La escalada arancelaria desatada por el Presidente Donald Trump en su "Día de la Liberación" instaló un manto de incertidumbre en el comercio internacional que amenaza con dejar una estela de impactos aún impredecibles a todos los países involucrados, incluido Chile. La Región de Valparaíso no se escapa de este escenario internacional, por su condición portuaria, naviera y productora de algunos de los bienes y servicios que el Gobierno de Estados Unidos incluyó en su arancel de 10% para nuestro país. Como ejemplo vale precisar que, según cifras de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Subrei) en base a las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones desde esta Región a Estados Unidos alcanzaron un monto de US$ 877 millones el año pasado, lo que es equivalente al 12% de participación en el total de envíos.

Con toda razón, la situación genera preocupación en los gremios industriales y comerciales, que ven amenazada su competitividad en un mercado tan relevante como el norteamericano, en un contexto poco favorable de menor crecimiento económico. En el peor de los escenarios, advierten, estas medidas arancelarias generan una inestabilidad que podría costar puestos laborales en la cadena productiva regional. Por ello, el llamado es a que el Gobierno analice con mesura, pero aplique con sentido de urgencia las medidas que permitirán enfrentar la política económica del Gobierno de Trump. Esto incluye solicitar al Presidente Gabriel Boric moderar el tono de algunas de sus declaraciones, que, aunque sacan aplausos entre sus incondicionales, pueden generar un ruido que afecte los acuerdos a largo plazo. Es un minuto para la acción rápida y responsable de equipos políticos y técnicos. En suma, un momento en el cual se pondrán a prueba las capacidades reales del Gobierno y sus autoridades para navegar en una crisis como no le había tocado hasta ahora.

La semana pasada, el Ministerio de Educación y las universidades representadas en el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) firmamos el "Acuerdo por el Futuro de la Formación Docente en Chile", que esperamos sea fundamental para dar solución a un problema preocupante: la disminución en el número de estudiantes que ingresan a carreras de pedagogía. En los últimos años ya se han tomado medidas para revertir esa tendencia, a la vez que aumentar el número de programas de formación pedagógica, pero estimamos necesario hacer que este esfuerzo sea permanente. En especial, es importante que el Estado, a través del ministro de Educación, reconozca que hay un problema serio y se comprometa formalmente a trabajar en las soluciones necesarias a este problema país.

Dicho compromiso fue preparado por una comisión de rectores, en que participamos las autoridades de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha, trabajando en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del CRUCH.

El acuerdo propone cinco líneas de acción, básicas pero poderosas: promover un marco normativo actualizado, flexible, equitativo que garantice un sistema de admisión a las pedagogías basado en el mérito académico y vocacional, así como la evaluación de la calidad de las carreras y programas de pedagogía según su contexto territorial; impulsar y fomentar políticas de atracción y retención de talento pedagógico; desarrollar estrategias conjuntas de vinculación con el sistema escolar; fomentar el desarrollo de programas de formación continua y apoyo a la trayectoria profesional docente, con énfasis en el acompañamiento durante los primeros años laborales; e implementar mecanismos de monitoreo que permitan asegurar que los cambios en el sistema de formación docente sean efectivos y respondan a las necesidades del país y sus respectivos territorios.

A partir de estas líneas, el gobierno elaborará los instrumentos jurídicos que se someterán al debate legislativo.

La firma del acuerdo representa un espaldarazo para nuestras universidades, fundamentalmente para las regionales, porque las soluciones que surjan no se centrarán en los criterios de selección habituales para ingresar a carreras pedagógicas (como la PAES, los puntajes y otros), sino que abordarán el aspecto vocacional y nos van a permitir elaborar estrategias para captar tempranamente a estudiantes o incluso a profesionales titulados que deseen enseñar.

Es también un reconocimiento a aquellas universidades que históricamente han trabajado en la formación docente, acumulando experiencia, conocimiento y una verdadera vocación por esta tarea. Estas universidades, que no se guían por criterios económicos o de otro tipo, ya han demostrado con su trabajo que es posible realizar los cambios que el país necesita.