Cristián Rojas M.

El exalcalde Daniel Jadue (PC), en su programa de Youtube "Sin maquillaje", dijo sobre la Megatoma de San Antonio y el inminente desalojo ordenado por la Justicia para este jueves 27, que "aquí hay que expropiar y hay que irse a juicio", aunque "se demore 20 años la Justicia" en resolver. También recordó que como coalición de Gobierno "nos comprometimos a nunca desalojar mientras no hubiera una solución habitacional. No íbamos a tirar a nadie a la calle; menos para cuidar intereses privados de gente que hace especulación con el suelo urbano".

Asimismo, advirtió que "los carabineros están preparados para perseguir delincuentes y no para sacar a civiles inocentes de lugares donde pernoctan porque no tienen otra, por lo tanto, que nadie se queje si durante este desalojo hay heridos. Y ojalá no haya muertes". Sus palabras no encontraron eco en parlamentarios locales afines al Gobierno, y desde la oposición incluso se anunció una querella.

La diputada Camila Rojas (FA), quien como sanantonina conoce de cerca la situación, dijo que "el Gobierno está en lo correcto, en el sentido de proponer una salida institucional que consiste en la formación de cooperativas; insistir en la negociación con los dueños (el lunes habrá una nueva reunión); y dejar claro que el desalojo tiene dificultades diversas y que una de ellas es humanitaria".

En tal sentido, estimó que "la pega se está haciendo. Ahora bien, mejor si todo fuera más rápido, por ejemplo, el catastro que se hizo se demoró mucho; pero también hay otras cosas que no dependen del Gobierno, y acá los dueños del terreno tienen mucho que decir. Entonces, yo estoy con lo que ha propuesto el Gobierno, y no con lo que dice el exalcalde Jadue".

Comisión interamericana

Por otra parte, indicó que "junto al diputado Cuello solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revise el caso y habilite que haya más tiempo para lo que el Gobierno ha propuesto, que es la formación de cooperativas, y por ese medio la compra del terreno. Para ello, la disposición de los dueños es la clave. Desde el Minvu ha habido varias reuniones con los dueños para avanzar, yo espero que ellos permitan arribar a una solución, y que se anteponga el interés colectivo".

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) dijo respaldar "lo que está intentando el Gobierno a través de la organización de cooperativas de vivienda que puedan tener acceso a Crédito con Aval del Estado y comprar los terrenos, en una negociación a precio justo con los privados (sin especulación). De esa manera avanzar en un proceso de regularización y habitabilidad, el cual pueda ser acompañado por las instituciones públicas desde el Gobierno central, Regional y comunal".

Latorre estimó "que esa alternativa es viable y sostenible, considerando la realidad social de las personas que habitan ahí en San Antonio, en su gran mayoría familias chilenas, sin vivienda anterior, muchas mujeres jefas de hogar, niños, niñas y adolescentes que el Estado tiene el deber de proteger. Espero que el lunes en la reunión que van a sostener el Ministro Montes y el Subsecretario Cordero con los propietarios se avance en una solución social y habitacional sostenible que evite el desalojo".

Para el diputado Luis Cuello (PC), "la opción del desalojo es un camino que no resulta aceptable, es una medida de fuerza que solo va a provocar un gran problema humanitario, y que además va a agravar la condición de pobreza de las personas que habitan en ese campamento. Por lo tanto, lo que se requiere acá es una solución real para las familias, que se va a lograr por el camino del diálogo, y al respecto está la alternativa de que las familias se agrupen en cooperativas, que compren el terreno, creo que es algo que debe ser considerado, pero eso ciertamente requiere que los dueños no estén especulando con la necesidad de las personas".

10 mil personas

En ese contexto, advirtió que "no hay que ser ciego a la realidad. La realidad es que son 10.000 las personas que habitan en ese campamento, más de 4.000 familias, hay además un elevado porcentaje de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en definitiva, lo que esperamos, es que esto tenga una solución razonable, una solución también que tenga un componente respecto a los derechos humanos, y en ese sentido, nosotros ya presentamos en enero pasado una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a la diputada Camila Rojas. Esta semana que pasó, yo presenté un nuevo escrito pidiendo una resolución urgente, y estamos esperando que lo revise la Comisión".

En cuanto a la crítica que hizo Jadue a la coalición de Gobierno señalando que se habían comprometido a no desalojar a nadie mientras no hubiera solución habitacional, Cuello recordó que "el desalojo es una medida que está adoptando el Poder Judicial a través de Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ha dispuesto un plazo que es bastante inmediato, entonces creo que ahí radica el problema, y por esa misma razón nosotros recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el problema desde el punto de vista humanitario es grave. El desalojo proviene del Poder Judicial, que ha acogido un recurso de protección de los dueños del terreno".

Desde la oposición, el diputado Andrés Celis (Indp./ex RN), consideró que "aquí tiene que haber un pronunciamiento del Tribunal Supremo del Partido Comunista, porque, claramente, hay un llamado a la violencia de parte del exalcalde".

A su juicio, "cuando él habla de que la policía sería la responsable en el caso de que hubiese heridos o fallecidos, en el fondo, al hablar de la policía, estaría responsabilizando al Estado. Entonces, una persona que habla de esa forma, desde mi punto de vista, hasta incurre en un delito".

Anuncia querella

Sobre esto último, precisó, Jadue estaría infringiendo la Ley de Seguridad Interior del Estado, específicamente los artículos que señalan que cometen delito "los que propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de Gobierno", y "los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública".

Ello porque, a su juicio, lo que plantea Jadue "provoca que las personas que puedan ser desalojadas, frente a sus palabras, tengan una reacción legitimada por los dichos de un exprecandidato presidencial. Y desde mi punto de vista, eso es un incentivo, en el fondo, para actuar de forma violenta, así que presentaremos una querella y vamos a pedir que vuelva a prisión preventiva".

Respecto de la expropiación, Celis sostuvo que Jadue "o no ha leído la ley, o no la conoce. O bien lo que él propone es vivir en un mundo donde no hay propiedad, porque sería tan fácil como que cualquier persona fuera a la casa del señor Jadue, se la tome, y tendría que haber un juicio para que finalmente se le pudiese devolver a él".

"Yo estoy con lo que ha propuesto el Gobierno, y no con lo que dice el exalcalde Jadue".

Camila Rojas, Diputada Frente Amplio

"Lo que se requiere acá es una solución real para las familias, que se va a lograr por el camino del diálogo".

Luis Cuello, Diputado Partido Comunista

"Yo respaldo lo que está intentando el Gobierno a través de la organización de cooperativas de vivienda".

Juan Ignacio Latorre, Senador Frente Amplio

"O no ha leído la ley, o no la conoce, o bien lo que (Jadue) propone es vivir en un mundo donde no hay propiedad".

Andrés Celis, Diputado Indp./ex RN

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