Gian Franco Giovines D.

El pasado 31 de enero finalizó el plazo de la Corte Suprema para que el Estado desaloje la megatoma de San Antonio, donde se estima que hoy residen ilegalmente 4 mil familias. No obstante, el fallo no se cumplió, lo que constituye un desacato por parte del Gobierno a la sentencia del máximo tribunal.

Ciertamente, el escenario es complejo. De acuerdo al catastro realizado por el Ministerio de Vivienda, en el terreno de 200 hectáreas -propiedad de la Constructora San Antonio S.A.- residen ilegalmente 10.251 personas en más de 4.136 viviendas. Desalojar a este volumen de familias implicaría, según advirtió en un oficio enviado en noviembre por la jefa de Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, el despliegue de más mil efectivos: entre ellos, 117 de fuerzas especiales.

Considerando esto, un operativo de este calibre requeriría destinar a más de un cuarto de toda la dotación de Carabineros de la Región de Valparaíso, cercana a los 3.800 efectivos. Por esta razón, la general planteó que el desalojo se realice de forma parcializada, avanzando por cuadrículas de hectáreas.

No obstante, una salida alternativa al desalojo que ha sido barajada por las tres partes, el Ministerio de Vivienda, el propietario del predio y los ocupantes, es que estos últimos adquirieran los terrenos mediante la conformación de cooperativas. Sin embargo, esta vía no presenta grandes avances y las negociaciones se encuentran en punto muerto.

"No tenemos ningún tipo de acuerdo ni encuentro en ningún punto con el Gobierno", advierte Diego Pereira, abogado de la Constructora San Antonio S.A.

En esa línea, el jurista explicó que hoy los propietarios del terreno no tienen ninguna certeza respecto a cuál sería el mecanismo legal, la fórmula financiera y el precio del trato que busca lograr el Minvu mediante las cooperativas.

Declaraciones cruzadas

La falta de claridad para abordar el conflicto también se extiende al Gobierno. Esto, luego de que el pasado 7 de febrero el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), afirmara que "el que tiene la voz respecto de cuáles son las salidas, si es que este conflicto tiene alguna salida, es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo".

La autoridad regional señaló que el Minvu se encuentra "en conversaciones" con las partes, por lo que aseveró que la cartera tiene la última palabra respecto a cuál será la estrategia a implementar.

Sin embargo, lo anterior fue rebatido por el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien responsabilizó al delegado presidencial.

En diálogo con El Mercurio, Montes aseguró que "la Corte Suprema dijo al Estado 'tiene que desalojar', no al Ministerio de Vivienda". En esa línea, subrayó que el desalojo no corre por parte del Minvu, sino que "lo hace el delegado presidencial". "Formalmente, a él le corresponde organizar, junto con el municipio", aseveró.

Asimismo, Montes descartó de plano la opción de que el Estado adquiera los terrenos. "Llegamos a la idea de que lo más razonable es que sería que las propias personas que se tomaron compraran el terreno, porque el Estado no tiene plata; y si tuviera, tiene que comprarle a otra gente que está postulando hace más años y de otras maneras".

Acusan "inoperancia"

La desconexión entre el delegado y el ministro desató críticas por parte de los propietarios del predio.

A juicio del abogado Diego Pereira, "estas declaraciones contradictorias no hacen otra cosa que demostrar la inoperancia de las instituciones públicas en la coordinación y en el cumplimiento del fallo".

El representante legal de la Constructora San Antonio S.A. cree, además, que no existe una real disposición del Gobierno para hacerse cargo del conflicto, sino más bien su intención es aplazarlo, en el entendido de que le restan 13 meses de gestión al presente mandato. "El Gobierno no ha mantenido una continuidad; por un lado respecto de las negociaciones efectivas destinadas a lograr una solución; y por otro lado la Delegación tampoco nos ha aceptado reuniones, para poder efectivamente apoyar y fraguar el plan de desalojo", dice.

De esta forma, arguye que "en ninguna de las dos vías el Gobierno ha colaborado".

Pese a la disconformidad con el Ejecutivo, el jurista asegura que desde la inmobiliaria no han descartado la opción de vender el terreno, pero para ello necesitan certezas del mecanismo de compra, ya que ni siquiera saben si los usurpadores tienen ahorros o un mecanismo de financiamiento.

"Estamos dispuestos hasta el día de hoy a sentarnos a negociar, siempre que se establezcan bases para una negociación efectiva y conveniente para nosotros", subrayó.

Críticas del oficialismo

En el plano político, el desencuentro entre el ministro Montes y el delegado Riquelme desató críticas transversales.

Desde el oficialismo, el diputado Tomás Lagomarsino (P. Radical) sostuvo que "más que seguir tirándose la pelota entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, yo llamo a las instituciones a buscar soluciones y, obviamente, respetar el Estado de derecho, que no puede ponerse en duda en este país, y sobre todo de un poder autónomo, como es el Poder Judicial".

Por su parte, el diputado Tomás de Rementería (PS) calificó la discusión de las autoridades como "estéril", remarcando que "acá hay que buscar soluciones concretas".

"Más que andar tirándose la pelota entre el delegado y el ministro, creo que acá lo que hay que buscar es una solución que satisfaga la necesidad de personas que, como Estado, le hemos incumplido su derecho a la vivienda y están viviendo ahí no porque es más fácil, sino porque no tienen donde vivir", puntualizó el legislador.

"gobierno de niños"

Más duro fue el tono del diputado Luis Fernando Sánchez (P. Republicano), quien apuntó contra ambas autoridades, asegurando que "vivimos bajo un gobierno de niños".

"Si ninguno de ellos tiene claro qué es lo que tiene que hacer, probablemente eso pasa porque el Presidente Boric está muy ocupado comiendo helados por ahí. Ya es hora de que Boric ponga orden, y que en la reconstrucción de Viña, el desalojo en San Antonio, el avance de proyectos portuarios en la región, y tantos otros temas, haya decisión y se avance", enfatizó.

En tanto, el diputado Andrés Celis (indep.-RN) sostuvo que este "es un nuevo capítulo de la descoordinación y la falta de liderazgo del Gobierno".

"Lo preocupante es que esta falta de decisiones no sólo afecta a los dueños del terreno, sino que también genera expectativas inciertas en las familias que ocupan la toma. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y dejar de patear el problema para adelante", sentenció el parlamentario.

"Estas declaraciones contradictorias no hacen otra cosa que demostrar la inoperancia de las instituciones (...) en el cumplimiento del fallo".

Diego Pereira, Abogado Constructora San Antonio

"Más que andar tirándose la pelota entre el delegado y el ministro, acá lo que hay que buscar es una solución".

Tomás de Rementería, Diputado (Partido Socialista)

"Vivimos bajo un gobierno de niños. (...) Ya es hora de que Boric ponga orden".

Luis Fernando Sánchez, Diputado (Partido Republicano)

"Esto es un nuevo capítulo de la descoordinación y la falta de liderazgo del Gobierno".

Andrés Celis, Diputado (indep.-RN)

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