Gian Franco Giovines D.

Luego de cinco años de tramitación en tribunales, el Ministerio Público solicitó no perseverar en la investigación contra Julio Leigh, exdirector de Obras de Concón, quien es investigado por un presunto delito de cohecho, en una causa en la cual también figura el exalcalde Óscar Sumonte y el gerente general de Reconsa, Juan Ignacio Soza.

La indagación penal tiene su origen en diciembre del año 2020, cuando el abogado de Duna Viva, Gabriel Muñoz, presentó una querella contra Leigh por los delitos de abuso contra particulares y denegación por servicio. Lo anterior, por negarse a invalidar un permiso de obras concedido al proyecto urbanización de Reconsa "Montemar VI" -emplazado en la Calle Cornisa-, sin someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que luego fue invalidado por la Corte Suprema.

Sin embargo, la causa tomó un vuelco en el año 2022, luego de que Leigh declarara que el gerente general de Reconsa, Juan Ignacio Soza, habría intentado sobornarlo cuando aún era DOM de Concón, en el marco de una serie de reuniones que habrían sostenido. Por esta razón, el abogado Muñoz presentó una querella por cohecho y soborno contra Julio Leigh, Juan Ignacio Soza y el exalcalde Óscar Sumonte.

Fiscalía no persevera

Pero la investigación podría finalizar este miércoles. Lo anterior, debido a que el fiscal de la causa, Cristián Andrade, presentó el pasado martes 8 de abril una solicitud para no perseverar en la indagatoria.

"Esta Fiscalía ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación", comunicó el persecutor Andrade, quien estuvo a cargo de la indagatoria junto a la fiscal Vivian Quiñones.

La decisión de la Fiscalía desató el rechazo de Duna Viva, agrupación conformada por la Fundación Yarur Bascuñán y la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico de Viña del Mar. Desde la entidad fustigaron la decisión, acusando "impunidad para los responsables de la destrucción del campo dunar".

En tanto, el abogado de Duna Viva, Gabriel Muñoz, expuso que "de manera insólita la Fiscalía de Viña del Mar comunica su voluntad de cerrar la investigación de delitos graves. Hablamos de cohecho y sobornos que involucran a exautoridades públicas y a conocidos empresarios de la zona, donde se estableció una verdadera 'alianza público-privada' para destruir el campo dunar y su Santuario. Hay que recordar que fue el propio Julio Leigh quien acusó de acciones de soborno al Sr. Soza y de cohecho al exalcalde Sumonte y concejales de la época. Por lo que es incomprensible que la Fiscalía solicite el cierre de la investigación".

Un punto que remarcan desde la organización ambientalista es que aún se mantienen pendientes una serie de diligencias requeridas por la parte querellante, "esenciales para dilucidar las responsabilidades y eventuales comisiones de delitos por parte del ex-DOM, el exalcalde Sumonte, exconcejales de la comuna de Concón y el Sr. Juan Ignacio Soza, gerente general de Reconsa".

Muñoz reconoció que "nos genera gran preocupación que esta investigación se cierre sin citar a declarar nuevamente al Sr. Julio Leigh, toda vez que su testimonio fue lo que entregó los antecedentes necesarios para ampliar esta querella a las figuras del cohecho y el soborno, desdiciéndose y aminorando sus acusaciones con posterioridad, sin que la Fiscalía investigue el porqué de este giro de 180 grados por parte del ex-DOM en cuanto a las acciones del Sr. Juan Ignacio Soza".

"Nos parece una falta de diligencia grave que la Fiscalía no indague esta arista citando nuevamente a declarar al Sr. Leigh para contrastar sus versiones", remarcó el jurista.

Tras la decisión de Fiscalía, Duna Viva ingresó un escrito ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar para evitar el cierre de la causa, solicitando un total de 13 diligencias pendientes; entre ellas, las declaraciones de Soza, Sumonte y Leigh.

Niega acusaciones

Consultados por este Diario, desde Reconsa declinaron dar declaraciones. Sin embargo, el abogado de Juan Ignacio Soza, Felipe de la Fuente, negó las acusaciones: "El señor Soza jamás ha intentado sobornar al señor Leigh ni a ningún otro empleado público o privado".

Julio Leigh, en tanto, prefirió no entregar declaraciones hasta la resolución final.

El cierre de la investigación penal se decidirá hoy, a las 8.45 de la mañana, hora en que se realizará la audiencia para debatir la comunicación de no perseverar en el procedimiento, en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

"Durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación".

Cristián Andrade, Fiscal de la investigación

"De manera insólita la Fiscalía comunica su voluntad de cerrar la investigación de delitos graves. Hablamos de cohecho y sobornos".

Gabriel Muñoz, Abogado querellante

"Es absolutamente falso. Don Juan Ignacio Soza jamás ha intentado sobornar al señor Leigh ni a ningún otro empleado".

Felipe de la Fuente, Abogado de Juan Ignacio Soza

Un megaoperativo del departamento antidrogas OS-7 de Carabineros, junto al GOPE, COP y Fiscalía, permitió desarticular un clan familiar dedicado a la venta de drogas. En las diligencias, producto de una investigación por casi un año, participaron cerca de 140 efectivos policiales y se allanaron 12 inmuebles en las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, logrando la detención de 14 implicados.

Se trata de un clan familiar que, tras la fachada de un club deportivo de fútbol y una verdulería, escondían un lucrativo negocio ilícito de tráfico de drogas. Se incautaron más de 27 kilos de clorhidrato de cocaína, 548 pastillas de éxtasis, armas de fuego, 11 vehículos y dinero en efectivo, entre otras especies.

La fiscal regional, Claudia Perivancich, destacó que se trata de una investigación de larga data que permitió dar con todos los integrantes de esta organización criminal que operaba en la Provincia de Marga Marga.

"Se genera el cese de la actividad de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas", precisó la persecutora, junto destacar la incautación de pistolas, escopetas y rifles, además de una cantidad importante de munición.

"Esto da cuenta de una banda criminal que se dedicaba, por una parte, a esta actividad de tráfico, pero que también los podemos vincular con otras conductas como tenencia irregular de armas y la comisión de otros delitos violentos", expuso la autoridad.

Como fachada desarrollaban una serie de actividades propias de un club deportivo en la comuna de Quilpué y, por medio del uso de buses y otros medios de transporte, escondían el tránsito de drogas desde el norte del país para proceder a su distribución en la zona.

El clan familiar cumplía diversos roles en el proceso de distribución y venta de la droga. Para la seremi (i) de Seguridad Pública, Paula Gutiérrez, esta diligencia da cuenta del tiempo de análisis que requieren algunos procedimientos para conseguir buenos resultados.

Relevó, a su vez, el trabajo con los municipios y comunidades para la entrega de información a las policías y Fiscalía que permita recuperar espacios públicos y lograr desarticular organizaciones como esta.

"Pretendían justificar viajes de este club para realizar encuentros deportivos, y en realidad la finalidad era el transporte de droga".

Claudia Perivancich, Fiscal regional