El expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció ayer por videoconferencia ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde, con apariencia de salud frágil, confirmó su nombre y fecha de nacimiento desde el centro de detención, al tiempo que denunció su "secuestro" desde Filipinas.

Fue una audiencia breve, pero tanto el expresidente como su abogado, Salvador Medialdea, dejaron claro por dónde irá una parte de su defensa: a sus 79 años, tiene una salud delicada, apariencia de agotamiento y fragilidad, y "no está en condiciones de aportar nada", ni siquiera a la audiencia que tuvo lugar ayer y que supuso su primera comparecencia ante la CPI por crimen de lesa humanidad.

Los médicos del Centro de Detención de la CPI, donde ingresó el jueves tras pasar una noche en observación en el hospital, no están de acuerdo: los doctores creen que "sí está en forma" y "mentalmente consciente", aunque admiten que es mayor y acaba de "realizar un largo viaje con una diferencia de tiempo considerable" desde Manila a La Haya, por lo que se le autorizó a participar en la audiencia de ayer por videoconferencia.

Con dificultades

De traje y corbata azul, Duterte frente a una cámara, mantenía las manos cruzadas y mostraba dificultades para sostener la cabeza y vocalizar. La presidenta de la Sala renunció a pedirle que se pusiera de pie, como es habitual en estos casos, y le permitió escucharla sentado.

"Mi nombre es Rodrigo, mi segundo nombre es Roa y mi apellido es Duterte, Du-ter-te". Estas fueron de las pocas palabras que pronunció, con una dificultad aparente, el que fue alcalde de Dávao durante tres períodos diferentes entre 1988 y 2016, y después presidente de Filipinas hasta junio de 2022, épocas en las que habría sido responsable de asesinatos como crimen de lesa humanidad en su 'guerra contra las drogas' en diferentes partes del país.

"Un secuestro"

Medialdea habló de una "entrega extrajudicial" por parte de Manila y tildó lo ocurrido de "pura y simplemente un secuestro" por parte de su propio país. Además, consideró que la extradición a La Haya se realizó "de forma coordinada por adelantado" como parte de lo que llamó un "ajuste de cuentas políticas" en Filipinas.

La audiencia de ayer no fue el inicio oficial del juicio. La primera sesión, que será para confirmar los cargos, tendrá lugar el próximo 23 septiembre y el procedimiento judicial se llevará a cabo en inglés, a petición del propio expresidente, según anunció ayer la CPI.

El grupo Hamás confirmó ayer, al cierre de esta edición, haber aceptado reanudar las negociaciones indirectas con Israel y se mostró dispuesto a liberar al soldado de doble nacionalidad estadounidense-israelí Edan Alexander, además de los cuerpos de otras cuatro rehenes en la segunda fase.

"Ayer, la delegación de líderes de Hamás recibió una propuesta de los hermanos mediadores para reanudar las negociaciones. El movimiento respondió responsable y positivamente, y presentó su respuesta esta mañana, incluyendo su acuerdo para liberar al soldado israelí Edan Alexander, ciudadano estadounidense, además de los cuerpos de otras cuatro personas con doble nacionalidad", dijo el grupo en un comunicado en Telegram.

Según confirmó a Efe un alto miembro de Hamás, lo cuerpos sin vida se corresponden con los de los cuatro israelíes con doble nacionalidad estadounidense que aún permanecen en el enclave. Estos son los de los también soldado Itay Chen y Omer Neutra -muertos en el ataque del 7 de octubre-, y la pareja de ancianos Judith Weinstein y Gadi Haggai, también asesinados ese día en el kibutz Nir Oz.

La nueva propuesta respaldada por el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, barajaba la liberación de cinco rehenes vivos a cambio de 50 días de alto al fuego en Gaza, en los que se celebrarían negociaciones sobre la continuación del acuerdo.

La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que el gabinete de ministros se reunirá hoy por la noche, para "decidir los próximos pasos para la liberación de los rehenes", tras la propuesta.