Ajuste de recursos en el SAG
Los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero alertan que riesgos sanitarios ante eventual reducción de fiscalizaciones. Cuando se adoptan medidas de este tipo en instituciones tan sensibles, la ejecución debe llevar medidas de mitigación y contrapeso específicas.
La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (Afsag) convocó a un paro nacional de actividades el próximo martes 4 de marzo, en rechazo al recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Hcienda, por más de $4 mil millones, que se enmarca en el plan de ajuste nacional acordado entre el Congreso y el Gobierno debido al déficit que afecta a las finanzas del país. La drástica medida, advirtieron los funcionarios, surge de los serios riesgo factores fito y zoosanitario que creecen debido a la medida. Una reducción de este calibre, alerta la asociación, impacta "directamente labores esenciales como la fiscalización en terreno, el control de enfermedades y plagas, la certificación de exportaciones y la protección de fronteras ante el ingreso de plagas y enfermedades".
Con varios puertos de entrada -marítimos y terrestres-, la Región de Valparaíso es particularmente sensible a esta alerta dada por los trabajadores del SAG. Sirve recordar que en la zona cordillerana de Aconcagua, especialmente San Felipe y Los Andes, suele haber preocupación permanente por la aparición de la mosca de la fruta, una de las plagas agrícolas más dañinas del mundo, pues ataca a más de 250 especies de frutales y hortalizas. Este ajuste de fondos ocurre además cuando el mismo SAG alerta por el rápido avance de la gripe aviar, luego de conocerse los primeros casos en Perú. "El rápido avance de la enfermedad en el continente y los recientes casos detectados en Perú nos ha llevado a redoblar la alerta, ya que las aves migratorias podrían ingresar al país portando el virus", advirtió el director nacional del organismo. ¿Cómo enfrentará el Gobierno este escenario? Esa es parte de la incertidumbre que advierten los funcionarios. Cuando se adoptan medidas de este tipo en instituciones tan sensibles, la ejecución debe llevar medidas de mitigación y contrapeso específicas, para evitar que esta falta de recursos se convierte en un riesgo fitosanitario para el país.