Resulta singular que en Chile se mantenga abierto el debate en torno a los cambios de hora. La discusión se reactivó en las últimas semanas, debido a la modificación que ocurrirá este sábado 5 de abril, cuando a la medianoche los chilenos -salvo en las regiones de Aysén y Magallanes- deban regresar sus relojes a las 23 horas, dando inicio al llamado horario de invierno. Este durará hasta la segunda semana de octubre, cuando deban adelantar de nuevo los relojes, a menos que el Gobierno zanje la discusión con criterio científico. Lo curioso no es solamente que Chile mantenga este cambio permanente, cuando las razones originales de su implementación, los problemas de abastecimiento eléctrico debido a una extensa sequía, están ya largamente superadas, sino que persista en un huso horario que no tiene ninguna vinculación real con aquel que le corresponde. Desde el punto de vista científico de la cronobiología, el mensaje es claro: se debe mantener un horario constante todo el año y este debe ser el de invierno, porque nos permite despertar con la mayor cantidad de luz posible en la mañana, un factor esencial que nuestros cuerpos necesitan para poder empezar a funcionar de mejor forma. Tan así es, que en su reciente comparecencia ante la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia Tecnología e Innovación del Senado, el experto John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, advirtió que la alteración por largos periodos del ciclo circadiano provoca un jet lag social con graves impactos en la salud física y el desempeño laboral de las personas. La recomendación científica es eliminar el cambio de horario de primavera y mantener el huso horario que estará vigente desde este domingo en nuestro país. Tal decisión, que requiere un acto administrativo del Gobierno, sería la más adecuada para la salud de la población y debería imponerse sobre las otras consideraciones que siempre están presentes en este debate.

En la antesala de las elecciones presidenciales, han surgido propuestas llamativas desde la derecha, como la restitución de la pena de muerte, impulsada por Evelyn Matthei. Este debate, que parecía superado, vuelve con fuerza mediática. Sin embargo, más allá de su impacto electoral, la propuesta enfrenta un obstáculo insalvable: el Pacto de San José de Costa Rica.

Este tratado, ratificado por Chile en 1990, prohíbe restablecer la pena de muerte en los países que la abolieron. Su reinstauración implicaría romper este acuerdo internacional, dañando la reputación del país y afectando su capacidad de negociación con economías desarrolladas.

Más allá del impedimento legal, la pena de muerte no ha demostrado ser efectiva en la reducción del crimen. Estudios muestran que no hay relación entre su aplicación y la disminución de homicidios. En EE.UU., donde algunos estados la mantienen, las tasas de homicidios no son menores que en los que la han eliminado. La delincuencia responde a factores como la desigualdad y la falta de oportunidades, no a la existencia de la pena capital.

El impacto de esta medida no es sólo legal, sino también económico. La Unión Europea exige altos estándares en derechos humanos para sus acuerdos comerciales, y desconocer el Pacto de San José podría traer restricciones y sanciones. Además, abandonar este tratado afectaría la estabilidad institucional y la inversión extranjera.

En la región, sólo Venezuela ha dejado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un país sumido en crisis. Seguir ese camino sería un golpe para Chile, debilitando su imagen y confianza en el Estado de derecho.

En este contexto, la propuesta de pena de muerte responde más a un discurso populista que a una solución real. La ciudadanía exige respuestas concretas frente a la delincuencia, no medidas inviables que sólo desvían la atención de los problemas reales.

El desafío para los líderes políticos no es alimentar debates estériles, sino recuperar la confianza en las instituciones. La crisis de legitimidad en Chile, marcada por escándalos como el caso Hermosilla y el desafuero de parlamentarios, ha debilitado la credibilidad del sistema político.

Chile necesita soluciones responsables para fortalecer el Estado de derecho. No se trata de revivir una pena abolida globalmente, sino de mejorar la administración de justicia, invertir en prevención del delito y atacar las raíces de la criminalidad.

Las promesas electorales sin sustento sólo generan frustración social. Si realmente queremos un país más seguro y justo, el camino está en reformas concretas, sostenibles y enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y la democracia.