Cristián Rojas M.

Hoy se reunirá el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con los dueños del terreno en el cerro Centinela de San Antonio, donde se emplaza el macrocampamento más grande del país, en el que viven más de 4 mil familias, cerca de 10 mil personas, las que desde este jueves 27 deben ser desalojadas de manera gradual, según dictaminó la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Por ello, sus pobladores esperan que salga humo blanco y los propietarios desistan de la acción y se abran a negociar por el terreno.

La coordinadora de Tomas y Campamentos en San Antonio y Cartagena, Johanna Palacios, dirigente del macrocampamento de Agua Salada, señaló que "estamos esperanzados en que esa reunión se dé y que salga algo bueno de esa negociación, pero principalmente que se pare el desalojo, que los dueños desistan del desalojo".

En cuanto a sus expectativas sobre la fórmula de las cooperativas que está desarrollando el Gobierno, recordó que "estábamos trabajando en eso, estábamos poniendo de nuestra parte, todos los pobladores, tratando de conformar esas cooperativas, que iba a ser la posible solución para obtener los terrenos y quedarnos aquí en el lugar, pero nos tiran esta orden de desalojo, la cual nos deja perplejos, por decir lo menos".

"Porque si se supone que se estaba trabajando para llevar ese proyecto adelante y poder comprar los terrenos, que es lo que los dueños quieren hacer, o sea, vender a toda costa, entonces no nos cabe en la cabeza por qué ahora nos tiran esta orden de desalojo para el 27 de este mes. Entonces, claro, con esa reunión estamos esperanzados de que salga algo positivo", acotó.

Respecto de la acción del Estado en este caso, la dirigente consideró que ha sido "muy lenta, porque si bien en cierto estamos trabajando, nosotros llevamos aquí más de cinco años ya, entonces ha sido lento, todo retrasado, por la tozudez también de no querer radicar a los campamentos, de no querer darle la oportunidad de que se quede la gente aquí, que busque la solución. Prácticamente, prefieren tenernos en una fila constante para poder obtener un subsidio. Entonces, yo encuentro que no ha estado a la altura".

Para la consejera regional por San Antonio Romy Farías (DC), "el inminente desalojo de estas familias es, por decir lo menos, preocupante e inhumano, especialmente para los niños y adultos mayores que se verán afectados. Además, resulta inviable debido a las implicaciones que conlleva, ya que el municipio carece de los recursos necesarios para habilitar albergues, lo que agrava aún más la situación".

En ese contexto, advirtió que "esta crisis no sólo afecta a los pobladores directamente involucrados, sino también a toda la comunidad de San Antonio, que observa con incertidumbre y preocupación un problema que parece una avalancha inminente".

"Sin embargo, tras la constitución de las primeras cooperativas este fin de semana, esperamos que la iniciativa del Ministerio de Vivienda prospere y brinde una solución mediante un sistema hipotecario para estas familias. Todos los habitantes de San Antonio queremos una solución definitiva para este megacampamento", recalcó la core.

No obstante, planteó que "lamentablemente, el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente en materia de vivienda, dejando a muchas familias sin respuesta durante décadas. Es momento de encontrar una alternativa real y efectiva que descomprima esta verdadera olla a presión que estamos viviendo los sanantoninos".

Avance en cooperativas

La escuela Padre André Coinde de San Antonio ha sido el lugar donde cientos de personas pertenecientes a la toma Centinela de San Antonio han llegado para avanzar en el proceso de cooperativismo impulsado por el Minvu, fórmula que se ha propuesto con el objetivo de poder llegar a un acuerdo con los propietarios del terreno y entregar una solución posible a las miles de familias que viven en este asentamiento.

El trabajo ha logrado reunir a 16 asociaciones, agrupando un total de 1963 familias, lo que se espera pueda avanzar, hasta llegar a 30 durante esta semana. Se calcula que el universo total, podría superar las 3 mil familias, porque ya se han inscrito 3.200 representantes, que se espera puedan avanzar en constituir la asociación.

"Que salga algo bueno de esa negociación, pero principalmente desistan del desalojo".

Johanna Palacios, Coordinadora de Tomas, y campamentos de San Antonio

"Esperamos que la iniciativa del Ministerio de Vivienda prospere y brinde una solución".

Romy Farías, Cora de San Antonio

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Hasta el Reloj de Flores de Viña del Mar -a metros del hotel Sheraton Miramar, donde se concentra la actividad festivalera diurna- llegó ayer al mediodía un grupo de pobladores de la toma Lajarilla, Reñaca Alto.

Con lienzos y pitos hicieron una protesta en el lugar , donde los manifestantes también entregaron un comunicado que señala que "en la Región de Valparaíso somos más de 20 mil las familias trabajadoras sin un pedacito de suelo para vivir, lo que nos obliga a establecernos en quebradas y cerros, alejados de centros de salud y educacionales, carentes de agua, electricidad, alcantarillado y locomoción colectiva, en donde el ingreso promedio por hogar nos impide arrendar y menos acceder a la mercantilizada vivienda, fuente de lucro de bancos, constructoras e inmobiliarias".

De paso, criticaron el desalojo por orden judicial fijado para el 4 de marzo atribuyendo la decisión a otros organismos. El texto señala que "sabiendo esta realidad, Gobierno y Municipalidad han ordenado para el próximo de marzo nuestro desalojo por Fuerzas Especiales de Carabineros, lanzamiento a la calle y destrucción con maquinaria pesada de nuestros hogares, en donde habitamos 24 familias, 400 seres humanos, donde hay niños y niñas menores de edad".

"La toma no es el problema: es parte de la solución que construimos con nuestro propio esfuerzo los pobladores", indican.