Portazo a ocupantes de Lajarilla: dueño descarta negociar terrenos
VIÑA DEL MAR. En tanto, los habitantes de la toma se resisten al desalojo y anuncian un "atrincheramiento". Carabineros evalúa factibilidad operativa del lanzamiento.
Ante el inminente desalojo de la toma Edén de Lajarilla, en Reñaca Alto, la Delegación Presidencial ha gestionado acercamientos de última hora con representantes de los más de 450 ocupantes del asentamiento ilegal, ubicado en los terrenos del empresario José Massú.
Concretamente, el lunes por la tarde, la repartición presidencial, encabezada por Yanino Riquelme, se reunió con dirigentes de la toma de Lajarilla. Lo anterior, luego de que la comunidad tomara la ofensiva judicial, ingresando una querella por estafa contra José Massú -presentada ayer en el Juzgado de Garantía de Valparaíso-, y un recurso de protección que busca dejar sin validez el fallo de la Corte Suprema de 2022, acción que el abogado Gustavo Burgos mantiene por ahora en stand by, a la espera del resultado de las negociaciones con el Gobierno.
El abogado explica que en las últimas horas "hemos estado conversando con el delegado presidencial y él ha mostrado disposición a mediar en este conflicto. Está planteando la formación de una mesa con el propietario, con la finalidad de explorar una solución colaborativa en este asunto, que se traduzca en la compra por parte de los pobladores de la parcela en cuestión".
Massú DESESTIMA venta
Sin embargo, pese a que esta posible mediación de la Delegación generó expectativas entre los habitantes de la toma, en la otra vereda, la del propietario del terreno, descartan rotundamente cualquier opción de negociar una compraventa del predio.
Waldo del Villar, abogado de José Massú, detalló que esta semana la Delegación Presidencial lo contactó para poder gestionar una mesa de diálogo. Sin embargo, la postura de su cliente fue clara: no se van a sentar a negociar y perseverarán en concretar el lanzamiento.
"El delegado, por intermedio del abogado de la Delegación, don Sebastián Canales, me ha manifestado su interés de que conversemos con los ocupantes, pero yo le he señalado que no estamos en disposición de conversar. Mi cliente no quiere vender, y eso se les ha dicho reiteradamente a los ocupantes, por distintos conductos", explica del Villar.
El jurista, si bien dijo agradecer la "buena voluntad" del delegado Yanino Riquelme, sostuvo que el intento del Gobierno es "inútil", puesto que "no tiene sentido que hablemos ocupantes ilegales y propietarios, porque no hay nada que conversar".
"Ellos saben que se tienen que ir y no pueden pretender que nos obliguen a vender un terreno que tiene un legítimo dueño. Por lo tanto, el lanzamiento va sí o sí", recalcó.
Carabineros evalúa
De esta forma, tras las fallidas negociaciones por parte del Gobierno, el desalojo de los 450 habitantes es inminente.
Según pudo conocer El Mercurio de Valparaíso, el propietario está a la espera de que la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar defina la factibilidad del operativo y el contingente policial que se desplegará para la jornada del sábado 22 de febrero, a las 10 de la mañana, horario que fijó la Corte de Apelaciones para el desalojo. Además, se está a la espera de una definición de la Municipalidad de Viña del Mar respecto a la disposición de albergues para los desplazados.
"Yo no sé cuántos policías están contemplados, pero seguramente un par de buses llenos de carabineros. Estamos esperando que Carabineros nos diga cuándo se puede hacer la diligencia y nosotros prestaremos el apoyo logístico necesario para cerrar el predio", precisó del Villar.
Se resisten al desalojo
No obstante, los ocupantes anunciaron que se resistirán a la entrada de la fuerza pública.
Carlos Calixtro, vocero de la toma de Lajarilla, aseveró que ante el inminente desalojo, "lo más probable es que haya un atrincheramiento. Aquí vamos a estar con nuestros niños, con nuestros abuelos, con nuestras actividades, encontrando la manera de que alguien de peso mayor se aboque a esta situación y le dé un alto a esto, o al menos nos dé más tiempo para poder evitar cualquier tipo de incidentes".
En tanto, el abogado Burgos dijo que el plazo entregado por la Corte "no cambia en absoluto la disposición por parte de los pobladores, quienes van a resistir este desalojo".
Resguardar a niños
El concejal Sandro Puebla (indep.-PS) manifestó que "las sentencias judiciales hay que cumplirlas", aunque cree que también "es importante que en este caso se pueda dar alguna alternativa de transición a las familias que habitan el lugar". Sin embargo, dice estar en contra de la creación de albergues, "puesto que eso implica trasladar el problema hacia otro lugar y no avanzar en una solución permanente".
En tanto, la concejala Antonella Pecchenino (P. Republicano) enfatizó que "el derecho a la propiedad del dueño debe respetarse", a la vez que "es prioritario encontrar una solución para esas familias. El municipio debe estar preparado".
Finalmente, el edil Alejandro Aguilera (FA) exigió que "este lanzamiento se haga resguardando los derechos humanos, principalmente de los niños y niñas que viven en este campamento".
El Mercurio de Valparaíso contactó a la Delegación Presidencial y a la Municipalidad de Viña del Mar para conocer las coordinaciones y asistencias que se entregarán a los habitantes de la toma; sin embargo, no hubo respuestas.
"No pueden pretender que nos obliguen a vender un terreno que tiene un legítimo dueño. Por lo tanto, el lanzamiento va sí o sí".
Waldo del Villar, Abogado de dueño del terreno
"La aplicación de estos lanzamientos en este contexto debe ser observada desde el punto de vista de los derechos humanos".
Gustavo Burgos, Abogado de habitantes de toma
"Lo más probable es que haya un atrincheramiento. Aquí vamos a estar con nuestros niños, con nuestros abuelos".
Carlos Calixtro, Vocero de toma Edén de Lajarilla
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