Por lo que se aprecia, el gobierno del Presidente Boric pareciera estar más enfocado en expandir las empresas estatales para asumir funciones que actualmente desempeñan las empresas privadas, dejando de lado lo positivo que resultaría para la economía nacional transitar en sentido contrario. El inmenso aumento de los funcionarios de la administración pública es una de las tantas consecuencias negativas adicionales que conlleva dicha tendencia. Y, desafortunadamente, el ejemplo ha cundido a sectores que van más allá del gobierno central, incluyendo el comunal. Para dar sólo un ejemplo -que es real y que asusta-, de la Municipalidad de Cunco dependen entre directos e indirectos 700 funcionarios.

Aquella política gubernamental en lugar de priorizar la solución de los problemas que afectan a la ciudadanía, intenta que el Estado meta "su nariz" en asuntos que se desvían de sus prioridades. Ejemplos claros de esta tendencia son el porfiado manejo que se ha hecho respecto del litio y la insistencia de finalizar con la administración de los fondos de pensiones. La obsesión es poner fin a las AFP y volver a un sistema similar al de las "Cajas", tales como la de Empleados Públicos y Periodistas o la de Empleados Particulares, las que sólo dieron pie al incremento anual del déficit del fisco y al pago de pensiones miserables. Dicha persistente postura política resulta difícil de entender. En el caso de las AFP, no niego que el sistema requiere modificaciones y estoy de acuerdo en que muchas veces su actuar ha sido y es abusivo -personalmente soy víctima de aquello-, pero no es necesario intentar demoler la casa cuando la puerta y las ventanas funcionan mal. Sin embargo, esa ha sido siempre la posición del Partido Comunista, una de cuyas más insignes dirigentes es la actual ministra del Trabajo. Gracias al actuar de la oposición política que encontró, tuvo que adoptar una actitud de compromiso que ha dejado las cosas en un mediano equilibrio. No creo que ella al final haya quedado bien ante su presidente Lautaro Carmona y sus boys and girls.

Seguir la política global mencionada representa una pérdida significativa de valor para Chile. Según el sistema tributario vigente, el Estado recibe el 27% de las utilidades de las empresas sin haber invertido en ellas ni un peso y sin asumir riesgo alguno. Este porcentaje se recauda antes de que los privados -quienes aportan la iniciativa, creatividad, asumen el riesgo empresarial y deben superar la verdadera maldición previa que significa la permisología- puedan verificar si están en condiciones o no de recuperar parte de sus inversiones. Desde esta perspectiva, el Estado debería fomentar el desarrollo empresarial, ya que su crecimiento beneficia directamente al país, sin que implique un costo adicional ni exposición al riesgo. Es un negocio sí o sí lucrativo.

Por otro lado, la gestión estatal en áreas clave ha dejado mucho que desear en los últimos años. A pesar del aumento sostenido en los presupuestos destinados a salud y educación, las listas de espera en hospitales siguen siendo alarmantes y la educación pública no muestra mejoras significativas. Cuando se insinúa la posibilidad que privados puedan asumir responsabilidades en esas áreas, la tendencia generalizada es la negativa. No se tiene en mente que una alternativa como esa mejoraría el estándar de vida de la gente común. Pienso que hay una conclusión clara: la ideologización del gobierno actual ha sido incapaz de entender algo que es obvio y la persistencia de su orientación primitiva sólo ha coadyuvado al deterioro económico.

Es urgente que el gobierno se enfoque en los problemas reales de la ciudadanía, tratando de obtener e invertir en forma racional mayores recursos, a fin de cumplir el papel único que tiene en determinadas áreas de la vida del país. Por otra parte, no es posible que muchos ministerios lleguen al mes de noviembre de cada año habiendo gastado sólo un porcentaje de los recursos que el presupuesto anual les asigna. Frente a ello se emplea la más irracional de las soluciones: gastar a tontas y a locas esa cantidad remanente de dinero entre noviembre y diciembre, a fin de enfrentar la proposición presupuestaria del año próximo con cero pesos como saldo de caja. Esta es otra buena indicación de la carencia de cuidado en administrar los recursos que el Estado asigna anualmente, a fin de darles un uso eficiente que priorice aquellas áreas que realmente lo requieren.

La solución pasa por modernizar el aparato estatal, eliminando ineficiencias, implementando evaluaciones constantes y fortaleciendo los programas que funcionan, mientras se eliminan los que no. Además, es fundamental establecer evaluaciones serias del desempeño anual de los funcionarios públicos, terminándose así con una inamovilidad que llama a la mediocridad. Insisto en que esa evaluación debe ser seria y libre de toda influencia ajena. No se me escapa que de seguro existiría entre los funcionarios del Estado un temor fundado en que un cambio de gobierno podría terminar con sus carreras, lo que sería a todas luces inconveniente para el manejo de la administración e injusto para quienes han hecho bien por años su trabajo.

La única manera de evitar aquello -como ya lo insinué- consiste en que los bien evaluados no deben tener temor alguno por sus fuentes de trabajo. Se debe eliminar, como se hace en el sector privado, a todo aquel o aquella que no hace "su pega" como corresponde. Sólo así se podrá garantizar que los ciudadanos reciban eficientemente los beneficios desde un Estado moderno.

Algunos me dirán que estas propuestas no son políticamente viables. Sin embargo, si no se adoptan cambios profundos en cuanto a reconocer con hechos la necesidad de priorizar la acción del sector privado y al mismo tiempo mejorar la administración del Estado, seguiremos atrapados en un círculo vicioso: más impuestos para financiar un Estado ineficiente, donde los beneficios no llegan a la gente, lo que a su vez generará nuevas necesidades de financiamiento y, en consecuencia, más impuestos.

Esta ecuación impide el crecimiento de las empresas y, además, conlleva el deterioro de la voluntad de los privados de seguir invirtiendo y, por ende, se agrava al estancamiento económico. La empresa privada no representa un mayor costo fiscal y sí da la posibilidad de recolectar más recursos para que el Estado pueda cumplir con lo que son sus reales obligaciones. Y quizás lo más sustantivo desde el punto de vista social, es que una buena política hacia la empresa genera más empleos productivos y en la medida que ella crezca tendremos menos cesantía y mayores posibilidades para los miles de profesionales y técnicos que se gradúan todos los años. La simple expansión de un emprendimiento de tamaño menor puede crear entre ciento cincuenta a doscientas nuevas plazas.

Quizás todo lo señalado más arriba se pueda resumir en una simple ecuación: un estado eficiente resuelve los problemas de la gente y un sector privado dinámico genera los recursos para hacer aquello posible.