En estos extraños tiempos en que hasta el propio cine pareciera anticipar la proximidad de un Cónclave Papal con la laureada, aunque algo truculenta película del mismo nombre protagonizada porRalph Fiennes, el mundo cristiano reza por la salud del alguna vez arzobispo de Buenos Aires y fanático de San Lorenzo de Almagro, Jorge Mario Bergoglio, de 88 años, aquejado de una neumonia doble en el hospital Universitario de la Fundación Agostino Gemelli, en el noroeste de Roma.

Una posibilidad lejana, pero no imposible, es que Francisco tome el camino de su antecesor Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, quien renunció excepcionalmente al cargo en febrero de 2013. Con todo, y en lo que es el camino natural de la curia romana, según entendidos como Jaime Escobar Martínez, director de la revista Reflexión y Liberación, ya comienza el lobby por su sucesión, con la última renovación del cardenal Giovanni Battista Re como decano del Colegio Cardenalicio, por el propio Francisco, y papabiles como el actual secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin; el cardenal de Bologna, Matteo Maria Zuppi; el arzobispo de Nueva York, Timothy Michael Dolan; el cardenal de Malta, Mario Grech; el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa; el cardenal de Marsella, Jean-Marc Aveline; y el misionero de la Consolata, Giorgio Marengo, todos ellos auscultados por las poderosas órdenes y movimientos del Opus Dei, Comunicación y Liberación, Camino Neocatecumenal, Caballeros de Colón y la Orden de Malta. En fuentes europeas surgen posibles sorpresas como el cardenal carmelita sueco Anders Arborelius, papabile según Le Figaro; el conservador congolés Fridolin Ambongo Besungu; el exmédico de los Países Bajos Wim Eijk; el húngaro Péter Erdö; el ghanés Peter Turkson; o el reformista filipino Luis Antonio Tagle. Desde el siglo XIV el nombre ha salido del Colegio Cardenalicio, aunque también existe la muy remota posibilidad de que se elija a un arzobispo. De ahí la especulación estadounidense respecto del actual líder de la Iglesia de Boston, Richard Henning.

La situación que se vive hoy en San Antonio ante el posible desalojo de la mal llamada"megatoma", ubicada en 254 hectáreas del Cerro Centinela, se ha vuelto un problema nacional.

Primero, porque más allá de las posiciones ideológicas, los campamentos son un hecho. La información técnica con la que contamos es que el Serviu catastra 1.432 campamentos, con cerca de 130 mil personas que viven en esta situación no aparecieron espontáneamente, son producto de un problema multifactorial y que se arrastra por la insuficiencia crónica del Estado para abordar el tema del déficit habitacional, que el mismo organismo estatal nombrado cifra en mas de un millón doscientas mil viviendas a nivel nacional.

Este es el dato del Chile de hoy, pero lo cierto es que las tomas y campamentos han estado presentes a lo largo de nuestra historia, por la citada dificultad de adquirir una vivienda en nuestro país.

Segundo, no podemos desconocer lo importante que es el derecho de propiedad en nuestra legislación, es extensamente tratado y forma una piedra angular de la actual Constitución. Este ha sido la base de la defensa de la Inmobiliaria San Antonio, dueña del predio, que intentó infructuosamente por la vía Civil ordinaria y la Penal lograr la materialización del desalojo, cuestión que solo logró a través de un recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Valparaiso, confirmado posteriormente por la Corte Suprema.

Jurídicamente, es un tema entre privados, entre dueños y pobladores ocupantes si se quiere, pero es innegable que hay un trasfondo social y humanitario subyacente a esa relación privada. Estamos ante un problema público, no es solo un conflicto entre privados, acá el Estado ha fallado.

Tercero, el eventual desalojo amplía y agrava la fragilidad social, no solo de los habitantes del campamento, sino de la comuna y provincia de San Antonio. La amenaza de poner a 10 mil personas en la calle, sin contar con las dificultades operativas y técnicas, genera incertidumbre, pues hablamos de una problemática imposible de abordar para nuestra comunidad. La información otorgada por Serviu, precisa que las familias que viven en el lugar son en su mayoría de San Antonio y Cartagena, no contando con una segunda vivienda, como en algún momento se afirmó sin fundamento.

Por último, es imposible desatender el tema humanitario, contemplando sobre todo la gran cantidad de personas mayores y menores de edad que habitan el lugar, a quienes la vulnerabilidad de su entorno familiar ha llevado a vivir esta situación sin responsabilidad alguna de su parte. ¿A dónde se irían vivir las familias? ¿Se instalarán en el borde costero o en plazas? El citado "problema entre privados" deja de serlo al tener estas consideraciones, transformándose en un evidente asunto social y público.

De parte del gobierno se ha planteado como alternativa que las familias se asocien en cooperativas y compren los terrenos a la inmobiliaria. Más de una vez hemos oído a dirigentes y vecinos del campamento señalar que lo que quieren es comprar a un precio justo y razonable. Miremos el asunto de frente y formenos un precedente virtuoso en los hechos, en el derecho y en la vida comunitaria.