Redacción

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) presentó este martes los resultados de la primera encuesta sobre robo agrícola en Chile, evidenciando el impacto de la delincuencia en el sector rural.

El estudio indicó que el 78% de los encuestados ha sufrido robos, y el 40% de ellos ha sido víctima de delitos en tres o más ocasiones.

"El bajo nivel de confianza respecto de la utilidad de las denuncias es preocupante. Debemos motivar a que se realicen las denuncias, pues son la principal fuente de información respecto de la ocurrencia de delitos", comentaron desde la SNA, junto con afirmar que "estamos trabajando el tema con distintas autoridades".

Como parte de las conclusiones del sondeo, la SNA expresó que basada en la información del Servicio de Impuestos Internos (SII), el sector agrícola tiene unos 76.407 RUT activos, y estas empresas tienen ventas anuales por 17.083 millones de dólares. "Si se extrapolan los resultados de la encuesta, se puede estimar que el robo total en el sector agrícola asciende a 380,6 millones de dólares en 12 meses", detalló.

En cuanto a los bienes más sustraídos, los insumos agrícolas lideran con 29%, seguidos por la producción agrícola (18%) y las instalaciones eléctricas (16%).

Críticas a ministro

El informe se reveló luego de que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, tuviera polémicos dichos hacia los alcaldes rurales a, a quienes instó a "dejar de llorar" por recursos en seguridad tras el asesinato del matrimonio González Callejas en Graneros, pues los municipios tienen más recursos por el royalty minero.

Al respecto, el presidente de la SNA, Antonio Walker, evitó entrar en la controversia, pero enfatizó el impacto del crimen en las comunidades rurales: "Las comunas rurales de Chile están de luto y profundamente afectadas por la partida de Rodrigo González y Carola Callejas", declaró.

El secretario de Estado respondió a esta molestia en radio Agricultura: "Este ministerio y el gobierno tienen mucha empatía hacia el sector. Están con los datos duros. Recibimos el país con un nivel de atentado y violencia en Malleco y Arauco de otro nivel y han bajado sobre el 60% los delitos y se implementó con eficacia el programa de cosecha segura con resultados a la vista".

No tiene ningún sentido, y tampoco hace bien a la esfera pública, quejarse con los periodistas por divulgar las filtraciones en las causas que lleva el ministerio público.

En esto, como en otras cosas de la vida, cada cual cumple con su deber.

Sobre el ministerio público pesa un deber de secreto o de discreción respecto de los antecedentes que contiene la carpeta investigativa; pero ese deber no alcanza a los medios de comunicación que no tienen ese deber, sino que, por el contrario, el suyo es divulgar todo aquello que reviste interés público.

Porque, aunque suela olvidarse, la virtud del periodismo es la indiscreción y no la reserva, el gusto por lo que se oculta y no por el disfraz que lo cubre, no la literalidad de lo que se dice, sino lo que se deja ver entrelíneas. Ese es su deber básico. Por eso toda la información que llega a manos o a oídos de los medios que, a juicio de estos últimos, posee interés público, merece ser divulgada. Por supuesto los medios o los periodistas pueden equivocarse a la hora de evaluar si algo reviste interés público o no; pero no cabe sino confiar en ellos y en su discernimiento porque la alternativa -que un tercero, por ejemplo, una autoridad, decida ex ante qué es de interés público y qué no- equivale a suprimir la libertad de información que es la base de una sociedad abierta.

Por eso no tiene mucho sentido quejarse de los medios que por estos días han divulgado conversaciones de la diputada Cariola o la exalcaldesa Hassler, porque si bien esas conversaciones son privadas por el ánimo con que se llevaron a cabo, es bastante obvio que tienen interés público atendido su contenido ¿acaso no tiene interés público la evaluación que hace una representante acerca del desempeño del gobierno del que forma parte? ¿no tiene interés público el intercambio de favores o la insinuación de que los debía haber? Se dirá que todo eso es parte de una comunicación informal y que las críticas al gobierno son fruto de una ofuscación momentánea; pero eso no despoja a esas comunicaciones del interés público que poseen. No es la individualidad, ni la vida sentimental, ni los temores íntimos lo que se ha divulgado, sino la reacción de una política frente a su propia tarea y su propio desempeño ¿Qué se trata de dichos en momentos de ofuscación? Tampoco eso los inmuniza frente a la mirada ajena si se habla del manejo de los asuntos gubernamentales.

Lo que más bien llama la atención es que se alce la voz al cielo por la difusión de esas conversaciones, y se haya guardado silencio con la búsqueda inquisitorial que el propio ministerio público llevó a cabo en otros casos, como el caso Hermosilla, donde se llevó a cabo una búsqueda de delitos deliberada mediante la revisión pormenorizada de comunicaciones. No buscando delitos que se supiera se cometieron, sino tras aquellos que se supone debía haber cometido. Es mal síntoma del escrutinio público que se alce la voz frente a un caso de interés público, y no se digan nada, o se aplauda, la actitud inquisitiva del ministerio público cuando, como ha ocurrido en otros casos, hurga y revisa con detalle y pormenor las comunicaciones no tras un delito determinado, sino en pos de cualquiera que quien firma las comunicaciones pudo haber cometido.

En cualquier caso y en lo que respecta al caso Cariola no cabe duda de que no se ha infringido la privacidad, ni violado un deber de discreción en cualquier caso inexistente para los periodistas que, afortunadamente para la democracia, ejercen lo que con toda justicia podría llamarse la profesión indiscreta.