Cristián Rojas M.

La política de gratuidad en educación superior cumple diez años y la etapa de transición está llegando a su término con la aplicación de aranceles regulados. Y si bien la mayoría de las instituciones adscritas a la gratuidad son públicas, la medida ha generado preocupación en los planteles particulares, tal como dejó de manifiesto la Corporación de Universidades Privadas, que proyecta una caída de $25.643 millones en sus ingresos, según indicaron a La Tercera.

La Universidad Viña del Mar (UVM) no tiene gratuidad; sin embargo, su rector, Carlos Isaac Pályi, advirtió sobre la política de aranceles regulados que "lo más inquietante es que anticipa los efectos del nuevo Fondo de Educación Superior (FES), hoy en debate en el Congreso, cuyo diseño podría generar un daño irreparable para la educación superior en Chile, impactando directamente a miles de familias".

A su juicio, "todo indica que, una vez más, se busca limitar el desarrollo de la educación superior privada. Es fundamental repensar estas decisiones, avanzar hacia un sistema de aranceles coherente con los estándares de calidad exigidos, transparente en su cálculo y que favorezca especialmente a las instituciones que atienden a estudiantes más vulnerables".

Comisión de expertos

Desde la Universidad Santo Tomás señalaron que "agradecemos el espacio otorgado por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) para presentar la situación de nuestra casa de estudios ante la fijación de aranceles regulados que se aplican para gratuidad. Ha sido una instancia muy valiosa para nuestra institución, que está presente en 12 regiones del país, de Arica a Puerto Montt con gran pertinencia territorial y con más de 18.000 estudiantes con gratuidad equivalente al 70% de la matrícula total".

"Esperamos que la revisión de este proceso de fijación de aranceles, preserve la calidad de la formación que se entrega a nuestros estudiantes", agregaron.

El vicerrector de Administración y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Alex Paz, señaló que "existiendo aspectos mejorables en las bases técnicas y su metodología de cálculo, particularmente en relación a los niveles de cobertura de los aranceles respecto de los costos efectivos de las instituciones. Es importante destacar que las recientes modificaciones implementadas han permitido recoger de mejor manera este aspecto en aquellas instituciones que exhiben un mayor nivel de complejidad en el sistema".

Visión de las estatales

El rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), planteó que "como suele ocurrir, hay algunas carreras que, dado el polinomio, mejoran los recursos que se obtienen por los aranceles de transición que hay actualmente, y otras que tienen ciertos detrimentos, y particularmente la Universidad de Valparaíso está haciendo un conjunto de observaciones también a esa fórmula, a la espera de lo que resuelva esa comisión".

Entre esas observaciones, precisó, "hemos advertido en nuestro caso que tenemos detrimento en particular en la carrera de Derecho, que a nuestro juicio obedece a que no están considerados debidamente todos los costos, y estamos haciendo presente ahí algunos puntos bastante técnicos".

Están en mejor pie

Corrales puntualizó que el panorama para las estatales no es tan negativo como el que plantean desde las privadas, dado que "hoy día se está operando con unos aranceles que operaron como una suerte de transición, y en general fueron bastante castigadores para las universidades del Estado, y fueron bastante menos castigadores para el caso de las privadas, y entonces, claro, cuando uno hace la comparación con esos aranceles que estábamos recibiendo las universidades del Estado, en particular la Universidad de Valparaíso, en muchos casos, o se empareja un poco la cancha, o en algunos casos tienen algunos recursos adicionales, pero eso es producto de esa línea base que estaba tan abajo".

En ese contexto, afirmó que "nosotros no tenemos una visión pesimista, porque entendemos que estos aranceles tienden a corregir una injusticia histórica que se estaba produciendo con las universidades estatales, que tiene que ver precisamente con que los aranceles de transición resultaron bastante deficitarios para nuestras instituciones. Hoy día, en parte, eso se corrige precisamente por una metodología que toma en cuenta los costos efectivos de la dictación de algunas carreras que son complejas, como por ejemplo Medicina, Enfermería, algunas ingenierías".

