Claudio Ramírez

A fines de enero, el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, Jorge Bustos, realizó una presentación ante la Contraloría Regional, a través de la cual pidió un dictamen de la entidad respecto a la legalidad del denominado "Acuerdo por Valparaíso", el cual se firmó en octubre de 2023 y que tuvo como protagonistas a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), el municipio porteño y al Gobierno Regional.

El objetivo de este pacto es allanar la expansión portuaria en el contexto de un plan estratégico que incluye mejorar el borde costero de la ciudad, iniciar los estudios para un muelle de cruceros y propiciar la creación a nivel legislativo de un mecanismo que le permita a la ciudad verse beneficiada de manera directa con la actividad portuaria.

Espera informes

Este proceso ante la Contraloría dio un nuevo paso hace unos días, luego que se solicitara a los tres actores remitir a la entidad fiscalizadora todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación realizada por el director ejecutivo de la fundación.

"Se pidió por oficio a los tres involucrados en el acuerdo tener que entregar informes jurídicos respecto a la legalidad del acuerdo en 10 días hábiles a contar de la notificación", precisó Bustos, añadiendo que, a su juicio, las autoridades deben abstenerse de participar en este tipo de instancias, pues restan todavía algunos pasos como la tramitación ambiental que busca obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Complementaria para la ampliación del Terminal Dos. Es más, para el director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, este es un proceso distinto, pues la iniciativa tuvo cambios significativos respecto a la original.

En lo que respecta a la participación de las autoridades, indicó en la mencionada presentación ante la CGR la importancia del principio del deber de la abstención, que impide al gobernador y al alcalde participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad.

Otro aspecto que preocupa a Bustos y que califica como su preocupación de fondo, tiene que ver con la posibilidad que se discute actualmente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de que la próxima licitación del puerto de Valparaíso sea con un frente único. "El fondo de mi denuncia tiene que ver con el monopolio, no es posible que después de ver el empobrecimiento de la ciudad producto de la política monopólica que ha aplicado la empresa portuaria, hoy día esa misma política se quiera potenciar y dejar a un solo operador en el puerto de Valparaíso", opinó, añadiendo en esa línea que no es posible que el gobernador y el alcalde en su momento hayan apoyado esa concentración.

Conciliar voluntades

Por su parte, desde la EPV señalaron que lo que hace esta iniciativa es conciliar voluntades en base a un diálogo con la comunidad.

"El Acuerdo por Valparaíso, iniciativa que reúne los consensos alcanzados tras un extenso proceso de diálogo con representantes de las diversas vocaciones que conviven en Valparaíso, concilia las voluntades en torno a una mirada de desarrollo de la actividad portuaria y su vínculo con la ciudad y la región, a través de compromisos que hemos asumido", indicaron desde EPV.

Agregaron que están dispuestos a entregar todos los antecedentes requerido por el órgano contralor para resolver. "Como Empresa Portuaria Valparaíso nos asiste la convicción de estar actuando dentro de los marcos jurídicos y por el bien de la ciudad y la región. En este contexto, enviaremos la información solicitada por la Contraloría General de la República".

Desde la Unidad de Fiscalía del Gobierno Regional indicaron que el Acuerdo por Valparaíso "constituye una manifestación de voluntad política de diversas instituciones, servicios, entidades y actorías, en miras a mejorar el desarrollo de la Ciudad Puerto, con acento en la descentralización fiscal y la mejora de la vida de los habitantes de la Región, de tal manera de impulsar la actividad portuaria, siempre dentro de los procesos y procedimientos que establece la normativa vigente, amparados, además, en el principio de coordinación que rige el actuar de los servicios públicos, y sin que ello implique una vulneración a las normas de probidad ni menos aún que signifique soslayar o condicionar los procedimientos ambientales a los cuales deben someterse los proyectos respectivos".

"Se pidió por oficio a los tres involucrados en el acuerdo tener que entregar informes jurídicos respecto a legalidad del acuerdo".

Jorge Bustos, Fund. Defendamos la Ciudad

"Como empresa portuaria nos asiste la convicción de estar actuando dentro de los marcos jurídicos y por el bien de la ciudad y la región".

Declaración de EPV