Impacto del ajuste fiscal en la Región
Salvo por el recorte hecho en el Gobierno Regional, no existe claridad sobre cómo la reducción presupuestaria afecta a la zona. La transparencia de la información, especialmente de cómo cada uno de estos movimientos tiene efectos a nivel regional en las reparticiones públicas, es crucial.
¿Qué impacto tendrá en la Región el ajuste fiscal aplicado por el Gobierno, con acuerdo del Parlamento, para enfrentar el déficit que presentan las finanzas del país? La respuesta es algo esquiva, porque salvo los $ 5 mil millones restados a los fondos de inversión regional que administra el Gore, no se conocen con detalle los cambios presupuestos nacionales que tienen influencia en esta zona, a través de programas, servicios, planes, proyectos, estudios o contrataciones de diversa índole. Esta incertidumbre aumentó esta semana, cuando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, admitió que el déficit era mayor al calculado a fines del año pasado, plantando una idea que abre las perspectivas de nuevos recortes a las iniciativas con financiamiento público.
En este vaivén de cifras, del cual es difícil extraer certezas, varios parlamentarios de la zona advierten el temor de que terminen perjudicadas gestiones inicialmente eximidas de cualquier recorte, como los servicios hospitalarios, los planes de seguridad o las partidas del Ministerio Público. Tan preocupante como ello es la inquietud que surge por el manejo de la Hacienda Pública, hoy presionada por el aumento de la cotización para pensiones por parte del empleado y que impacta al Estado en su rol de emplador, así como los compromisos asumidos recientemente, entre ellos el pago de la deuda a los profesores y la instalación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
En este escenario, la transparencia de la información, especialmente de cómo cada uno de estos movimientos tiene efectos a nivel regional en las distintas reparticiones públicas, es crucial. De esa claridad dependen las acciones de otras autoridades -gobernadores y alcaldes, por ejemplo-, y la evaluación que realiza la ciudadanía sobre las decisiones de gasto que ejecuta el Gobierno central.