En tiempos inciertos como los que corren en Chile y el mundo, recuperar la esperanza de un futuro mejor resulta un ejercicio urgente.

El derecho a soñar en un proyecto de transformación democrática, social y humanista requiere volver a ponerse en marcha, porque hay mucho en juego.

El mundo está atravesado por guerras de todo tipo. Nunca antes en la historia pocas manos habían concentrado tanta riqueza y poder provocando miseria, pobreza y desigualdad en millones de personas. Los efectos del calentamiento global se dejan sentir en todas las latitudes y no parecen detenerse. El auge de la extrema derecha amenaza con destruir la convivencia social y los fundamentos de la democracia.

El país está cansado. Cansado de no resolver una permanente contradicción, porque pese a tener con una rica cultura e historia, ser bendecido por un territorio lleno de riquezas y contar con un pueblo trabajador, esforzado y solidario, su clase dirigente ha carecido de la imaginación y audacia para hallar un horizonte de desarrollo y bienestar para la toda la nación.

Ante este cuadro, debemos reivindicar una visión audaz y transformadora para Chile que permita redefinir nuestra posición en el mundo y así tener una voz ante los desafíos planetarios contingentes y que nos permita redescubrir las potencialidades de nuestro país dados por su geografía y recursos privilegiados. Todo esto para posibilitar un nuevo modelo económico y social que brinde una mejor vida a las actuales y futuras generaciones, a partir de una mirada humana y sostenible sobre el desarrollo.

Nuestra mirada debe dirigirse al océano, esa inmensidad azul que tranquila nos baña.

¿Por qué el océano?

El océano es el sostén de la humanidad y gran reserva de las más variadas formas de vida. Posee un valor ecosistémico aún inexplorado, tanto así que sólo se conoce un tercio de las especies que lo habitan.

En su suelo y subsuelo marino existen abundantes e innumerables recursos naturales aún inexplotados. Plata, oro, cobre, manganeso, cobalto, zinc y otros materiales se encuentran en mayor abundancia y concentración que en las minas terrestres.

Los océanos son los verdaderos pulmones del planeta porque producen la mitad del oxígeno de la atmósfera. Además, controlan el clima global, puesto que dominan los sistemas de energía, agua y carbono de la Tierra.

Son soporte vital, ya que contienen el 97% del agua que existe en el planeta, generan cuantiosos alimentos del que depende la dieta de más de 3.500 millones de personas y son una fuente de energía única que podría electrificar ciudades enteras.

Los océanos son también un motor para el desarrollo económico de los países, porque aproximadamente el 60% del PIB global proviene de actividades económicas vinculadas a los océanos y por éstos se desplaza el 90% del comercio de mercancías.

La gran mayoría de los países del mundo cuenta con acceso a los océanos. El 38% de la población mundial vive a menos de 100 km de la costa, el 50% a menos de 200 km y el 67% a menos de 400 km.

Es imposible no exagerar su importancia. La humanidad obtiene de ellos aspectos esenciales para su propia existencia y las sociedades pueden alcanzar mayores niveles de desarrollo a partir de las oportunidades que brindan los océanos.

Chile, al bañar sus costas en el océano Pacífico, la porción de agua más grande del planeta, tiene de forma natural una posición única y privilegiada. No somos sólo una larga y angosta faja de tierra, sino también un ancho y profundo territorio marítimo. No lo olvidemos.

Nuestro país y ¿América Latina? podrían ser una potencia oceánica orientada a la protección de los ecosistemas y la biodiversidad que son los fundamentos de la vida, redibujando su lugar en el mundo para enfrentar y superar las crisis actuales y prevenir las futuras.

No sólo eso. Se abriría la posibilidad de poner en marcha un nuevo proyecto de país, en cuya base se encuentre una nueva y profunda relación con el océano, para abrir un futuro más solidario, más próspero, con mayor bienestar para todas y todos.

La historia demuestra que son las naciones que dan el paso de una existencia terrestre a una existencia marítima las que producen verdaderos cambios de época. Mirado así, las posibilidades de un futuro oceánico son tan grandes como nuestra propia imaginación.

El pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley N° 21.730 que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Luis Cordero Vega, exministro de Justicia y Derechos Humanos y exsubsecretario del Interior. Se trata de un hito luego de casi dos décadas de discusión legislativa en el Parlamento, y la materialización del legítimo anhelo ciudadano por mayor seguridad frente a las nuevas formas de criminalidad que se han instalado en nuestro país con resultados, hasta ahora, más bien desalentadores.

Lo más destacado de la nueva institucionalidad es la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del ministro del ramo, quien es el encargado de asesorar al Presidente de la República en materias propias de su especialidad, y cuya principal función es la de coordinar, integrar y unificar los criterios de actuación de todo el aparato burocrático del Estado en materia de seguridad (incluyendo a los municipios y la colaboración de entidades privadas), junto con diseñar y ejecutar un plan estratégico de largo alcance con énfasis en el combate contra el terrorismo y el crimen organizado, pero orientado también a la prevención del delito, especialmente aquellos cometidos por imputados adolescentes. Para el cumplimiento de sus fines, la ley crea dos Consejos asesores: el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención del Delito, cuya función cardinal es la de asesorar al nuevo ministerio y a las subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito.

Más allá de las críticas y del escepticismo respecto de la eficacia de esta nueva institucionalidad (por ejemplo, si las competencias de los nuevos seremis de Seguridad Pública se superpondrán o no con las atribuciones de los delegados presidenciales), la entrada en vigencia de la ley plantea desafíos mayúsculos no sólo para el Estado, sino para la ciudadanía en su conjunto. La seguridad pública, a diferencia de lo que suele pensarse, no es un problema que concierne sólo a las autoridades, sino que se trata de una empresa colectiva. Ningún país exitoso en materia de seguridad ha alcanzado sus fines sin la colaboración activa de la ciudadanía.

Sin embargo, la autoridad debe dar señales claras de que se ha tomado en serio el problema de la seguridad pública. Lo anterior supone no sólo una correcta implementación de la ley, designando en los cargos más importantes a funcionarios idóneos, competentes y de comprobada experiencia, sino un cambio actitudinal. Si la ciudadanía no percibe una actuación unificada, coordinada y decidida en el combate contra el terrorismo y el crimen organizado, todos los esfuerzos legislativos habrán sido en vano. El ministro Cordero tiene el desafío de mostrar que la seguridad es una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno; algo nada fácil en un año electoral, pero indispensable para la seguridad del país a largo plazo.