El abogado Waldo del Villar, profesional que representa al dueño de los predios del Edén, tomados mayoritariamente por extranjeros (más de 80 familias) en el sector de Lajarilla, Reñaca Alto, acusa a la Municipalidad de Viña de no tener ninguna intención de cumplir con el fallo judicial programado para hoy, 17 de febrero, luego de que ésta ingresara a la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud para aplazar el evento, el que fue postergado hasta el 1 de marzo. La preocupación municipal, explicada por su director jurídico, Felipe Cornejo, apunta a las medidas que debe tomar el propietario para evitar nuevas ocupaciones del terreno. Por su parte, también se solicitó al municipio el detalle de los albergues para las familias desalojadas y las coordinaciones con Carabineros y las entidades públicas que correspondan, lo que ya fue ingresado por los equipos de la Casa Consistorial.

Pero el abogado Del Villar desmiente lo solicitado por el municipio, por cuanto el propietario ya contaría con servicios de retroexcavadoras, personal de apoyo y el plan para instalar los cierres correspondientes, todo esto con conocimiento de Carabineros y de la Delegación Presidencial Regional. Asimismo, el profesional cuestiona la nueva fecha fijada para el desalojo: el 1 de marzo, que coincide con el cierre de la temporada de vacaciones y las consiguientes tareas que tendrá Carabineros en esos días, por lo que seguramente será esta última institución la que pedirá un nuevo aplazamiento en las próximas horas.

Al igual que en la megatoma de San Antonio, pareciera haber acá un afán por no hacerse cargo de un acto, en teoría, tan impopular como un desalojo, el que generalmente conlleva roces con los pobladores y fuertes escenas que son transmitidas en vivo y en directo para todo el país. Lamentable sería que esta nueva determinación judicial sólo sea el preámbulo de una nueva eternización en esta materia.

La cifra de crecimiento económico de un 6,6% para diciembre es una muy buena noticia que debiera permitirnos mirar el futuro con cierto optimismo, aunque con cautela. En efecto, el anuncio de que el déficit fiscal alcanzado durante el 2024 fue de un punto más que el pronosticado genera dudas acerca de la capacidad de la economía de soportar un crecimiento mayor, ya que el gobierno deberá ajustar el gasto. Podría recurrir a un mayor endeudamiento, pero, al parecer, esto sería políticamente inconveniente y económicamente imprudente.

Para ajustar el gasto, que preserve el compromiso de responsabilidad fiscal, es necesario tener en consideración otro principio de buena administración de los recursos públicos: el gasto permanente debe financiarse con ingresos permanentes. De ser así, ante caídas circunstanciales en el ingreso público la reacción automática es ajustar a través de una reducción de los gastos no permanentes, o sea, en la inversión. Tal como lo ha manifestado el BID en numerosas ocasiones, siempre que hay problemas fiscales, que redundan en menor recaudación para el gobierno, "la inversión en infraestructura se reduce mucho más que otros gastos". Esta ha sido la tónica durante los últimos dos años al menos: el presupuesto del MOP, principal agente inversor del Estado, se ha reducido en forma significativa respecto a lo considerado en la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso.

En las circunstancias por las que atraviesa Chile, sería una mala señal que el ajuste de las cuentas fiscales se diera, una vez más, a través de la validación de esta forma de proceder. Por el contrario, pensamos que el gobierno debiera dar una muestra no sólo de austeridad, sino también de compromiso con el crecimiento, y eso pasa por sostener el gasto en inversión. En este sentido, es a través de la inversión pública en infraestructura que el gobierno debiera expresar su compromiso con incentivar una tasa de crecimiento mayor a la que nos hemos ido acostumbrando con el tiempo.

Creemos que es este el momento para proponer una "regla fiscal de inversión pública" que asegure una inversión mínima anual de parte del gobierno, proyectada a 10 años y revisable cada dos, para asegurar que ante caída en los ingresos públicos el ajuste se materializará a través de mecanismos diferentes al de reducir la inversión.

Es bueno señalar que, de acuerdo con la información generada por el CPI, la inversión pública efectiva -diferente a la inversión pública señalada por la DIPRES y sin incluir la inversión materializada a través del sistema de concesiones- alcanzó aproximadamente a un 2,1% del PIB, en promedio, durante los últimos 10 años. Sugerimos aumentar ese porcentaje a un 2,5% del PIB, de modo de expresar la vocación del gobierno de sostener nuestro crecimiento en el largo plazo.

Señales como estas pueden transformar el riesgo que se vislumbra para el crecimiento, a partir de la situación fiscal, en una expresión de compromiso que cambie el estado de ánimo en forma definitiva.