Chile nació mirando al mar. Nuestro país no se entiende sin el Océano Pacífico: más de 4.000 kilómetros de costa abrazan la historia, la identidad y el porvenir de nuestra nación. Desde el extremo norte hasta las gélidas aguas del sur, el Pacífico no solo moldea nuestra geografía: es la base de nuestra vida, cultura y proyección. Es, también, la frontera de los desafíos que debemos asumir con decisión, y el horizonte de las oportunidades que debemos construir con visión.

El Estado debe ser claro: proteger el Pacifico es protegernos a nosotros mismos. La magnitud de nuestro mar territorial no es sólo un dato geográfico: es una responsabilidad ética, política y generacional. El cambio climático, la sobreexplotación pesquera y la contaminación son heridas abiertas que claman justicia, planificación y acción. Cuidar el océano es cuidar nuestras comunidades costeras, nuestras especies marinas y nuestras posibilidades de desarrollo sostenible como zona estratégica portuaria.

La región de Valparaíso es clave en esta ecuación. No solo por su historia, sino por su presente estratégico. Los puertos de Valparaíso y San Antonio son pilares del comercio marítimo y puntos geopolíticos críticos en un mundo atravesado por tensiones entre potencias y redes globalizadas de intercambio. Nuestra ubicación, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad histórica: podemos liderar una nueva era de desarrollo portuario sustentable en el Pacífico Sur.

Pero para eso necesitamos definiciones claras y voluntad de transformación. Hoy, la ausencia de una autoridad portuaria nacional unificada impide una planificación coherente. La coexistencia de modelos estatales y privados, sin coordinación efectiva, fragmenta la estrategia y nos debilita. Necesitamos una mirada integral del sistema portuario que nos permita avanzar hacia una infraestructura moderna, conectada y amigable con las ciudades. Ferrocarriles, carreteras y nuevas tecnologías deben converger para que el desarrollo no se quede varado en los puertos, sino que fluya con equidad hacia todos los territorios.

El Pacífico no sólo es una plataforma logística. Es también un espacio de diplomacia, cultura y futuro. Que Valparaíso postula como sede del Acuerdo de Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de Jurisdicción Nacional (BBNJ) no es casualidad. Es una oportunidad histórica para que el sur global tenga voz en los grandes debates del siglo XXI. Tener una sede de Naciones Unidas en América Latina, en nuestra costa, rompe con la centralización del poder internacional y proyecta una visión descentralizada y más justa del mundo.

Esta oportunidad también impulsa el turismo, la gastronomía local, la economía de servicios y las pymes que sostienen la empleabilidad en nuestras costas. Es la demostración concreta de que desarrollo económico, justicia ambiental y vocación territorial pueden ir de la mano.

Porque si hablamos de justicia, no podemos olvidar nuestras caletas. Comunidades que han habitado el borde costero por generaciones, y que siguen luchando por una ley de pesca justa, por equidad en el acceso a los recursos naturales, por reconocimiento y dignidad. El Pacífico también ha sido testigo de esos dolores. Y lo más hermoso del mar es que no pertenece a nadie: es profundamente democrático. Nos desafía a construir un modelo de economía marítima que respete la naturaleza, mejore la calidad de vida de los pescadores y ponga en el centro a las comunidades que viven del y con el mar.

Pero la mirada hacia el Pacífico también debe ser digital. Nuestra costa es un nodo de conectividad global: por ella pasan cables submarinos que nos enlazan al mundo. Valparaíso puede ser mucho más que un puerto físico. Puede ser un puerto digital: una red de emprendimientos creativos, hubs tecnológicos, software y laboratorios ciudadanos que dialogan con el planeta desde nuestra singularidad.

En este nuevo siglo, pensar en el Pacífico es pensar en los problemas que nos urgen, pero también en las oportunidades que nos convocan. Es proyectar a Chile no como una larga y angosta faja de tierra, sino como un país oceánico, con vocación planetaria y responsabilidad local. Es mirar el mar no como frontera, sino como horizonte.

Porque el futuro está en el Pacífico. Y Chile debe estar a la altura de ese llamado.

El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó ayer la medida cautelar de prisión preventiva para los sujetos identificados con las iniciales D.C.G y S.V.M, imputados como autores de los delitos de robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego y municiones y de receptación de vehículo motorizado.

Las dos personas fueron detenidas la madrugada de ayer por hechos ocurridos el pasado 17 de abril en Llolleo, donde sustrajeron cerca de 50 millones de pesos en una sucursal del Banco de Chile. En la ocasión, el prefecto Leonardo Gaete, de la Brigada Investigadora de Robos de San Antonio, informó que dos sujetos llegaron hasta la sucursal en motocicleta e ingresaron para intimidar al vigilante del lugar, sustrayéndole su revólver y chaleco antibalas, para luego intimidar a las cajeras.

Participación

"Hay un establecimiento por parte de las policías respecto a que uno de los individuos se habría retirado el casco y de esa forma fue posible confirmar su participación por una característica de su rostro correspondiente a un lunar; además en su domicilio se encontró un bolso negro, los cascos, dinero en efectivo y armas de fuego, entre ellas el arma sustraída al guardia del banco", detalló la magistrada María Alejandra Cortés Vera durante la audiencia.

En base a ello, acogió la solicitud de medida cautelar solicitada por el ente persecutor, considerando la gravedad de la pena asociada a los ilícitos, el número de delitos, el peligro de fuga respecto de los imputados con diversos antecedentes delictuales, así como el peligro que la libertad de ambos representa para la seguridad de la sociedad.

Asimismo, la magistrada determinó 120 días para la investigación.