La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, anunció esta semana que el Gobierno prepara un rediseño del plan Calles Sin Violencia, el programa estrella para enfrentar los problemas de seguridad pública que viven numerosas comunas del país. Las nuevas medidas contemplarían un trabajo más activo de los alcaldes -con herramientas aún por definir-, así como acciones preventivas para aumentar el control sobre la comercialización y uso de armas de fuego. Sin embargo, todas las expectativas que puedan surgir en torno a un mejoramiento del sistema, que lo necesita, pueden derivar en una decepción mayor si los cambios no surgen de un diagnóstico adecuado. Las mismas declaraciones hechas por Leitao plantean la duda cuando dice que "lo que ocurrió es que en muchas de las comunas donde se implementó el plan, en la gran mayoría, tuvo buenos resultados y especialmente en regiones; sin embargo, en la Región Metropolitana, en algunas comunas principalmente, no tuvo buenos resultados".

Tal como queda en evidencia con las cifras dadas por Fiscalía a inicios de este año -que revelan un aumento de casi 10% en los homicidios y otro tanto en delitos violentos-, y con los casos que cada día afectan a vecinos de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Cartagena, comunas donde opera el plan Calles Sin Violencia, la seguridad pública no logra revertir la percepción de que delincuentes y traficantes campean en muchos puntos de la zona, especialmente de noche.

Por ello, se hace necesario que el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito transparenten el diagnóstico sobre el funcionamiento de este programa en las cuatro comunas de la región donde opera y expliquen qué medidas específicas se aplicarán para revertir la dura realidad que exponen las cifras.

Como segunda región generadora de residuos sólidos municipales en Chile, con un relleno sanitario al límite de su vida útil y más de 600 sitios ilegales de acumulación de residuos, la Región de Valparaíso necesita acciones concretas orientadas a metas medibles. Los datos son alarmantes: En 2021 apenas se valorizó un 1,5% de las 205 mil toneladas de residuos sólidos municipales generados en la región. La Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) emerge como una herramienta fundamental para abordar esta crisis, pero su éxito dependerá de una implementación efectiva y coordinada de todos los actores, incluyendo productores, sistemas de gestión y recicladores de base. En este contexto, la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de Empresas de Valparaíso -ASIVA ha decidido dar un paso adelante, iniciando un catastro entre sus más de 130 socios para evaluar el estado actual de implementación de la Ley REP. Esta iniciativa no es solo un ejercicio de diagnóstico; representa un compromiso concreto del sector privado con la sostenibilidad. Con ella, buscamos aportar al cambio cultural en la gestión de residuos.

El catastro permitirá, por primera vez, tener una radiografía de cómo las empresas regionales están abordando sus obligaciones bajo la Ley REP. Identificaremos brechas en reportabilidad, mapearemos la vinculación con los sistemas de gestión y, crucialmente, detectaremos necesidades específicas de apoyo técnico. Esta información será vital para diseñar estrategias efectivas de cumplimiento y mejora.

Un aspecto clave del levantamiento será detectar oportunidades de colaboración entre empresas y recicladores de base, actores fundamentales en la cadena de valor del reciclaje. En nuestra región, existe un número significativo de recicladores de base no certificados que podrían beneficiarse de una mejor articulación con el sector privado formal.

La medición es el primer paso para la gestión efectiva. Con los resultados podremos desarrollar programas de capacitación focalizados, facilitar la incorporación de empresas a los sistemas de gestión existentes y promover la inversión en infraestructura para el reciclaje, una brecha crítica en nuestra región.

El sector privado organizado tiene un rol fundamental que cumplir en la implementación exitosa de la Ley REP. No podemos esperar que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el sector público. Aquí, como en otros temas, ASIVA manifiesta su voluntad de trabajo conjunto con otros actores -incluyendo academia, sector público, sociedad civil y otros gremios- para abarcar los más grandes desafíos de la región. Las empresas regionales deben ser protagonistas en la transición hacia una economía circular, y este catastro es un paso concreto en esa dirección.

El desafío es significativo, pero la oportunidad es aún mayor. Este es el momento de pasar de las palabras a la acción, y desde ASIVA estamos comprometidos con este cambio necesario para el futuro sostenible de la Región de Valparaíso.