Luego de varias semanas de cuestionamientos y presiones, que terminaron por quitarle el piso político al enfermero de la Universidad de Valparaíso, Cristián Gálvez López, el Ministerio de Salud le pidió su renuncia a la dirección del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA), y puso en su lugar, de manera interina, a la matrona, también militante del Partido Comunista, Loreto Maturana. Cumplido el trámite, un coro de parlamentarios y el mismo Colegio Médico valoraron la decisión del Minsal y reiteraron sus críticas a Gálvez por su eventual responsabilidad en los graves problemas de funcionamiento que presenta el Hospital Carlos van Buren, de Valparaíso. El diputado Andrés Celis dijo que la salida del enfermero era "ineludible" y su par del radicalismo, Tomás Lagomarsino, culpó directamente al defenestrado funcionario de agravar la crisis que aqueja al principal recinto hospitalario porteño. La respuesta de Gálvez López fue igual de categórica. No solamente descartó irregularidades durante su gestión, sino que argumentó que la estrategia de entregar recursos parcelados al Van Buren se debe a que aún no está claro el origen de la abultada deuda de $ 24 mil millones que arrastra el recinto, principal razón de la querella que interpuso como director del SSVSA hace algunas semanas. Ni la salida de Gálvez ni el intercambio de declaraciones permitirá al Hospital Carlos van Buren salir del atolladero en el que se encuentra. La deuda es de tal magnitud que no solamente afecta la contratación de insumos hospitalarios, sino que pone en riesgo el cumplimiento de varias metas ministeriales en torno a listas de espera y atenciones. Por ello, el Van Buren requiere una intervención directa del Minsal; una que sea capaz de solucionar sus problemas de abastecimiento y de deuda con los proveedores, a la vez que acelera la ineludible tarea de aclarar las responsabilidades funcionarias en el camino que puso al principal centro de salud de la comuna al borde del precipicio.

El Estado ha abandonado de forma sistemática los centros de salud de la red pública, lo cual se ha manifestado en una asfixia presupuestaria que ha tenido inmovilizados a sus directivos por la falta de recursos disponibles para gestionar las instituciones que dirigen. Si bien en 2025 el Gobierno anunció con mucha estridencia un aumento del 4,2% en el presupuesto del Ministerio de Salud, este crecimiento no supera la deuda hospitalaria acumulada a fines de 2024 ni el incremento de cerca de 1,5 millones de beneficiarios de Fonasa (producto de la migración desde las isapres).

Es decir, el sector salud debe responder a una mayor población, con mayor número de personas en lista de espera y con un mayor número de pacientes con garantías GES vencidas, con un presupuesto que no logra asegurar el funcionamiento de los centros de salud más allá del primer semestre del 2025, en pleno peak de enfermedades respiratorias, donde se espera que exista una mayor demanda asistencial, dejando a la población en un escenario de riesgo. A eso se suma el ajuste fiscal decretado en enero, que recortó partidas clave para la operación de Fonasa, Cenabast, el Instituto de Salud Pública y varios servicios de Salud. En nuestra región, estamos viviendo las consecuencias de este diseño presupuestario deficiente. La crisis del Hospital Van Buren ha sido socializada por los médicos que ahí se desempeñan y por los pacientes que ahí se atienden. La deuda estimada es de $ 23 mil millones. Esto ha generado un déficit de reactivos para exámenes de laboratorio, insumos para cirugías traumatológicas, catéteres de quimioterapia y medicamentos, lo cual deteriora la atención.

Se han debido suspender cirugías programadas y varios proveedores han bloqueado el suministro por falta de pago oportuno. En medio de esta crisis, los equipos de salud trabajan sin certezas mínimas para responder a las necesidades de la población que resiente la falta de medicamentos o el aumento de tiempos de espera para cirugías urgentes; a la fecha hay más de 40 pacientes con fracturas que siguen hospitalizadas con promedios sobre los 30 días de espera. Estas situaciones no son hechos aislados de este hospital. En un recorrido por la región se observan los mismos problemas de pagos a proveedores, con el retraso de atención para los pacientes, en los hospitales Fricke, Quillota-Petorca y de Quilpué, por nombrar algunos.

Esta es probablemente la peor catástrofe sanitaria desde la pandemia y es el resultado de un presupuesto que se recorta desde el Ministerio de Hacienda, que luego se entrega de forma parcial desde los servicios de salud a los hospitales y que no permite la continuidad del funcionamiento hospitalario para el 2025.

Desde el Colegio Médico de Valparaíso hacemos un llamado urgente a las autoridades de Salud y Hacienda a corregir esta ruta, aprobando reasignaciones de recursos suficientes para dar continuidad a la atención y, sobre todo, para establecer un liderazgo desde el Minsal que contribuya a resolver estos problemas y no los amplifique. Es necesario contar con directores de servicios de Salud que logren mejorar el funcionamiento de la red y no como ha ocurrido en el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, donde los indicadores reflejan una pésima gestión.