Profunda preocupación provocaron los resultados de la encuesta elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) correspondiente al segundo semestre de 2024, que puso a Viña del Mar y Valparaíso como las comunas con mayor tasa de victimización a nivel nacional. El indicador llegó a un 66%, tres puntos porcentuales más que en la primera parte del año pasado y muy por encima del promedio a nivel país, que se ubicó en un 61,5%. En cuanto al tipo de delitos cometidos en el territorio, "otros daños materiales al local" lidera el listado, con un 30,2 %, seguido de "hurto hormiga", con un 29,2 %. Destacan también el hurto, con 23,4%, el robo de accesorio de vehículo de uso comercial (12,1%) y el delito económico, con 11,3%. Respecto de la percepción de seguridad del barrio donde se ubica el negocio, el 46,2% de los consultados manifestó que es poco o nada seguro; y en cuanto a la violencia con que atacan los delincuentes, un 52,6% mencionó que es mayor que hace un año y un 28,5% dijo que era igual.

Ante estos resultados, el presidente de la CNC, José Pakomio, pidió a las autoridades un plan integral que cuente con los recursos necesarios para revertir la condición de deterioro que viven los barrios comerciales tradicionales en ambas comunas. La inseguridad de barrios como calles Condell, Pedro Montt y Av. Argentina, en Valparaíso, o el Barrio Oriente y el casco fundacional, en Viña del Mar, tienen un impacto evidente en los establecimientos más pequeños, negocios cuya subsistencia está condicionada al número de gente que transita con calma, vitrinea precios y busca productos variados. La responsabilidad de las autoridades es evidente y cada día que demoren en rectificar los problemas evidentes que persisten en el ámbito de la seguridad pública provocará una profundización del dilema que enfrentan a los comerciantes de Valparaíso y Viña del Mar.

Por más de 10 años, Duna Viva -de la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro Defensa de Viña del Mar- ha liderado la defensa y protección de las milenarias dunas de Concón. Una tarea que era obligación del gobierno, las instituciones ambientales y los municipios de Viña y Concón, tuvo que ser abordada por privados, preocupados de preservar las dunas para las futuras generaciones. Así, las autoridades dejaron de cumplir con su obligación y pasaron a ser una amenaza.

Hace pocos días llegaron las primeras lluvias de la temporada y bastaron para recordarnos el grave error de haber llenado de cemento las frágiles dunas milenarias. Así, y a pocos meses de un nuevo aniversario de los primeros socavones, no existe ninguna certeza de que estos eventos, el caso de Euromarina totalmente previsible, no se vuelvan a repetir, con la tragedia humana, ambiental y social que han significado. La comisión de la Cámara de Diputados sobre los socavones concluyó que la entrega de permisos de construcción de manera indiscriminada durante las últimas décadas -sobre o alrededor del santuario dunar y la zona de riesgo- ha generado una clara sobrecarga sobre la infraestructura pública de colectores y caminos, además de amenazar directamente el patrimonio natural del Santuario de la Naturaleza de la Punta de Concón. La historia juzgará las responsabilidades de todas y cada una de las autoridades públicas que en este tiempo han tomado decisiones o han omitido acciones necesarias. Asimismo, llegará el momento de transparentar el enorme tráfico de influencia, dinero y lobby ilegal involucrado.

Es evidente que se necesitan medidas concretas y reglas claras para todos los actores, por lo que la propuesta de la "Ley Yarur Bascuñán" debiese ser un aporte para ello.

El proyecto formula la modificación del artículo 25 Bis de la Ley de Bases del Medioambiente, planteando que previo a obtener el permiso de edificación para construir en un Santuario de la Naturaleza (como las dunas de Concón), se requeriría contar con algún permiso o instrumento ambiental. Recordemos que en la actualidad la norma sólo lo exige al momento de la recepción definitiva, cuestión que ni siquiera se respetó por parte del ex-DOM de Viña del Mar en el caso del colapsado edificio Kandinsky. Esta práctica justificaba el argumento de los hechos consumados, causa daño ambiental y tragedias como las de los socavones que seguimos lamentando.

Este cambio legislativo fue acogido y ha ayudado a impulsarlo el diputado Andrés Longton, y creemos que cuenta con el apoyo de todos los colores políticos, pues vendría a entregar garantías de protección ambiental, claridades en la planificación urbana de las ciudades y certeza jurídica para la industria inmobiliaria, en coherencia con la jurisprudencia asentada, dejando atrás las largas judicializaciones y el lobby que beneficia sólo a aquellos actores que detentan más influencia y poder.