El rechazo de la Corte de Apelaciones al recurso que solicitaba un aplazamiento del desalojo de 350 personas ubicadas en la toma de terrenos Edén, de Lajarilla, en el sector de Reñaca Alto, Viña del Mar, pone el sello definitivo a un procedimiento que ya había sido postergado varias veces, pese a tener las coordinaciones adecuadas por parte de la autoridad. Los vecinos afectados, cerca de 85 familias, reconocieron en los últimos días su intención de abandonar voluntariamente el predio que habían ocupado ilegalmente, pero advirtieron que necesitaban más tiempo para conseguir una reubicación estable y legal que evitara el riesgo de caer en una solución sin sentido, como era trasladarse a otros asentamientos bajo condiciones de ilegalidad. Como señal de que los procesos legales deben cumplirse en los plazos que establece la Justicia, la decisión tomada por la Corte de Valparaíso es ejemplar y pone sobre el municipio de Viña del Mar, la Delegación Presidencial Regional y los organismos que deben cooperar en el proceso, entre otros las policías, en la difícil misión de garantizar que sea rápido, limpio y expedito, capaz de demostrar que están a la altura de lo que deben hacer cuando la Justicia lo exige.

En términos generales, lo que ocurra hoy en la toma de este predio en Lajarilla representará una suerte de contraste con lo que ocurre en el campamento del cerro Centinela, en San Antonio, cuya orden de desalojo se transformó en una negociación. Ambos casos desnudan el fracaso de los planes de reubicación y radicación, cuya lentitud pone a la solución muy por detrás del ritmo de crecimiento que tienen las tomas, pero también dejan en evidencia las contradicciones de la autoridad en este tema. En términos más particulares, el acto mismo de desalojo debe hacer reflexionar a las instituciones involucradas sobre las capacidades reales para asumir esta responsabilidad en el resto de los asentamientos ilegales que hay en la zona, tal como lo exige la ley, o si debe prepararse mejor para ello.

La Corporación de Bienes de Capital (CBC) acaba de entregar su Reporte Quinquenio 2024-2028, correspondiente al cuarto trimestre del 2024. En términos agregados, el catastro en comento registra 960 proyectos al 31 de diciembre del año pasado, con una inversión estimada de US$ 68.597 millones para el período 2024-2028, de los cuales el 78% del financiamiento es privado y el 22% estatal. El 59% del catastro proyectado proviene de proyectos en construcción y el 37% de iniciativas de ingeniería, y los sectores con mayor participación son la minería, con un 34%; las obras públicas, con un 29%; la energía, con un 19%, y el inmobiliario, con un 11%. Es importante reseñar que las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Atacama y Coquimbo concentran el 70% del total nacional.

En relación con el trimestre inmediatamente anterior, la inversión creció en un 7,4%, impulsada por 80 nuevos proyectos que sumaron más de US$ 5.000 millones en cinco años, y para el 2025 se prevé un crecimiento del orden del 8% respecto al 2024. Las estimaciones mostradas en el Reporte del cuatro trimestre son convergentes con lo señalado por el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre del Banco Central de Chile, que describía que "la formación bruta de capital fijo continúa recuperándose" y que "esto nuevamente se explicó por la expansión trimestral que mostró el componente de maquinaria y equipos, lo que contrasta con el estancamiento que mantiene la parte de construcción y otras obras. A nivel sectorial, persiste la heterogeneidad en la inversión que fue reportada en el IPoM anterior, caracterizada por un fuerte impulso en el sector minero y un rezago en el resto de los rubros".

Respecto a la inversión proyectada para nuestra Región de Valparaíso en el quinquenio 2024-2028, esta alcanza a US$ 1.868 millones, con 68 proyectos, de los cuales un 62% son de financiamiento privados y un 38% de financiamiento estatal. La inversión proyectada para el quinquenio representa el 2,7% del total, bajísimo si lo medimos con nuestra participación en el PIB regionalizado del país al 2023, que era del 8,1%.

Sin embargo, es muy necesario reiterar que la inversión, en conjunto con la productividad, se constituyen como variables centrales para el crecimiento futuro y, también, para la sustentabilidad del desarrollo. Llevamos una década de bajo crecimiento a nivel nacional y, en el ámbito de nuestra región, un crecimiento cero en términos de PIB per cápita. En consecuencia, tenemos que tomarnos en serio los bajísimos niveles de inversión proyectada para el quinquenio 2024-2028, equivalente sólo a un tercio de nuestro peso regional en el país, además de una relativa baja de la inversión privada si lo medimos respecto a la media nacional, prácticamente 12 puntos menos.

Si queremos potenciar el crecimiento de nuestra economía regional, hay que diseñar una política pública que incentive la inversión con una perspectiva estratégica y minimice, en términos sistémicos, los enormes costos que involucran los excesivos tiempos asociados a los permisos y regulaciones sectoriales en el contexto de los horizontes cronológicos de los proyectos de inversión que se han transformado en barreras relevantes para la materialización de muchos proyectos.