La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció anteayer el estado excepcional de emergencia por catástrofe y el toque de queda -desde las 22 horas del martes hasta las 6 am del miércoles- por el masivo corte de energía eléctrica que iba desde Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos, afectando a unas 19 millones de personas, pero dejó en el aire un detalle muy importante: no suspendió la tercera jornada del Festival de Viña, contando con los generadores propios y a la espera de la reposición del sistema o que milagrosamente se echara a andar la subestación de energía de Quintero.

La situación, coordinada con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y la productora Bizarro (responsable del Festival de la Canción), terminó con la irresponsable apertura de las puertas de la Quinta Vergara a las 19 horas para unas 5 mil personas que se agolparon en sus puertas y quienes, de haberse suspendido a tiempo, bien pudieron trasladarse a sus casas con luz natural.

Como no mucho de lo presupuestado funcionó, se optó pasadas las 20.30 horas, a sugerencia de Bizarro, por cancelar la noche y postergar la presentaciones de Morat, Pedro Ruminot y Sebastián Yatra para el día sábado 1 de marzo, lo que recién fue comunicado por el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (¿era necesaria tanta burocracia?), a las 21 horas.

De tal manera, se provocó la salida de cientos de personas, entre confundidas y molestas por la inoperancia de las autoridades y la organización, en busca de transporte, algún lugar abierto para comer o lo que fuera, lo que por supuesto aún no había, pese a que a esa misma hora comenzaba a reponerse el suministro eléctrico con regularidad.

Tratar el evento como otra desprolijidad del Gobierno no sería justo. Pero sí hay que hincar el diente a la inexistente autoridad de la DPR y la Gobernación.

Hoy se conmemoran 15 años del sismo-tsunami Mw 8.8 que afectó a seis regiones de la zona centro-sur de Chile, donde reside el 80% de la población del país y se concentran sus principales actividades productivas. Como resultado de este desastre -el más severo de las últimas seis décadas-, más de 500 personas fallecieron y miles resultaron heridas. Además, se registraron enormes pérdidas materiales y económicas, lo que implicó que el proceso de reconstrucción se prolongara por más de una década.

Cientos de estos fallecimientos fueron provocados por el tsunami que comenzó a inundar las costas pocos minutos después del terremoto. Esto ocurrió sin que los habitantes de las zonas afectadas recibieran una alerta para evacuar, debido a una falla generalizada en los sistemas de monitoreo temprano y comunicación de emergencias del país. Aunque en muchos lugares la experiencia histórica y la cultura de prevención permitieron que la población evacuara de forma autónoma hacia áreas seguras, la reacción general fue de sorpresa y confusión ante el fenómeno. Esta situación se agravó por los escasos esfuerzos realizados hasta ese momento para capacitar a la población sobre cómo reaccionar ante amenazas de este tipo, sumado a la alta exposición derivada de la intensiva ocupación de la zona costera, tanto en actividades transitorias como en el crecimiento urbano.

Las mejoras y aprendizajes posteriores han sido significativos. Por un lado, los avances científicos -en los que investigadores de la Universidad Técnica Federico Santa María han desempeñado un rol clave- han permitido profundizar en la comprensión geofísica de los tsunamis, sus potenciales impactos y las estrategias para mitigar dichos efectos. Por otro, los sistemas de alerta temprana, monitoreo y difusión de avisos -elementos clave para la evacuación- han sido actualizados y fortalecidos; asimismo, se han mejorado los programas de educación y capacitación, y se ha avanzado en la incorporación del riesgo por tsunami en los instrumentos de planificación territorial. Aunque estrategias como la evacuación vertical aún no han sido incorporadas de manera oficial en el sistema de gestión del riesgo en Chile, es posible afirmar que nos encontramos en una situación notablemente mejor que la del 27 de febrero de 2010 para responder a este tipo de desastres.

Por último, es necesario subrayar que durante eventos de desarrollo rápido como sismos, tsunamis e incendios forestales, la población debe ser capaz de reaccionar de forma autónoma y expedita para salvaguardar la vida. Esto requiere la integración de actores y responsabilidades compartidas en la sociedad, tales como la entrega oportuna de información confiable por parte de las autoridades, la implementación y fortalecimiento continuo de estrategias de educación y capacitación para la prevención, la existencia de planes familiares de respuesta a la emergencia y la conformación de un entorno urbano que ofrezca un soporte adecuado a dichas respuestas.