Sebastián Mejías O.

Finalmente, la Comisión de Constitución del Senado despachó la reforma política que introduce un umbral mínimo del 5% para que los partidos puedan acceder a los escaños en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca contener la fragmentación del Congreso, pero que para las elecciones de este año contempla un criterio excepcional, más relajado, donde los partidos deberán alcanzar un 4% de los votos a nivel nacional o bien contar con al menos cuatro parlamentarios electos.

Pese al respaldo mayoritario en el Senado y el consenso en torno a la idea de que hay un número excesivo de partidos que impide el buen trabajo legislativo, hay sectores minoritarios que, pensando en los riesgos que corren en las elecciones de noviembre, se resisten a pasar por este filtro de la política.

Entre ellos está Transformar, el movimiento político que lidera el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que como todavía no es partido, necesita que la Federación Regionalista Verde o algún otro colectivo le dé cabida en una fórmula parlamentaria que todavía no está definida. Esa incertidumbre, que se suma al umbral que pretende establecer el Congreso y que deja fuera a los partidos pequeños, le preocupa al exalcalde, quien sostuvo le llama la atención "lo poco que se demoraron en tramitar este proyecto en el Senado", advirtiendo que el hecho que "se discuta y apruebe en un año electoral provoca un evidente conflicto de interés".

Desde su perspectiva, agregó que si se quiere un mejor sistema político, "este debe parecerse menos al binominal de los 90 y estar más preocupado de incluir la participación de amplios grupos sociales que cada vez están más lejos de la política". "Esta reforma es un verdadero retroceso a la democracia, al pluralismo político y a la diversidad de opinión", recalcó, llamando a la "Cámara de Diputados a que no apruebe esta ley que puede debilitar seriamente la democracia".

"traje a la medida"

En tanto, como presidente de Transformar, Rodrigo Ruiz dijo que esta reforma "lo que hace es torcer la voluntad popular", denunciando que aplicar el umbral en las parlamentarias de este año "parece un traje a la medida, sin debate de cara al país".

A su juicio, se trata de "otro intento más de reducir los canales de participación" en un sistema que ya es "altamente restringido" y donde ahora "la ciudadanía tendrá más incertidumbre sobre si su voto es realmente efectivo".

Tampoco recibieron la noticia de buena forma en el Partido Popular, que tiene a su presidente, Cristián Cuevas, y otros dirigentes regionales, como la exalcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, John Parada y Camila Zárate como cartas parlamentarias para este año.

Según Cuevas, lo que se observa "es una propuesta hecha a la medida de una élite política que actúa con miedo a perder sus privilegios", aunque dejó en claro que, como partido, "no tenemos miedo a que se eleven los requisitos para participar políticamente".

De hecho, el dirigente considera positivo "que se busque mayor calidad y responsabilidad en la vida pública, pero es fundamental evitar que estas reformas se conviertan en mecanismos para secuestrar la democracia y limitar la voluntad popular".

Precisamente, la exalcaldesa de Villa Alemana y carta del Partido Popular al Distrito 6, Javiera Toledo, también cuestionó que la llamen "'reforma' cuando en realidad es una jugada para achicar la cancha, frenar el ingreso de nuevas voces y asegurar que las discusiones sobre desigualdad, justicia social y redistribución del poder sigan quedando fuera".

Crítica en la derecha

En la derecha, el más férreo opositor ha sido el senador Rojo Edwards, dirigente y posible carta presidencial del Partido Social Cristiano, quien encuentra "razonable la idea de reducir la cantidad de partidos", aunque su preocupación, dice, "es la forma en cómo se hace", recordando que "lo importante es nunca limitar la posibilidad que un desafiante pueda hacerle un desafío a un incumbente y ganarle".

A su juicio, "lo que se está haciendo es simplemente eliminar la competencia, pero sin permitirle a la sociedad y a personas que no sean o no estén vinculadas a las élites de los partidos, ser exitosos en un desafío a un incumbente y, por lo tanto, están creando una partidocracia".

El Partido de la Gente (PDG) también corre peligro con esta reforma, dado que su mejor resultado el año pasado fue un 3,7% a nivel nacional en la elección de consejeros regionales. Según el excandidato a alcalde de Valparaíso y probable opción parlamentaria, Juan Marcelo Valenzuela, "la fuerza electoral del PDG es superior al 5%", convencido de que "vamos a sacar más de seis escaños en las parlamentarias".

De ahí que, asegura, entienden positivamente esta reforma y cómo esta se preocupa también por la indisciplina parlamentaria, un problema que dejó al PDG sin los seis legisladores que eligió en 2021. Valenzuela cree que es importante "que el parlamentario que renuncie al partido también pierda su escaño, (...) no es posible que las personas ocupen los partidos como trampolín para hacer carreras personales".

"Es otro intento más de reducir los canales de participación para un sistema político cada vez más cerrado".

Rodrigo Ruiz, Presidente de Transformar

"Lo importante es nunca limitar la posibilidad que un desafiante pueda hacerle un desafío a un incumbente y ganarle".

Rojo Edwards, Senador Social Cristiano

En diciembre pasado, un sujeto protagonizó un ataque contra el edificio consistorial de La Calera, lanzando objetos que causaron destrozos y profiriendo amenazas contra el alcalde Johnny Piraino, hechos que sólo le valieron una formalización por daños.

Sin embargo, durante la jornada de ayer el Juzgado de Garantía de La Calera formalizó al imputado por el delito de amenazas simples, a partir una querella presentada por la municipalidad, estableciendo como medida cautelar en su contra la prohibición de acercarse al jefe comunal.

Según contó el abogado del municipio, Patricio Olivares, "los hechos formalizados fueron amenazas ocurridas en diciembre pasado, donde este sujeto amedrentó a la figura del alcalde, siendo detenido, pero formalizado en su minuto sólo por el delito de daños".

Sobre la medida cautelar, el alcalde de La Calera, Johnny Piraino, cree que "la justicia hizo el trabajo esperado por bastante tiempo para poder salvaguardar tanto mi integridad como también la del equipo municipal", advirtiendo que el sujeto formalizado es "una persona que está acostumbrada a generar alteraciones comunitarias, que tiene varias demandas en curso que están en la Fiscalía y que hoy, por fin, tiene medidas cautelares para no acercarse a las dependencias municipales".

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió ayer con empresas certificadas en construcción de viviendas industrializadas, oportunidad donde anunció que la cartera está evaluando implementar un incentivo especial por solución habitacional que se termine antes de seis meses. "Estamos dispuestos a generar un incentivo especial por solución habitacional que se termine antes de seis meses. Nos interesa acelerar los tiempos, asegurando la calidad, que son características clave que ofrece la tecnología constructiva de la vivienda industrializada", reforzó Montes. El jefe de la División Técnica del Minvu, Marcelo Soto, señaló que "esta instancia nos brindó la oportunidad no sólo de conversar con los representantes de las industrializadoras acerca de las distintas situaciones que han detectado en la implementación de este sistema constructivo, sino también en la identificación de los nudos críticos y las alternativas de mejora en los diferentes procesos que ha contemplado la elaboración de un proyecto habitacional con estas características". Montes también inspeccionó las obras de reconstrucción -a través de la modalidad de vivienda industrializada- de Marcelo Castro, uno de los afectados en El Olivar. El proyecto destaca por su rápida ejecución, ya que inició sus trabajos hace tres meses y ya se encuentra próximo a ser entregado. También informó que hay 566 viviendas que están en ejecución o entregadas a familias damnificadas.