Costos razonables

Desde la Subsecretaría de Educación Superior plantearon que "hemos avanzado de manera sostenida en la implementación del modelo permanente de regulación de aranceles mandatado por la Ley de Educación Superior. A diferencia del sistema anterior, basado en precios históricos, este nuevo modelo se construye sobre los costos necesarios y razonables de impartir carreras, agrupadas por áreas del conocimiento".

En esa línea, destacaron que "tras cuatro años de trabajo técnico y dialogado, con participación de las instituciones y validación por parte de una Comisión de Expertos independiente, hoy nos encontramos en la fase final del proceso, que culminará este mes con la publicación de los nuevos valores regulados, aplicables desde 2026. Entendemos las inquietudes que puedan existir, pero reiteramos que se trata aún de un proceso en curso, con espacios formales de observación y respuesta en desarrollo".

"Lo más inquietante es que anticipa los efectos del Fondo de Educación Superior, (...) cuyo diseño podría generar un daño irreparable".

Carlos Isaac, Rector de la U. Viña del Mar

"Nosotros no tenemos una visión pesimista, porque entendemos que estos aranceles tienden a corregir una injusticia histórica".

Osvaldo Corrales, Rector UV y presidente CUECh

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó en el Juzgado de Garantía de Los Andes una querella en contra del alcalde de Rinconada, Juan Galdames (indep.-Chile Vamos), por los delitos de fraude al fisco, falsificación de documento público y negociaciones incompatibles, todos en calidad de autor. La acción también va en contra del funcionario municipal (Secpla) Hernán Espina, por fraude al fisco, y de Antonio Vega, por uso malicioso de instrumento público en contra de tercero.

Se trata de una compra de terrenos con sobreprecios de hasta 3.000% sobre su avalúo real, y otras irregularidades, el cual ya está siendo investigado por el Ministerio Público y había sido objeto de una denuncia por notable abandono de deberes, entablada por los ahora exconcejales Juan Castillo, Carlos Montenegro y Miguel Tamaya, quienes no aprobaron la operación.

Una sola tasación

En la querella se expone que como tasación "sólo se utilizó y exhibió el documento elaborado por el perito Aranda Rivillo como base para la 'negociación' de las futuras compras y para dar a conocer los antecedentes al Concejo Municipal, sin exponer otra(s) que permitieran al Concejo determinar los justos precios o valores comerciales de los bienes y derechos a adquirir, contraviniendo lo indicado por la Contraloría General de la República en los dictámenes N°64.729 del año 2014 y N°32.901 del año 2015, dejando de manifiesto el interés de que en definitiva sean los valores informados en la tasación los que se utilizarían para celebrar las compraventas, como en la práctica sucedió.

"En segundo término, en base a lo indicado en esa tasación, los terrenos de Las Bandurrias y Callejón Vecinal, en conjunto, no deberían sumar en su totalidad más de $230.000.000, pero el alcalde sometió a votación su compra en la suma de $960.000.000.- a pagar por ellos, toda vez que, según el documento, el avalúo de los derechos de agua correspondientes al terreno de Callejón Vecinal era de $660.000.000, los que, al tener una capacidad de extracción de 120 litros por segundo, habría justificado en cierta medida el valor de venta por dicho total. Sin embargo, estos derechos de agua de 120 litros por segundo no sólo no se incluyeron en lo vendido, sino que ellos no se encontraban siquiera inscritos a nombre del vendedor don Fernando Porcile".

"ningún hecho nuevo"

Al respecto, el abogado de Galdames, José Villagrán, sostuvo que "se trata de una acción legal que no incorpora nuevos elementos respecto a los antecedentes ya conocidos y que han sido materia de investigación".

En esa línea, puntualizó que "no existe ningún hecho nuevo en términos de presupuesto fáctico que deba ser abordado, ya que son los mismos antecedentes que han estado presentes desde el inicio de la investigación. Desde el primer día se ha colaborado activamente con el Ministerio Público y así seguirá siendo, incluso tras esta nueva presentación del Consejo de Defensa del Estado".