Más de 4 mil familias, unas 11 mil personas, habitan la Megatoma de San Antonio, una de las más grandes de todo el país, y que ocupa 260 hectáreas del cerro Centinela. La Corte de Apelaciones de Valparaíso -tras acoger un recurso de los dueños del extenso predio- ordenó iniciar el desalojo total para el próximo jueves 27 de febrero a las 10 horas. Tanto el gobernador regional Rodrigo Mundaca como el alcalde de San Antonio, Omar Vera, y los propios ocupantes de la toma han advertido los riesgos que conlleva una operación de estas características. Otros, como el Premio Nacional de Arquitectura, el nonagenario Miguel Lawner y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pretenden apersonarse en el lugar para apoyar la resistencia al desalojo. Este último incluso invocó la memoria del fallecido ex Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y llamó a expropiar el terreno con fuertes críticas al gobierno de Gabriel Boric. "Nosotros, como coalición de gobierno, nos comprometimos a nunca desalojar mientras no hubiera una solución habitacional. No íbamos a tirar a nadie a la calle, menos para cuidar intereses privados de gente que hace especulación con el suelo urbano", expuso Jadue respecto de los terrenos de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.

Lo que ocurra o deje de ocurrir el próximo jueves será el choque del llamado imperio de la ley contra la realidad de un país, y de una región, que no han sabido manejar el colapso habitacional y las ocupaciones desde comienzos de este siglo.

El Gobierno del Presidente Boric enfrenta así una crisis inminente, que intentará ser desactivada con una última oferta económica para que los propietarios vendan los terrenos a cooperativas de pobladores, pero que no muestra muchos visos de éxito. De otra forma, se arriesga a una crisis humanitaria de proporciones y que incluso podría llegar a costar vidas y el colapso de las comunas costeras. Y atención: desde el cerro Centinela podría surgir también un nuevo músculo político regional que apuntale esa izquierda con guiños anarquistas de la cual hablábamos ayer en este mismo espacio.

En estos 15 años bajo la lupa de la OCDE, Chile no sólo aprendió el lenguaje de las economías avanzadas, sino que su incorporación expuso desafíos estructurales. Celebramos avances como la mejora en gobierno corporativo y una reducción de la pobreza al 6,5%. Sin embargo, la alegría se diluye ante la tozuda realidad de una productividad estancada. La revisión del organismo revela que pasar el "checklist" no garantiza el desarrollo sostenido. Chile internalizó métricas, pero la reciente revisión desnuda una dicotomía entre el potencial económico dormido y reformas postergadas.

La productividad, variable esquiva pero crucial, sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Una formación bruta de capital proyectada en 4,6% para 2025 es síntoma de una inversión privada que no encuentra el impulso adecuado. Atribuirlo únicamente a factores externos sería simplista. Debemos analizar barreras internas como la complejidad regulatoria que desincentiva y la incertidumbre que erosiona la confianza. La solución no es una mera inyección de capital público, sino la creación de un entorno propicio para la inversión productiva.

La OCDE señala la necesidad de "espacio fiscal", pero lograrlo exige sofisticación. Aumentar la carga tributaria, especialmente a las empresas, podría ser un tiro por la culata, ahogando la inversión. La urgencia radica en la eficiencia del gasto público, donde cada peso debe traducirse en valor tangible. ¿De qué sirve más recaudación si se diluye en una administración poco eficiente? La reforma pasa por optimizar recursos, combatiendo la elusión y evasión con rigor.

La persistente desigualdad como país con un Gini en 0,444 es una variable económica limitante. De aquí también surge un tema que, aunque menos visible en los informes tradicionales, es un fenómeno endémico en la región, la informalidad laboral, que precariza vidas, erosiona la base tributaria y limita el capital humano. Combatirla requiere incentivos a la formalización, simplificación de trámites y políticas activas de empleo. Una fuerza laboral con déficit de competencias digitales y una brecha salarial de género representan otro ámbito de divergencia entre capacidad y resultados.

La inversión en I+D es otro punto donde Chile exhibe distancia con el promedio OCDE. La transición a una economía verde es una oportunidad, pero requiere integrar los riesgos climáticos en la planificación fiscal. Esto implica no sólo aumentar el gasto en I+D, sino fortalecer la vinculación academia-empresa, fomentar el emprendimiento tecnológico y un marco regulatorio que incentive nuevas tecnologías. Sin embargo, los resultados en la prueba PISA por debajo de la OCDE, son una clara señal de alerta sobre la calidad de nuestro capital humano futuro, directamente ligado a nuestra capacidad de innovar y competir globalmente.

La membresía en la OCDE ha sido un ejercicio de autocrítica. La próxima década exige pasar de "buenas prácticas" a reformas estratégicas propias, con foco en la eficiencia del Estado y la inversión inteligente en capital humano. No se trata de un recetario único, sino de un diagnóstico preciso para construir una estrategia país que libere el potencial dormido. El desafío es transformar esos "checklist" en una hoja de ruta personalizada, abordando las particularidades de nuestra realidad, transformando recomendaciones en políticas públicas efectivas y construyendo una economía más resiliente, inclusiva y competitiva.

Buenas noticias hemos recibido este verano debido al avance que presentan proyectos emblemáticos de electromovilidad como son el tren que unirá Santiago y la Región de Valparaíso, además del teleférico que se implementará en la principal ciudad-puerto del país.

Nuestra comuna -además de ser un centro logístico a nivel nacional, pues desde allí se moviliza gran cantidad de la carga comercial al exterior-, también se ha convertido progresivamente en una zona con vocación turística que requiere una urgente revitalización dado su fuerte deterioro y una mejor conectividad con urbes como Santiago, con el fin de movilizar a miles de personas que viajan diariamente.

En el caso del tren, el Ministerio de Obras Públicas informó este mes que seis empresas presentaron propuestas para realizar el estudio integral del proyecto, lo que refleja un alto interés del sector privado en desarrollar esta iniciativa. La conectividad ferroviaria entre ambas ciudades es una necesidad largamente discutida y este futuro servicio representa una oportunidad de inversión y de desarrollo significativa. Sin embargo, es importante destacar que el número de oferentes no garantiza que la licitación llegue a una adjudicación exitosa, pues aún falta evaluar la viabilidad técnica y financiera de las propuestas presentadas, las cuales deben ajustarse a las bases de la licitación.

En tanto, el teleférico que busca unir el sector de Barón hasta Placilla podría partir su estudio similar este año, el cual será un insumo clave para una posterior licitación. El cronograma indica que las obras podrían comenzar en 2029, por lo que la cartera de Obras públicas se ha comprometido en dejar avanzadas las gestiones.

En ambos casos, la apertura de las ofertas económicas y el análisis de factores clave como son los aspectos medioambientales, equipo y experiencia de los profesionales, distribución de riesgos, estudios de ingeniería, plazos y la factibilidad constructiva, determinarán el camino a seguir en ambas obras. Y para llevar adelante esas evaluaciones se requiere que el Estado también muestre celeridad; debe ser un socio colaborador de los privados en una alianza para concretar grandes proyectos en nuestras ciudades.

Más allá del interés que existe, el éxito de esas iniciativas dependerá de la capacidad del sector público para generar condiciones atractivas y garantizar su sostenibilidad operativa a largo plazo, asegurando una integración eficiente con los otros modos de transporte y una gestión que permita su viabilidad en el tiempo.