Mundaca y alcalde Vera advierten que "es imposible" expulsar a 4 mil familias
SAN ANTONIO. Gobernador dice que operativo obligaría a desplegar 1.200 carabineros, un tercio de la dotación de toda la Región. Jefe comunal cree que se desataría "un desastre social, de seguridad y humanitario".
Por orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el próximo jueves 27 de febrero se dará inicio al lanzamiento escalonado y progresivo de las 4 mil familias que habitan la megatoma de San Antonio, asentamiento precario formado a partir de octubre de 2019.
En el papel, el operativo significaría el inicio del desalojo más grande del que se tenga historia en el país, en la que es, también, la toma de terrenos más extensa del territorio. Sin embargo, en la práctica, el elevado contingente policial que requiere el operativo, unos 1.200 efectivos, deja serias dudas sobre si este realmente se llevará a cabo. Más aún, con el precedente de que la Corte de Apelaciones decidió ayer aplazar -por falta de contingente policial- el lanzamiento de la toma de Lajarilla, en Viña del Mar, un asentamiento de 450 habitantes, un volumen considerablemente menor al de la "megatoma" de San Antonio.
No hay capacidad policial
En este marco, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, aseguró que el lanzamiento de las 4.136 familias, equivalentes a cerca de 10 mil habitantes del asentamiento, es prácticamente "imposible" de llevar a cabo.
En conversación con CNN Chile, la autoridad regional detalló que, tras una conversación con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, determinaron que para efectuar el desalojo se requieren 1.200 carabineros. "Estuvimos conversando con el ministro Montes, y la verdad es que para poder desalojar ese volumen de población, se requieren 1.200 funcionarios policiales, en una región que tiene sólo 3 mil efectivos policiales".
Incluso, Mundaca sostuvo que la realización de un desalojo por cuadrantes, tal como lo ha propuesto Carabineros, "del punto de vista práctico, es una tarea titánica y que duraría muchísimos meses".
"Hoy día las condiciones de materialidad para poder desalojar a una población de este volumen, son francamente imposibles", sentenció el gobernador.
Sin embargo, más allá del desbordamiento de las fuerzas policiales de la región, Mundaca sostuvo que efectuar el desalojo de las 4 mil familias generaría una crisis humanitaria en la Región. Por ello, se manifestó a favor de encontrar un acuerdo con los propietarios, a través de la conformación de cooperativas que ha propuesto el Ministerio de Vivienda.
Solución "inédita"
Asimismo, la autoridad informó que, según lo conversado con el ministro Montes, 3.200 de las 4 mil familias ya se encuentran inscritas para la conformación de las cooperativas. "Cooperativas que deberían gestionar los créditos ante la banca, fundamentalmente para poder comprar el terreno", precisó. "Estamos hablando de un terreno, para ser bien precisos, de 254 hectáreas, pero todavía no tenemos tasación, por tanto, todavía no sabemos cuál es el valor real que tiene esa superficie", agregó.
La autoridad aseguró además que la propuesta de las cooperativas, formulada por el Ministerio de Vivienda, "es una solución bastante inédita para el país y que podría marcar un precedente ante situaciones de esta naturaleza. Me parece que es una alternativa, y creo que hay que agotar todas las posibilidades, porque hay que conversar con los dueños".
En esta línea, Mundaca relevó la reunión del próximo lunes 24 de febrero, en la que participarán el ministro Carlos Montes, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y los propietarios de las 254 hectáreas en cuestión. En esa cita, espera la autoridad que "hay que agotar todas las instancias, porque imagínense ustedes la crisis humanitaria que significaría para nuestra Región desalojar por la fuerza, con violencia, a 4 mil familias, más de 10 mil personas, de las cuales 3.300 son niños, niñas y adolescentes".
"un desastre social"
Quien también se mostró en contra del desalojo de la megatoma fue el alcalde de San Antonio, Omar Vera (indep.), quien aseguró que el desplazamiento de las 10 mil personas sería lisa y llanamente una "aberración".
"En términos prácticos, humanos, sociales y de seguridad, yo lo considero imposible. Es una aberración el poder pensar en desalojar, demoler las viviendas de 3 mil familias en un proceso que proviene de políticas habitacionales inadecuadas de años", dijo en entrevista con CNN, asegurando que el operativo repercutiría en "un desastre social, de seguridad y humanitario", ya que la comuna carece de infraestructura para acoger a las 10.000 personas eventualmente desplazadas.
"El reubicar a estas familias es un tema que aún no tenemos solución (…) no tenemos una solución donde ubicar en forma parcelada o total a estas familias", añadió.
Por esta razón, el alcalde cree que la solución radica en el diálogo entre los propietarios del terreno y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. "Nuestro llamado ha sido, desde el primer minuto, al entendimiento y al acuerdo", subrayó.
Discrepancias en montos
Según informó CNN, el financiamiento de las cooperativas propuestas por el Minvu contaría con financiamiento del Banco Estado y garantía del Estado.
Sin embargo, el punto de conflicto sigue siendo el valor del metro cuadrado. Lo anterior, debido a que, mientras el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) propone un monto 0,58 UF, el propietario, la inmobiliaria San Antonio S.A., exige 0,69 UF.
"Apelamos a que exista un mayor plazo para llegar a un acuerdo que resuelva esta problemática", enfatizó Vera, manifestando, además, que sería fundamental que la Corte de Apelaciones considerara una prórroga de seis meses para el plazo perentorio del desalojo, para así dar tiempo al Gobierno de acordar una solución con el privado.
Clave será, entonces, la reunión del próximo lunes, en la que el ministro Carlos Montes se reuniría, directamente, con los dueños del terreno.
"Hay que agotar todas las instancias, porque imagínense ustedes la crisis humanitaria que significaría desalojar por la fuerza a más de 10 mil personas, de las cuales 3.300 son niños, niñas y adolescentes".
Rodrigo Mundaca, Gobernador de la Región de Valparaíso
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" En términos prácticos, humanos, sociales y de seguridad, yo lo considero imposible. Es una aberración el poder pensar en desalojar, demoler las viviendas de 3 mil familias".
Omar Vera, Alcalde de San Antonio
0,58 UF por m2 es el valor que propone el Serviu a pagar a través de la conformación de cooperativas.
0,69 UF por m2 es el monto que ha establecido la Inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del predio.