Redacción

En bloque respondieron las autoridades de gobierno a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que expresó en un comunicado su preocupación sobre "la crisis de violencia criminal que azota al país", donde sumaron que: "Chile está perdiendo la batalla contra la inseguridad".

Al respecto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, calificó como "lamentables" las declaraciones. En conversación con Radio Duna, afirmó que las palabras de la multigremial fueron producto de que "no conocen el trabajo que hemos desarrollado en conjunto o es por sacar una declaración más".

Por su parte el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió en Radio Infinita que, "lo que uno esperaría es que una organización gremial entienda que el tema de la lucha contra la delincuencia no es una batalla. No es algo que se resuelva a través de una medida, sino que es una lucha permanente".

"El ímpetu con el que el Gobierno ha actuado transformando esto, que ni siquiera tenía mayor figuración en su programa, en la mayor prioridad de política pública. Incrementar significativamente los recursos para seguridad pública y administración de justicia, aprobar toda la legislación que se ha aprobado", explicó el titular de Hacienda.

Álvaro Elizalde, ministro del Interior, también respondió: "La seguridad es una prioridad para el Estado de Chile y hemos iniciado una política, incluso con acuerdos sustantivos con sectores de la oposición con el objeto de sacar adelante una serie de iniciativas. La actualización del marco normativo que se desarrolló en el Congreso Nacional ha sido posible por los acuerdos".

Finalmente, el subsecretario del Interior Luis Cordero, respondió duramente a la CPC. "Lo que me preocupa, esencialmente, es que la CPC mire los temas de seguridad como si fuera desde la galería".

Agregó que, "los temas de seguridad son un compromiso del país en el cual el sector privado cumple un rol bien relevante. No cumple un rol simplemente pasivo de observador, sino que cumple un rol activo", sentenció la autoridad.

Este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó nuevos detalles sobre el secuestro de una menor de edad en Conchalí, tras la detención de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Desde PDI explicaron que el padre de la menor de siete años había sido raptado el día miércoles por los criminales, sin embargo, logró escapar, por lo que el delito sería para vengarse del hombre.

"Esta situación genera represalias por parte de esta banda criminal y procede al secuestro de la mujer, primeramente, y luego de casi una hora van nuevamente hasta ese domicilio, en donde le generan lesiones cortantes al padre, para llevarse a la menor", detalló el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI.

Ambas fueron halladas en "buenas condiciones" en la comuna de Renca, aproximadamente cuatro horas después de haber sido raptadas, según detallaron desde PDI.

Ambas víctimas fueron trasladadas por cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) a un mismo lugar de cautiverio en Estación Central.

A su vez, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, valoró el trabajo del Ministerio Público y la PDI por esclarecer rápidamente los hechos: "El mensaje que está detrás de eso tiene que ver con que en el sistema chileno la impunidad es dificultosa o sencillamente imposible".

En la vida de las sociedades se da una cierta ecuación: en la medida en que disminuyen los poderes represivos no crece necesariamente la libertad, sino que muchas veces aumentan los de carácter opresivo. En Chile, sin embargo, durante muchos años cundió la ingenuidad. Se pensó que ya no necesitábamos servicios de inteligencia, que eran propios de los regímenes dictatoriales. Por otra parte, desde las cátedras universitarias, el arte, el Congreso y los matinales se socavó de manera sistemática la legitimidad y la acción concreta de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ella se asoció a los peores recuerdos del pasado y fue vista como un obstáculo para el reencuentro de todos los chilenos.

Este proceso tiene sus raíces intelectuales en diversas filosofías que consideran que el poder estatal es ilegítimo (sería un macho violador, por ejemplo) y que las relaciones humanas verticales son siempre opresivas. Todo esto se vio con enorme claridad en los sucesos del 18 de octubre de 2019 y meses posteriores. Destacadas figuras de la izquierda que hoy nos gobierna se dedicaron no a condenar los abusos que tuvieron lugar por entonces, sino a impugnar de modo general a los uniformados e incluso promover una refundación de los cuerpos policiales.

Parecía de mal gusto incluso llamar al terrorismo por su nombre y tomar las más elementales medidas para proteger la integridad de los ciudadanos corrientes y los bienes públicos y privados amenazados. Si queremos ser justos, hay que decir que esta actitud no fue patrimonio tan solo de unos pocos políticos de izquierda, sino que caracterizó todo el clima político de entonces, de modo que los chilenos no somos del todo inocentes respecto de lo que vino después.

De manera constante se erosionó la noción de límite. Esto fue visible en algo tan elemental como la protección de nuestras fronteras, pero tampoco se respetaron los límites protectores de los fondos previsionales, que deben ser sagrados, la deuda pública creció de manera desmesurada, y se violó sistemáticamente la Constitución hasta el punto de que tuvimos un parlamentarismo de facto.

¿Qué sucedió? Que se cumplió a la perfección la ecuación señalada. En ese clima cultural, había quedado completamente establecido que los poderes represivos eran malos. Debilitados, ellos se retiraron. Sin embargo, en ese espacio vacío no creció la libertad, sino toda suerte de poderes opresivos. Ya antes del 18 de octubre se habían generalizado los portonazos, las encerronas, las tomas y los bloqueos de caminos. A partir de esa fecha, la violencia adquirió tonos románticos. Se pensó que nacía un nuevo Chile. Los indultos de las autoridades indultaron entregaron una señal preocupante: una buena intención justifica cualquier cosa. Después vinieron las bandas importadas del extranjero, que se sumaron a las chilenas.

Hasta hace unos años, incluso los delincuentes tenían una cierta ética que los llevaba a no producir más daño que el necesario para llevar a cabo su delito. Si se buscaba robar, no se mataba. Si había que matar, sólo se disparaba contra el enemigo directo y jamás contra los niños. Los ajusticiamientos se llevaban a cabo en lugares discretos, no en la vía pública.

Todo esto pertenece al pasado y hoy nos enfrentamos a una criminalidad desatada. Superada la borrachera de la época octubrista, el país ve la violencia sin romanticismo y tiene miedo. ¿Es bueno eso? En una circunstancia así es la única reacción sana. Pero el miedo es una condición necesaria mas no suficiente para encarar esa violencia.

¿Qué vamos a hacer? Lo primero es dejar de lado esas disparatadas filosofías que no reconocen que existen formas legítimas de represión. Ellas, por supuesto, han de sujetarse al derecho; sin embargo, no podemos equiparar la situación de quien, al repeler la violencia de un delincuente, se excede en el uso de la fuerza, con las acciones que desde un principio resultan contrarias a la ley. No podemos pretender que los encargados del orden cumplan su misión si los ciudadanos no la comprenden y valoran.

Por desgracia, el combate a la violencia opresiva tomará mucho tiempo. Si alguien dice otra cosa esa es una buena razón para no elegirlo. Necesitaremos autoridades firmes y prudentes, pero no nos engañemos: vienen años difíciles.