Prisión preventiva y cuatro meses de investigación fueron las decisiones que adoptó ayer el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo para cinco de los diez detenidos por el robo a una sucursal del Banco Estado, en la comuna de Putaendo, el pasado jueves 6 de febrero.

Los delincuentes, identificados como a Thomas Ignacio Leiva López, Vicente Alonso Gallardo Cancino, Víctor Jean Pierre Álvarez Ibaceta, Jonathan Alejandro Quiroz Gómez y Felipe Antonio Torres Fernandez, fueron imputados en calidad de autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, receptación de vehículos motorizados, receptación de especies, porte ilegal de armas de fuego prohibidas, porte ilegal de arma de fuego convencional, conducción de vehículo con placa patente falsa y asociación criminal.

De igual manera, el tribunal aplicó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a tres funcionarios de la sucursal comunal a Daniela Torres Flores, imputada como encubridora de los ilícitos.

Otros cuatro detenidos no fueron formalizados debido a que el Ministerio Público no encontró evidencias de su implicancia en el caso.

Durante la audiencia, la jueza, Daniela Torres, comentó respecto de la participación de los detenidos tanto en el asalto a la sucursal bancaria como en los diferentes ilícitos que, adicionalmente, se les acusan, que "lo cierto es que la fiscalía el día de hoy ha dado cuenta de antecedentes más que suficientes, contundentes y concordantes todos entre sí, que dan cuenta de una eventual participación de los imputados en el mismo", aseguró la magistrada.

Hecho preocupante

La situación alarmó a la comuna de Putaendo, ya que es la primera vez en la que se ve afectada por un hecho de tal magnitud.

Bajo este contexto, la jueza indicó que "el delito es uno de los más graves de nuestra legislación, es pluriofensivo, aquí no solamente está en juego la propiedad privada, no solo está en juego el patrimonio del Banco Estado, sino la vida e integridad de las personas que fueron afectadas por este ilícito".

Secuencia del robo

Tal como se indicó en la audiencia y según relató el Ministerio Público, durante la mañana del pasado jueves, dos guardias de la sucursal del Banco Estado procedían a abrir las cortinas de acceso al momento de que los delincuentes se bajaron del vehículo en el cual se movilizaban para encañonar y amenazar a ambas víctimas.

Tras el ingreso al banco, desactivaron las alarmas y avanzaron hasta las bóvedas, mientras mantenian amenazados a los guardias, junto con asegurar que dañarían a sus familias. Con esto último, los asaltantes mostraban imágenes de las víctimas ingresando a sus hogares y también de sus familiares, lo que obligó a los guardias a abrir las bóvedas.

Ya dentro de estas últimas, los ladrones sustrajeron alrededor de $190 millones de pesos, 11.000 dólares y 3.700 euros. Luego, los imputados dejaron en el suelo y maniatados a los funcionarios.

Al mismo tiempo, otros dos delincuentes se encargaron de vigilar el lugar con fusiles automáticos y tirar "miguelitos" en la zona. Ellos mismos amenazaron a una funcionaria del banco y otros dos transeúntes que pasaban en ese momento por el sector del banco. Para el escape, los ladrones lanzaron aceite quemado en la ruta y cerraron con cadenas para evitar el paso de vehículos policiales.

Con la ayuda de testigos, el personal de Carabineros dio cuenta de que los delincuentes cambiaron de vehículo, con el cual comenzaron una persecución que resultó con la detención de tres de los involucrados.

Finalmente, Carabineros llegó hasta un domicilio ubicado en el sector Las Coimas, en la comuna de Putaendo, donde nuevamente testigos alertaron de la presencia de otro de los vehículos que fue utilizado para la huída. En este inmueble, lograron detener a otros dos de los sujetos que robaron el banco, además de la mujer, junto con incautardos fusiles y dos pistolas, diferentes tipos de municiones y $178 millones de pesos escondidos en bolsos y gavetas.

"El delito es uno de los más graves de nuestra legislación, es pluriofensivo".

Daniela Torres, Jueza Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo

La localidad de San Jacinto, en Ecuador, cuenta con un nuevo obispo, un un porteño que se radicó en esa zona y trabajó junto a sus comunidades. Monseñor Gustavo Adolfo Rosales Escobar asumirá el cargo, tras haber sido recientemente nombrado por el Papa Francisco y anunciado oficialmente por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

"Estoy bastante tranquilo con este nombramiento, preparándome para poder llevar a cabo esta responsabilidad de la mejor manera. Estaré un par de días aquí en la nación, pero después tengo que volver para iniciar la misión", indicó el religioso, quien visita a su madre que aún reside en el Puerto.

Nacido y criado en Valparaíso, Gustavo Adolfo Rosales Escobar estudió en el Seminario San Rafael de la ciudad y uego inició la carrera de Filosofía. Sin embargo, en un viaje a Ecuador para inscribirse en la carrera de Derecho, conoció su verdadera vocación, el sacerdocio.

Actualmente, el eclesiástico se encuentra en una visita familiar en la región y en conversación con El Mercurio de Valparaíso se refirió a su vida pastoral. "Nunca me había imaginado terminar donde estoy, fue todo muy fortuito. Cuando estaba en mi época universitaria conocí al Obispo y las cosas se dieron de esta manera", comentó Rosales.

Compromiso

El clérigo reafirmó su compromiso con las comunidades y abordó las problemáticas que siguen golpeando al país vecino, Ecuador, el crimen organizado y el abandono del estado en estos territorios. Además, resaltó la importancia de la región en estos contextos.

"Antes era obispo auxiliar en Guayaquil, donde existe mucha brutalidad a causa de las pandillas, que prácticamente se han tomado las calles. Tengo entendido que San Jacinto vive una situación similar, siendo la ciudad más violenta del país", afirmó Rosales.

En esta misma línea, el Monseñor agregó que "me encuentro satisfecho de poder trabajar en esta localidad, acompañando a las personas, quienes muchas veces se encuentran abandonadas por el Estado, sin municipios ni fuerzas policiales. La iglesia debe estar en esos lugares, no dejarlos solos".

Según la Asociación Española de Ciencias Regionales, Ecuador ha sufrido un aumento de la violencia desde 2020, siendo el 2023 el peor año en la materia. La provincia más afectada durante ese periodo fue Guayas, registrando 3.843 homicidios.

"Antes era obispo auxiliar en Guayaquil, donde existe mucha brutalidad a causa de las pandillas, que prácticamente se han tomado las calles".

Gustavo Rosales, Obispo Diócesis de San Jacinto