Gian Franco Giovines D.

Crece la tensión en Viña del Mar. Este lunes, habitantes de la toma Edén, en Lajarilla, Reñaca Alto, anunciaron la presentación de dos acciones judiciales contra el propietario del terreno, José Massú: una por la vía civil, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y otra por la vía penal, en el Juzgado de Garantía de la Ciudad Puerto. No obstante, pese a las presiones judiciales contra el propietario, este mismo lunes la Corte de Apelaciones ratificó su postura y dio como plazo perentorio el sábado 22 de febrero, a las 10.00 horas, para la ejecución del lanzamiento de las 90 familias "con auxilio de la fuerza pública".

Con consignas como "¡No al desalojo!" y "¡Massú, queremos negociar!", cerca de 80 habitantes de la toma en Lajarilla se manifestaron en el frontis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lugar donde expresaron su rechazo a la orden de lanzamiento emanada por la Corte Suprema en noviembre de 2022, que, sin embargo, ha sido largamente dilatada, ya sea con recursos judiciales presentados por parte de los ocupantes, o aplazamientos solicitados por Carabineros y la Municipalidad de Viña del Mar.

En la convocatoria, el abogado Gustavo Burgos, representante de las 450 personas que actualmente habitan la toma, anunció la presentación de dos acciones judiciales.

Recurso de protección

En primer lugar, el jurista comunicó que se cursará un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esto, por cuanto, a su juicio, la resolución de la Corte Suprema "tiene un problema material, y es la circunstancia de que se desconoce quiénes son las personas que están afectadas por esta resolución".

En este sentido, argumenta que la mayor parte de los habitantes llegaron al lugar con posterioridad a la presentación del recurso de protección presentado por parte del propietario, José Massú, en 2022.

En esta línea, el abogado sostiene que el recurso judicial de Massú "no podría provocar efecto respecto de personas que no fueron parte en el juicio y no fueron imputadas por el recurso", por lo que, arguye, no pudieron hacer valer sus derechos ante la justicia.

Otro argumento presentado por Burgos es que las autoridades no han asegurado albergues permanentes a los pobladores, por lo que, en caso de un lanzamiento, las 90 familias quedarían en la calle, incluyendo a 80 menores de edad.

De ahí que el abogado califica el desalojo ordenado por la Suprema y programado para el 22 de febrero como un acto "violatorio" y "un atentado a los derechos humanos".

"Hay más de 80 menores de edad, hay personas de edad avanzada, discapacitada, para los cuales no existe ninguna alternativa institucional para resolver el problema de vivienda que en sus propias manos han tomado estos pobladores", planteó Burgos, quien acusó a las autoridades de "indolentes", por no abordar la emergencia social de la toma, que según Carabineros está compuesta en un 60% por personas procedentes de Venezuela; en un 20% de Haití y Perú, y en un 20% por chilenos.

Querella por estafa

Sin embargo, la ofensiva de los ocupantes no se limitó al recurso de protección, sino que también se anunció la presentación de una querella criminal por el delito de estafa contra el propio José Massú.

Según sostuvo el abogado Burgos, Massú, en una asamblea con los pobladores, habría pactado un acuerdo verbal, autorizándolos a ocupar una porción de sus terrenos, con el compromiso de que estos se instalarían en un sector limitado y que, a su vez, se encargarían de evitar usurpaciones más allá de esos límites.

"Muchos pobladores, no la totalidad, inclusive, efectuaron pagos no menores, superiores al millón de pesos por la instalación en ese lugar", añade el abogado querellante.

Sin embargo, este acuerdo no habría sido respetado por Massú, quien en marzo de 2022 presentó un recurso de protección, denunciando la usurpación del predio.

"No resulta baladí que alguien acuerde con los pobladores la instalación de los grupos en un lugar determinado, y un par de semanas después presente una acción, reclamando una usurpación. Eso tiene características de una estafa, de un fraude", apuntó Burgos.

En tanto, Carlos Calixtro, habitante de la toma en Lajarilla, enfatizó que el clamor de los pobladores es negociar con Massú. "Aquí no queremos que nadie nos regale nada, como no nos han regalado ni un tornillo ni una cercha. El llamado es muy claro: queremos que los poderes públicos sean mediadores ante el privado para negociar", puntualizó.

Incluso, Calixtro aseguró que fue presentada una oferta económica al abogado de José Massú, Waldo del Villar, la que aún no ha sido respondida por parte del propietario.

Negociaciones con la dpr

Según pudo conocer El Mercurio de Valparaíso, luego de manifestarse en las calles del Puerto, pobladores de la toma en Lajarilla mantienen negociaciones de última hora con la Delegación, luego de una reunión sostenida con el delegado Yanino Riquelme, donde se acordó pausar las acciones judiciales por 24 horas, a la espera de una respuesta de la autoridad.

"Hemos detenido las acciones a la espera de un cambio en la voluntad de los actores", explica Burgos. "Tuvimos una reunión con el delegado y hay una posibilidad de dialogar. Estamos conteniendo por ahora las acciones. Máximo hasta mañana (hoy)", sentenció.

"La resolución que ha adoptado y que ordena el desalojo, si bien en la apariencia es una resolución judicial, materialmente es un atentado a los derechos humanos".

Gustavo Burgos, Abogado de ocupantes

"Aquí no queremos que nadie nos regale nada. El llamado es muy claro: queremos que los poderes públicos sean mediadores ante el privado para negociar".

Carlos Calixtro, Habitante de toma en Lajarilla