Gian Franco Giovines D.

En vilo se encuentran los más de 10 mil habitantes de la megatoma de San Antonio, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolviera que el próximo jueves 27 de febrero, a las 10 de la mañana, se deberá iniciar el desalojo gradual del que es considerado el campamento más grande del país.

En rigor, el fallo del tribunal de alzada ordenó que la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Carabineros deberán coordinar "una división cuadricular para llevar a cabo el desalojo", el que deberá ser llevado a cabo "de forma razonable y paulatinamente".

Se trata de una resolución inédita en el caso, puesto que por primera vez desde la conformación de la toma, se autorizó el auxilio de la fuerza pública para iniciar el desalojo.

El abogado Diego Pereira-Fonfach, representante de la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del terreno usurpado, destacó que "celebramos la resolución, no sólo porque nos autorizaron el auxilio de la fuerza pública para llevar a cargo el desalojo, sino que además porque se fijó una fecha establecida, para el próximo jueves".

Acerca del desalojo por etapas, Pereira-Fonfach dijo entender la condición, "porque desde el punto de vista práctico, es casi imposible llevar adelante un desalojo de más de 10 mil personas de una sola vez. Nosotros entendemos que se va a llevar adelante en distintos días, con distinto contingente".

Duro golpe a ocupantes

Por el contrario, la noticia fue un duro golpe para los ocupantes del macrocampamento. Karina Ayala, vocera del Comité Nuevos Aires de la toma de San Antonio, reconoce que esta noticia "nos cae como un balde de agua fría, porque nosotros teníamos toda la ilusión y estábamos confiados en que las conversaciones que decía llevar el Gobierno con los dueños iban bien. Esto de verdad que nos descoloca, nos preocupa, nos desespera".

Conforme a las dimensiones del campamento, subraya, además, que el eventual desalojo de las 4 mil familias y cerca de 10 mil habitantes sería "una crisis humanitaria enorme, porque esa gente, la que hoy por hoy vive en los territorios, no tiene dónde ir".

En efecto, un catastro del Ministerio de Vivienda constató que el 70% del total de los habitantes de la toma tiene una situación de alta vulnerabilidad social y más del 90% no cuenta con segunda vivienda o un subsidio anterior. En tanto, se estima que el 87% de los habitantes son chilenos. Otro dato relevante es que uno de cada tres ocupantes (el 33%) es niño, niña o adolescente.

Para Ayala, el responsable de que no se hayan encaminado las negociaciones es el Ministerio de Vivienda. "Nosotros creímos en este Gobierno, creímos en el Ministerio de Vivienda, el cual hoy por hoy nos tiene a punto de un desalojo y de una masacre masiva", dice.

Graves enfrentamientos

Asimismo, revela que, tras el fallo de la Corte, los vecinos se encuentran "en pie de guerra" y que incluso se podrían generar graves enfrentamientos con Carabineros.

"Lo que se está haciendo ahora es hacer un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, donde (habrá) más de algún herido, algún muerto. Toda esa responsabilidad de lo que pase aquí se la endosamos al Gobierno, porque el Gobierno no se puso los pantalones", aseveró.

"¿Tenemos el corazón para poder ver a ese abuelito en la calle? ¿Tenemos el corazón para ver a esa mamá soltera con sus niños viviendo en la calle? ¿El ministro tendrá algún plan B donde llevar a toda esa gente y darle una solución habitacional? No tienen, entonces, oye, nosotros somos la solución, no somos el problema. Ayúdennos a comprar nuestros espacios", solicita la dirigente.

Minvu coordinó reunión

Tras el fallo de la Corte, el Ministerio de Vivienda activó gestiones de última hora, coordinando una reunión para el lunes con el propietario del terreno, el alcalde de San Antonio y el subsecretario del Interior, en la que buscarán acercar posturas y encontrar una solución.

Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, espera que tras la reunión del lunes "haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento, avanzar en este camino. (...) Ojalá que el lunes haya un acuerdo con los propietarios".

En tanto, desde la Inmobiliaria San Antonio afirman que "no hay mayores expectativas" de cara a esta reunión, debido a los exiguos avances con el Minvu en el conflicto, que se mantiene desde el año 2019.

Pese a ello, Pereira-Fonfach subraya que "en ningún momento nos cerramos a poder llegar a un acuerdo". Dice que para ello es fundamental que el Minvu dé certezas de cuál será la fórmula financiera para la compra de los terrenos por parte de los ocupantes.

Sin embargo, fue claro en señalar que "no vamos a aceptar negociar con los pobladores, porque, en definitiva, son personas que están actualmente cometiendo el delito de usurpación. Solamente aceptaremos sentarnos a negociar con el Estado".

"Lo que se está haciendo es enfrentar a los pobladores y las fuerzas públicas, donde (habrá) más de algún herido, algún muerto".

Karina Ayala, Dirigente de toma de San Antonio

"El propósito es seguir conversando con los propietarios del terreno, creemos que este es un problema nacional muy serio".

Carlos Montes, Ministro de Vivienda

"Nosotros solamente aceptamos sentarnos a negociar con el Estado, y que el Estado genere las coordinaciones con los pobladores".

Diego Pereira-Fonfach, Abogado de propietarios

La Corte de Apelaciones de Valparaíso admitió a trámite un recurso de protección presentado por el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) por el caso de 14 estudiantes que fueron egresados sin completar los dos años del programa de rehabilitación y reeducación por discapacidad visual en el Instituto Antonio Vicente Mosquete, dependiente de la Corporación Municipal de Viña del Mar.

El hecho, según comenta el diputado, se dio debido a que los estudiantes habrían superado los 26 años, edad máxima a la que, según un decreto supremo del Ministerio de Educación, las personas son admisibles para el ingreso a la educación especial y diferencial en el país.

Así lo explicó el seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez, al precisar que la edad de los egresados "dificulta la entrega de la subvención educativa establecida por normativa".

Reincorporación

Sin embargo, el diputado Lagomarsino explicó que estos jóvenes habrían "adquirido esta discapacidad visual en el transcurso de su vida y posterior a esos 26 años", por lo que los estudiantes "deben recibir una reeducación para poder aprender a leer, escribir, comunicarse y convivir en sociedad nuevamente".

Según el legislador, lo que se reclama en este caso es que "de acuerdo a la supremacía jerárquica de la Constitución, que establece el derecho a la educación, se entienda que esta es superior a una determinación llevada a cabo por un Decreto Supremo, es decir, una norma de carácter administrativo", con el objetivo de reincorporar a estos estudiantes egresados "hasta que terminen el programa de 2 años que es necesario para que se reintegren a la sociedad".

Se busca una solución

Ante esta situación, la autoridad del ramo expuso que, como Seremi de Educación, "nos hemos reunido desde mediados del 2024 con la Corporación Municipal de Viña del Mar para abordar la situación del Instituto Antonio Vicente Mosquete", agregando que "a través del contacto que se realizó con el diputado Lagomarsino y la consejera regional Marcela Varas, estamos evaluando soluciones que permitan que los estudiantes, que hoy se encuentran en la mitad de su proceso de formación, puedan concluirlo de la mejor manera posible".

"Deben recibir una reeducación para poder aprender a leer, escribir, comunicarse y convivir en sociedad nuevamente".

Tomás Lagomarsino, Diputado denunciante