Sebastián Mejías O.

Una investigación periodística de Biobío Chile reveló graves condiciones sanitarias en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ubicadas en el edificio Cochrane 759, en Valparaíso, donde casi doscientos trabajadores deben lidiar con filtraciones de aguas servidas desde los baños del segundo piso hasta el primero, falta de ventilación, presencia permanente de malos olores, así como una instalación eléctrica deficiente y fuera de norma.

Este ambiente de trabajo afecta mayoritariamente a funcionarios de la Dirección de Vialidad y fue denunciado por los gremios, que aseguran haber alertado esta situación hace meses, sin obtener respuestas satisfactorias.

Aun así, pese a los reparos, el Estado sigue pagando un arriendo mensual de 1.450 UF (cerca de $56 millones) por el uso del inmueble, en un contrato que fue firmado el año pasado entre Esval S.A. y la Subsecretaría de Obras Públicas, representada por el exseremi MOP, Yanino Riquelme, actual delegado presidencial de Valparaíso. Luego, Esval le vendió el edificio a la sociedad Laguna Funding Ltda., por lo que el millonario contrato del Estado ahora es con esa firma.

Gremios protestan

"Desde el primer momento en que se informó a las dirigencias gremiales sobre la decisión de arrendar el edificio, expresamos nuestra preocupación y exigimos a la autoridad la entrega de documentación técnica y certificaciones que acreditaran el cumplimiento de normativas, especialmente en materia eléctrica", señalaron vía comunicado representantes de la Mesa de Gremios Regionales del MOP.

Pese a que habían dejado en claro que "el traslado a nuevas instalaciones debía garantizar condiciones seguras y adecuadas para el trabajo de los funcionarios y funcionarias, resguardando su integridad física y salud", los gremios revelaron que, en julio de 2024, se les impulsó "con urgencia" la ocupación del edificio sin contar con la documentación completa, medida a la cual se opusieron de forma tajante.

"Sólo en ese momento la autoridad reconoció que el edificio no contaba con la red húmeda y la certificación eléctrica TE1, por lo que procedió a solicitar al propietario su regularización", explicaron. Asimismo, aseguran que sus preocupaciones sobre esta situación no son recientes, recordando que desde "mayo de 2024 venimos alertando de manera formal y pública sobre los riesgos". De ahí que consideran "lamentable que, a un año del arriendo de este inmueble, la autoridad no haya demostrado proactividad, reaccionando únicamente ante la presión externa o hechos consumados".

Dirigentes destacan que han acudido "incluso a la Subsecretaría de Obras Públicas, que visitó el edificio en enero de 2025, sin que hasta la fecha se observe avance concreto en el compromiso oficial de regularización".

Cuestionan alto costo

Y es que con todo lo dicho, los gremios en su declaración demostraron también su "profunda preocupación por el alto costo que implica el arriendo de este edificio de propiedad privada, especialmente considerando que se trata de recursos fiscales". A ello le suman "el importante gasto público invertido en mejoras y adecuaciones de infraestructura que, en estricto rigor, deberían haber sido asumidas por el propietario antes de aprobar el contrato para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y cumplimiento normativo".

Esta situación, indicaron, "no sólo pone en entredicho la eficiencia del gasto público, sino que refuerza la necesidad de priorizar soluciones definitivas y de largo plazo, como la construcción de un edificio propio".

Para el diputado Luis Fernando Sánchez, "el edificio debe clausurarse y el seremi (Dennys Mendoza) debe renunciar inmediatamente. Si sabe de esto desde febrero y todavía no hace nada, revela su total incompetencia al mando del ministerio en la región".

Saliendo al paso de los cuestionamientos, el delegado presidencial y exseremi MOP a cargo de la firma de este contrato, Yanino Riquelme, explicó que para la elección del edificio "se realizó la evaluación de varias alternativas, priorizando el trabajo conjunto de las distintas direcciones que funcionaban en el edificio Esmeralda y las necesidades de cada una de ellas".

Fue en ese escenario que "el edificio de Esval fue presentado como una alternativa por una corredora de propiedades, ya que en la ciudad de Valparaíso existen pocos inmuebles con los requerimientos técnicos que necesitaban los servicios", dijo.

Respecto a la situación del inmueble y la evaluación de las condiciones que ofrecía para el traslado de estos casi 200 funcionarios, Riquelme aseguró que "se configuró un equipo técnico jurídico, quienes evaluaron de acuerdo a lo solicitado para informar al nivel central y a la Dipres", dejando claro que "las otras opciones implicaban disgregar a las direcciones, cambiar trayectos, disminuir superficies por funcionario y no contar con recintos comunes".

"Es lamentable que, a un año del arriendo de este inmueble, la autoridad no haya demostrado proactividad, reaccionando únicamente ante la presión externa".

Mesa de Gremios Regionales, Ministerio de Obras Públicas

"En la ciudad de Valparaíso existen pocos inmuebles con los requerimientos técnicos que requerían los servicios".

Yanino Riquelme, Delegado presidencial regional y exseremi MOP

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar finalmente declaró culpable al juez Juan Carlos Maggiolo por darse a la fuga de un accidente de tránsito con resultado de muerte ocurrido en agosto de 2023, en Bosques de Montemar, en Concón.

El magistrado, que se desempeñaba en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, pero que fue suspendido de sus funciones por el Poder Judicial, ahora enfrenta penas que van desde los 3 años y un día hasta los 5 años de presidio menor en su grado máximo, en una sentencia que será dada a conocer el próximo 5 de mayo.

En el veredicto del caso, cuyo desenlace se conocerá en diez días, se lee que la instancia presidida por el juez Felipe Ortiz de Zárate decidió, por unanimidad, que Juan Carlos Francisco Maggiolo Caro fue culpable del delito contemplado en el artículo 195, inciso 3° de la Ley de Tránsito, por su participación en un accidente de tránsito ocurrido el 18 de agosto de 2023 en el sector Bosques de Montemar de Concón, tras el cual abandonó el lugar sin prestar ayuda a las víctimas ni dar cuenta a las autoridades, hechos que terminaron con la vida de una mujer y con otras tres personas heridas de gravedad.

Posibles penas

Según un comunicado del Ministerio Publico, para darle viabilidad al caso, "durante el desarrollo del juicio la Fiscalía presento siete testigos, seis peritos, además de pruebas gráficas y videos, que le permitieron al tribunal, en fallo unánime, declarar al acusado culpable de los hechos materia de la acusación".

Anticipando la lectura de sentencia del próximo 5 de mayo, desde la Fiscalía Regional explicaron que "la pena asignada al delito va desde 3 años 1 día a 5 años de presidio menor en su grado máximo". Sin embargo, el órgano persecutor solicitó para el acusado 4 años de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación perpetua a para conducir vehículos de tracción mecánica, multa de 11 UTM, comiso del vehículo y la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y costas de la causa.

Precisamente, mientas se conocía esta información, desde la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial aseguraron que "el juez Maggiolo se encuentra suspendido de sus funciones hasta que quede ejecutoriada la sentencia, cuya audiencia de lectura está agendada para el próximo 5 de mayo, a las 15 horas".

"La pena asignada al delito va desde 3 años 1 día a 5 años de presidio menor en su grado máximo".

Fiscalía Regional