Matías Gatica Lindsay

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió ayer a la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que anuló parcialmente la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga. La empresa a cargo del proyecto celebró la resolución y criticó el actuar del Gobierno en este caso.

Tras largos años de rechazos y aprobaciones al proyecto, en enero el Comité de Ministros decidió nuevamente rechazar la iniciativa, lo que fue revisado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó anular parcialmente uno de los aspectos centrales de la resolución.

El tribunal señaló que el comité había excedido sus atribuciones al incluir argumentos que no estaban contemplados en la resolución original y determinó que en un plazo de 10 días el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debe dictar un acto complementario sobre los puntos que fueron anulados.

Ante ello, el ministro Grau dijo a radio Pauta que "primero, nuestro equipo tiene que analizar el fallo que es muy reciente (...) Yo no tengo todavía el informe de este análisis de nuestros abogados, y posterior a aquello, lo que hay que hacer es cumplir este fallo, como es lo que siempre se ha buscado realizar".

Al ser consultado por el punto de "exceder sus facultades" que se criticó en la resolución, Grau dijo que "entiendo que ese es el tenor del fallo" y reiteró que "lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento, insisto, al fallo por un lado y por otro lado de nuestros deberes en este comité".

A través de un comunicado la empresa a cargo de Dominga, Iron Andes, "manifestó su esperanza en que esta ocasión se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental y, finalmente, se reconozca que la discusión técnica sobre nuestro proyecto Dominga está concluida, ya que éste cumple cabalmente con la normativa medio ambiental".

Y agregó que "el fallo demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales (...) el Primer Tribunal Ambiental incluso, deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en incumplir la sentencia" y llamó al comité a "respetar la justicia ambiental".

"Lo que hay que hacer es cumplir este fallo, como es lo que siempre se ha buscado realizar".

Nicolás Grau, Ministro de Economía

La Contraloría le solicitó a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la que es dependiente del Ministerio de Ciencias, que informe los detalles del curso denominado "Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado", financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt).

El curso, que ha sido duramente criticado, dice en su inscripción -realizada en enero- que "durante la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, la represión estatal hacia la población civil movilizada incluyó el uso desproporcionado de la fuerza, generando múltiples afectaciones físicas, psicológicas y comunitarias en el tejido social" y señala que su fin es "generar herramientas prácticas y teóricas que permitan enfrentar, documentar y reparar las consecuencias de la violencia de Estado en contextos contemporáneos".

Ante ello, la Contraloría le solicitó a la ANID el código de los proyectos vinculados con esta iniciativa u otras de igual naturaleza; la descripción de los objetivos generales y particulares de la escuela; el presupuesto al cual se imputó el gasto y las glosas presupuestarias relacionadas; el periodo de ejecución de la iniciativa; el monto asignado, montos y fechas de las transferencias, entre otras peticiones.

Para ello dio a la ANID un plazo de cinco días hábiles.

El Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación contra el exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (ex-RD), quien era indagada por una presunta omisión de denuncia por los convenios firmados entre el Minvu y la fundación Democracia Viva.

Según consignó La Segunda, la Fiscalía concluyó que no existían antecedentes para imputar responsabilidad penal a la exsubsecretaria, quien fue removida de su cargo hace 20 meses tras salir a la luz las presuntas irregularidades de Democracia Viva.

Ante el cierre de la investigación, Rojas dijo en una misiva publicada por ese medio que "no existe ningún antecedente para sostener mi responsabilidad (...) Dejé mi cargo asumiendo un costo político y personal por toda esta situación. Ha quedado demostrado que no tuve conocimiento de ningún antecedente sobre la comisión de un delito y tomé todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos".

Esta noticia se dio a conocer seis días después que el Ministerio Público comunicó que no perseverará en la investigación contra el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, a raíz de este mismo caso, por el que se acogió a trámite el desafuero de la diputada del FA, Catalina Pérez.