que constituye una forma de consultar a nuestro interlocutor si comprendió lo que se le ha dicho. Pudiera ser que esa palabra constituya un modelo nacional a cómo los norteamericanos terminan de exponer sus ideas cuando dicen "You know?". Otra que no está reconocida por la RAE es la usada en el título de este artículo y que la podríamos definir como el conjunto de normas legales y administrativas existentes en Chile que obligan a cumplir determinadas disposiciones que arrojan como resultado el impedimento o el retraso excesivo de un proyecto de inversión intentado por los privados. El efecto de su aplicación coadyuva al estancamiento de la economía e impide la creación de nuevos empleos, lo que resulta absolutamente negativo ante el bajo crecimiento que hoy tiene el país.

Como demostración práctica del uso de la permisologia está el reciente informe de la Confederación de la Producción y del Comercio que da cuenta que en los tribunales ambientales existen 49 causas abiertas para fallar sobre lo que serían faltas a alguna reglamentación vigente. Dichos procesos tienen estancadas inversiones por un valor de US$ 8.863 millones. Si se hace el cálculo de las personas que tendrían empleo en el evento que esos proyectos fueran aprobados, el número de miles de fuentes de trabajo que se dejan de crear es considerable. Lo peor es que hasta ahora nadie hace algo sustantivo al respecto. Se anuncia que se tramitará en el Congreso un proyecto de ley que tendería a disminuir los trámites hoy exigidos, tarea que será muy complicada de realizar si se considera que el aumento de Ministerios y Subsecretarias que en forma directa o indirecta tienen relación con las inversiones imposibilitará una rebaja de los plazos. Más allá de lo señalado por la CPC, fundaré lo negativo de la permisología en casos que me constan.

Una empresa chilena estudió la posibilidad de instalar en el sur del país, aprovechando los fuertes vientos existentes en un predio de su propiedad, una planta de molinos que producen eletricidad. El estudio del proyecto - que involucraba una inversión de alrededor US$ 300 millones -demoró tiempo, pues había que tener claridad sobre cómo los cambios de estación podrían afectar la productividad buscada. Se arribó a la conclusión - después de latos estudios - que la idea era viable y se iniciaron los trámites para concretarla. Después de haber obtenido la aprobación de un sinnúmero de organismo públicos, un grupo de mapuches interpuso una demanda en contra del proyecto alegando que algunos de los cables que llevarían la electricidad en un lugar situado a kilómetros de la planta misma y que transportarían la energía que se iba a producir, pasaba a 200 metros de donde existía un antiguo cementerio de chilenos de esa etnia, motivo por el cual no se podía aprobar la concreción de la idea. Los tribunales ambientales respectivos dieron lugar a la demanda mapuche. Lo más particular fue que cuando las partes estaban en medio del proceso, se presentó ante los ejecutivos del proyecto un abogado que tenía la representación de los demandantes señalando que por el uno por ciento del monto de la inversión el obtendría el desentimiento de la demanda, cosa que el empresario dueño de la iniciativa rechazó y por ende la idea no se concretó. La objeción era absurda desde su base, ya que nadie podría pensar que personas fallecidas hace decenas de años - algunas de ellas antes que llegara la electricidad a Chile - hubieran establecido como parte de su tradición la distancia por la que podría pasar un cable. Lo anterior demuestra el variado nivel que han adquirido los abogados lobistas.

Lo indicado es tan absurdo como lo acaecido a otra empresa que intentó un emprendimiento importante en la zona central del país. Al iniciar los trámites respectivos, la autoridad regional llamó al dueño del proyecto para decirle que no lo podía aprobar pues el área cercana a la capital regional estaba saturada de material particulado y que, además, debía evitar mayor contaminación de CO2. El empresario le respondió que la planta a construir estaba a 80 kilómetros de distancia de la ciudad de marras, por lo que la contaminación alegada era imposible. Además, le agregó, que lo que se pretendía levantar no creaba material particulado y que no solo no emitía CO2, sino que, al revés, transformaba el CO2 del aire en oxígeno, todo ello demostrado con sólidos antecedentes técnicos. La autoridad después de estudiar la respuesta del empresario, le contestó que tenía razón, pero que por motivos de imagen no podía aprobarlo. Hasta ahí llegó la pretendida inversión.

Por contraposición, una gran empresa nacional compró una planta importante en un estado sito al norte de Estados Unidos y le agregó valor a la cadena productiva. Cuando casi todo estaba listo, lo que no demoró más de dos meses, los ejecutivos chilenos fueron citados por un comité del senado estadual. Estos - teniendo en mente lo que sucede en Chile - inmediatamente pensaron que la razón no podía ser otra que levantar ciertas objeciones a la mencionada inversión. Para su sorpresa fueron recibidos por el pleno de la respectiva comisión donde sus miembros les expresaron que el objetivo de la cita era manifestarles su agradecimiento por haber elegido invertir en ese estado y que estaban a su disposición para solucionar cualquier problema que se les presentara en el futuro. Los chilenos no podían dar crédito a lo vivido.

Por otra parte, en los últimos meses se ha especulado sobre una empresa chilena que invertirá en Brasil alrededor de 5.000 millones de dólares en un gran emprendimiento. He estudiado acerca de dicha inversión. Demandará, además del levantamiento de la planta misma, la construcción de un ferrocarril de 50 kilómetros para empalmar con la línea central del país; se hará un tendido de eléctrico de 90 kilómetros; se construirá un puerto especial para embarcar lo producido donde podrán atracar buques de última generación, ya que se dragará a la profundidad de 15 metros; la construcción misma dará origen a 14.000 puestos de trabajo y una vez terminado el proyecto - entre empleos directos e indirectos - laborarán allí 6.600 trabajadores; se construirán casas para 1.800 trabajadores; junto a las autoridades respectivas se levantará un colegio y un hospital y, adicionalmente, se pagarán al año 400 millones de dólares en impuestos. La tramitación de todo este tremendo emprendimiento demoró alrededor de dos años y se espera que entre en actividad el año 2027.

Invito a los lectores a calcular cuánto tiempo se necesitaría en Chile para conseguir los permisos para construir el ferrocarril y el tendido eléctrico antes indicados. Cuántos organismos pondrían objeciones a la construcción del muelle. Cómo se lograría la autorización para dragar aquél a 15 metros de profundidad y dónde botar el material dragado. Asimismo, cómo se aprobarían los requisitos de las casas, el hospital y el colegio a construir. Si se hace un cálculo de lo que demora actualmente superar la permisologìa existente, se podría concluir fácilmente que un proyecto de esa embergadura sería absolutamente inviable en nuestro país.

¡Qué pena por Chile y su futuro!